Fernando Pineda Ochoa

El PRD, las elecciones y la derecha

En las filas del PRD contienden cuatro precandidatos que aspiran a ser designados como candidato a gobernador del estado. Muchas veces en el pasado reciente, se decía que la participación de varios aspirantes favorece la imagen de la organización partidaria que acredita dichas postulaciones, porque pone a consideración ante los ciudadanos una variedad de opciones y estos movimientos y ofertas electorales reflejan la pujanza política del partido en ciernes.

No pretendemos debatir si esa apreciación es correcta o no, lo que queremos es señalar la dificultad para designar un candidato de consenso, como pretenden varios militantes perredistas, cuando la competencia entre los participantes es cerrada y dos (¿o más?) tienen probabilidades reales de ganar una votación preliminar. Los cánones políticos aconsejan, sin embargo, no cancelar a priori la posibilidad de lograrlo y por tanto procede tender puentes a través de propuestas bien argumentadas en la idea de convencer a los contendientes de la conveniencia                                                 de registrar un postulante surgido del consenso. Pero una vez agotada esta vía, lo conducente –no hay otra–, es retomar el procedimiento marcado por el estatuto partidario.

Ya en esta perspectiva, la disposición por organizar el plebiscito es lo primordial. Tres aspectos –sin excluir la estructura organizativa propiamente dicha–, son sustantivos: democracia, equidad y transparencia, lograr estos objetivos equivale a recorrer la mitad del camino y ponerse justo en la antesala de la alternancia gubernamental. El PRD pretende consolidarse como un partido de izquierda, democrático, y uno de los componentes de la democracia es la pluralidad. Por ello tenemos aspirantes externos, con los cuales las coincidencias son relativas, es decir, son aliados que comparten determinados puntos del programa perredista. Pero de ningún modo tal circunstancia puede colocarlos como candidatos de segunda.

Bajo estas premisas, debe centrarse el debate. Un buen número de militantes que venimos de la izquierda estamos convencidos de que el mejor candidato sería un compañero que tuviera ese perfil, además de tener una buena aceptación en el ambiente político-social. No por consigna o añoranza sino porque las condiciones sociales y políticas de los surianos así lo demandan: pobreza extrema de muchas familias, la marginación y el olvido en el que viven las comunidades indígenas, el compromiso de fortalecer la educación pública, la herencia lacerante de la guerra sucia, incluyendo la presencia de grupos guerrilleros y la existencia de varios desaparecidos y presos por motivos políticos. Un abanderado surgido de las urnas da legitimidad a la coalición opositora y de inicio, pone en jaque a su principal adversario.

Por otra parte, podemos apreciarlo, el panorama político nacional entró en una fase en la que abiertamente se están decantando dos posiciones disímiles, dos proyectos de nación. La marcha del domingo 27 de junio en la capital de la república (con una cobertura televisiva nunca vista), puso en la superficie lo que subterráneamente era evidente: la presencia de dos opciones distintas para resolver los grandes problemas del país. Nadie –exceptuando obviamente a los delincuentes– puede oponerse a la exigencia de concretar providencias que contribuyan a disminuir los altos índices delictivos hasta erradicarlos. Los procedimientos a aplicar son la diferencia.

Los grupos más retardatarios (y algunos sectores sociales irritados) consideran como lo prioritario endurecer las medidas correctivas: el establecimiento de la pena de muerte, la creación de cuerpos policiacos especializados, la intervención del ejército en el combate a la delincuencia                                                 y de paso quitar del camino (“a las buenas o a las malas”) a quienes tengan el atrevimiento de disputarles seriamente la Presidencia de la República. Hay coincidencia –con variantes–, en algunas instrucciones: se reconoce la necesidad de incrementar el castigo a los delincuentes (exceptuando la pena de muerte), la profesionalización de la policía, estatuir una estrategia nacional (federal, estatal y municipal) y cuantas disposiciones prácticas sean pertinentes para ganarle la batalla al crimen organizado. Sin embargo, las prevenciones estratégicas de largo alcance apuntan a otro lado.

Indiscutiblemente el problema de la inseguridad pública está ligado al desempleo que genera inestabilidad social. Se requiere entonces, cambiar el actual modelo económico por otro que sea capaz de impulsar actividades productivas y genere empleos; el 60 por ciento de la población económicamente activa se dedica al trabajo improductivo, no podemos continuar bajo esa dinámica que polariza a los mexicanos. Además es indispensable aplicar otra línea que tiene que ver con lo que estamos diciendo: el impulso a la educación, la ciencia y la cultura. Pero también sería erróneo desligar el asunto de la inseguridad, del respeto de los derechos humanos. Como dicen las ONG “no existe una cultura de la legalidad que obligue a las autoridades a cumplir con lo que marca la ley”.

En este escenario nacional, el elegido, como resultado del plebiscito del 15 de agosto, debe de adquirir un compromiso político para alentar un polo de izquierda, democrático, que contribuya de manera enérgica en la disputa por el 2006; únicamente un liderazgo firme y comprometido con las causas sociales, podrá derrotar a las fuerzas de la derecha que a toda costa quieren perpetuarse en el poder. Los hombres y las mujeres de Guerrero, reclaman del próximo gobierno una postura política definida, que siente las bases para construir un estado y una nación más justa y equitativa, por ello el voto conciente debe ser por Armando Chavarría   Barrera y por Andrés Manuel López Obrador.