Acusan indígenas que policías ministeriales intentan detener a otros dos comunitarios

Sergio Ferrer

Indígenas de San Isidro Labrador en el municipio de Atlamajalcingo del Monte denunciaron que elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) intentaron este lunes detener a dos policías comunitarios, mientras trabajan en la instalación de una red de agua potable.
Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, según indicó el comisario municipal, quien pidió por segunda ocasión la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero ante la PGJE, para cesar esta persecución derivada de una denuncia penal por despojo contra 26 personas de la comunidad.
A decir de los habitantes, no se despojó al propietario de algún terreno sino que se pavimentó una vía pública de uso común. En llamada telefónica desde su comunidad, el comisario Irineo Beltrán Ruíz recordó que ya hay un policía comunitario detenido en Malinaltepec.
Los hechos se dan a un par de semanas de que denunciaran la detención de dicho habitante de esta comunidad de Atlamajlancingo del Monte ante la prensa. El incidente ocurrió a las 12 del día, mientras un grupo de personas trabajaban en una obra para San Isidro a la orilla de la carretera que conduce a Zilacayotitlán.
Beltrán Ruiz relató que policías municipales arribaron al lugar y quisieron detener a los dos policías comunitarios, pero éstos no se dejaron y corrieron a la comunidad tocando a las campanas para avisar a la comunidad.
La gente se organizó y en reunión decidió que encerrarían a los siete ministeriales que portaban chaleco y armas, pero se fueron  velozmente en una camioneta. El representante del pueblo señaló que la próxima vez que intenten detener a alguna persona los meterán en la cárcel comunitaria hasta que la PGJE acuda a resolver el problema.
El comisario municipal informó que gente del pueblo se encuentra cuidando los caminos y reiteró el llamado urgente al gobernador, para que intervenga ante las autoridades competentes  y se frene la persecución de policías comunitarios, “esto se ve como un caso político, tratan de dañarnos y las autoridades no nos hacen caso, responsabilizamos al gobernador en caso de que ocurra algo a los campesinos”, advirtió.
También aseguró que la pavimentación de la vía pública beneficia a la población, la cual en su mayoría está molesta por que están violentando sus derechos. Se conoció que la parte acusadora, está detenida junto con otra persona en Espino Blanco y no ha desistido de sus acusaciones.
El caso ha sido revisado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y uno de sus abogados, Vidulfo Rosales Sierra, quien actualmente está fuera de actividades por amenazas de muerte, ha llevado al caso.
El representante de San Isidro Labrador señaló que la postura de los pobladores es que se retire la demanda contra las 26 personas, y detener a la parte acusadora si no coopera con la comunidad, ya que “busca muchos problemas en el pueblo”.
El primer policía comunitario detenido  semanas atrás, Valente Sánchez, fue capturado en la carretera Tlapa-Marquelia cerca de Xalpatláhuac, quien es uno de los indígenas acusados por Máximo Ruiz Basurto de despojarlos de un terreno.
Después de dicha detención, la asamblea del pueblo determinó exigir a la Procuraduría no enviar agentes de la policía ministerial al territorio comunitario, donde ejerce procuración e impartición de justicia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria.
De las 26 órdenes de aprehensión giradas contra principales y policías comunitarios del pueblo, quienes quitaron una malla colocada por el presunto agraviado y realizaron los trabajos de pavimentación de una calle que conduce de la iglesia a la comisaría, con la detención de Sánchez se estaría ejecutando la primera aprehensión y ahora con los hechos recientes, la detención fallida de otros dos policías comunitarios.
El comisario suplente de la localidad aseguró que la vía existe desde 1931, pero fue hasta hace pocos años que se decidió pavimentar. En 2009 la asamblea comunitaria acordó la pavimentación de la calle que une la comisaría al panteón municipal, pero el propietario de un terreno colindante se negó a la obra y cercó la calle, por lo que las autoridades comunitarias acordaron retirar la cerca.