Exigen la renuncia del procurador por promover la exoneración de represores

Macedo favorece la impunidad a violadores de derechos humanos, dicen la diputada del PRD, Eliana García y la Afadem

La diputada federal del PRD por la ciudad de México, Eliana García Laguna y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), exigieron la renuncia del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, por impulsar a través del gobierno de Vicente Fox, medidas para favorecer la impunidad y proteger a violadores de derechos humanos.

En un boletín, luego del fallo del juez Cuarto de Justicia militar, Domingo Arturo Salas Muñoz, al decretar la exoneración de Mario Arturo Acosta Chaparro y de Francisco Javier Barquín, acusados de tortura, desaparición y ejecución de cientos de opositores políticos en Guerrero durante la guerra sucia, Eliana García señaló que esto implica un acto de “absoluta impunidad”, es una muestra de una grave ausencia de voluntad política del Ejecutivo federal para juzgar y sancionar los crímenes del pasado.

En el documento se expone que es un error de Vicente Fox nombrar a un militar como procurador General de la República, hecho que en su momento generó un llamado de atención por parte de Mary Robinson, entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por las denuncias de impunidad que durante la gestión de Macedo de la Concha al frente de la procuraduría de Justicia Militar habían hecho diversos organismos de derechos humanos.

“Urge desmilitarizar los aparatos de procuración de justicia y por eso exigimos la renuncia del Procurador General de la República como un primer paso para iniciar la depuración de la PGR, de tal manera que sea una institución que realmente proteja los intereses de la sociedad”, se añade.

Sobre la exoneración, agregó que disipa cualquier duda, después de lo declarado de manera reciente por el secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, al señalar la necesidad de “perdonar y olvidar”.

“Queda claro con esta acción que el Ejército como institución es incapaz de otorgar garantías de justicia para la sociedad, tal como ya lo habían advertido diversos organismos internacionales de derechos humanos al recomendar a México la urgente necesidad de limitar el fuero castrense y evitar que casos de graves violaciones a los derechos humaos como las acontecidas durante la guerra sucia fuesen investigadas por los mismos órganos implicados en su comisión”.

En el boletín, Eliana García señala que la exoneración de Arturo Acosta Chaparro es una responsabilidad atribuible a la PGR, ya que esta institución nunca reclamó su competencia para investigar y en su caso consignar a los militares responsables de los crímenes.

Finalmente, dijo que “es preciso enfatizar que esta resolución sienta un precedente sumamente riesgoso y preocupante, en virtud de que se abren las puertas para que otros jueces y tribunales asuman posiciones parecidas y emitan resoluciones que, avaladas en falso discurso del perdón y el olvido, nieguen la justicia a las víctimas y familiares de la guerra sucia”.

Por su parte, la Afadem, en un comunicado que firma el secretario ejecutivo, Julio Mata Montiel, expone que los militares que por órdenes de sus superiores cometieron delitos graves contra civiles, no pueden ser juzgados por “ellos mismos”.

“Los tribunales militares no son independientes, en consecuencia son parciales porque obedecen órdenes de su alto mando, el Secretario de la Defensa Nacional y del presidente de la República”.

Recuerda que el secretario Vega García se manifestó políticamente a favor del perdón, con lo que se refería a la autoamnistía. “Lo que está buscando el estado mexicano es perpetuar la impunidad, como triquiñuela para que estos Acosta y compañía no sean juzgados dos veces por los mismos delitos”.

Se añade que “es claro que en México, las víctimas de violaciones a los derechos humanos no tienen acceso a la justicia y se encuentran en la total indefención”, por lo que se ve con claridad que no hay voluntad política de parte del presidente Vicente Fox para que se conozca la verdad y se lleve a verdadero juicio a los implicados en los delitos.

Se critica que a Fox sólo le interesa la imagen en el exterior y aparentar que en México se respeta y se promueven los derechos humanos, pero al interior del país predomina la violación de los mismos.