Critica la Coordinadora Regional la propuesta; pide que se incluya el sistema comunitario tal y como opera

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de La Montaña y Costa Chica de Guerrero dijo que en el “emplazamiento” del gobierno estatal a la Policía Comunitaria “no hay nada nuevo. Nos plantean el sometimiento tácito a la legalidad que ellos dicen representar y siguen partiendo de concebir erróneamente que nuestra organización es juez y parte en la administración de la justicia”.

En el documento difundido el 11 de julio, que está fechado el 2 de julio, se agrega que “para la seguridad pública y prevención de los delitos, proponen que nuestros policías comunitarios se integren a la policía preventiva municipal, obteniendo con ello sueldo y demás prestaciones. Olvidan que el nombramiento y elección de los policías comunitarios se debe a una asamblea general en la que se elige a las personas más honestas de la comunidad y que dicho servicio tiene el carácter de trabajo comunitario”.

Del sueldo que se les pagaría, señalan en el comunicado:“ Nos parece sólo una intención de deslumbrar a los compañeros cuando los municipios en los que operamos no tienen la capacidad económica de absorber tal gasto”.

En cuanto a la procuración y administración de justicia, “nos plantean que propongamos a personas indígenas que hayan estudiado la carrera de licenciado en Derecho para que se den de alta como ministerios públicos y jueces de primera instancia, que atenderían la región en la que operamos, de acuerdo con nuestros dialectos e idiosincrasia”.

En el mismo documento se califica la propuesta de incoherente, pues los indígenas que han cursado una carrera profesional, por lo general se quedan en los centros urbanos, y señalan que “nuestras autoridades regionales han sido suficientes y eficientes para impartir justicia y de ello deriva el gran reconocimiento que ha alcanzado nuestro sistema”.

Respecto a la readaptación social, refieren: “Nos proponen con tanta simpleza, que enviemos a nuestros detenidos al Cereso de Tlapa, en donde estarán bajo vigilancia de custodios y un director del Cereso de ‘extracción indígena’. Es tan pobre su propuesta y deja clara constancia que ni siquiera tienen una idea de lo que ellos mismos dan en llamar la ‘readaptación social’, que implica en el caso indígena, el trabajo en las comunidades.

Sobre la legalización del uso de las armas que porta la Policía Comunitaria, mencionan: “Ellos nos plantean que debemos presentar las armas para su debido registro ante las zonas militares, siempre y cuando sean de las permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y una vez que ya los elementos comunitarios se hayan integrado a las policías preventivas municipales”.

En el mismo boletín manifiestan que desde hace varios años, han entregado “año con año a la Secretaría de la Defensa Nacional y en concreto al 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, los registros de armamento debidamente requisitados”, y sostienen además que el sistema comunitario de justicia implica el respeto a la Constitución política federal y a los Derechos Humanos.

La Coordinadora exhorta a los representantes del gobierno “a que prioricemos el diálogo y a proponer con coherencia los mecanismos que privilegien la inclusión de nuestro sistema comunitario, tal y como opera, en las legislaciones tanto municipales, como estatales y federales. A tratar con total claridad y franqueza el problema de la seguridad y la impartición de justicia, con las mejores armas que tengamos a la mano, que no pueden ser otras que los resultados que hayamos obtenido en la lucha en contra de la inseguridad y la impunidad”.