Coinciden alumnos de Ayotzinapa que por su defensa Vidulfo Rosales fue amenazado

Responsabilizan al gobierno de Aguirre de cualquier daño a más integrantes de Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Comité Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de cualquier daño que puedan sufrir los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, porque, coincidieron con las organización en que la amenazas contra su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, son consecuencia de las demandas justicia ante las instancias legales, por el desalojo policiaco en la Autopista del Sol.
En conferencia de prensa, dirigentes estudiantiles fijaron una postura oficial ante las amenazas que recibió Vidulfo Rosales el 4 de mayo y que lo obligaron a salir del país, para proteger su integridad y la de su familia.
El dirigente Juan José Reyes Aguilar declaró que la comunidad estudiantil no va a dejar solos a sus defensores, “estaremos con ellos y dando continuidad a nuestra lucha legítima, que siempre hemos demostrado con la razón”, por la orientación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que determinó que sí hubo desatención del gobierno a las demandas de los estudiantes y que los orilló a manifestarse.
El joven convocó a las organizaciones sociales a resistir en esta demanda de justicia, ante un gobierno “que mantiene una política de represión”, y expresó la solidaridad de los normalistas con la lucha de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) “porque han salido a defender los intereses del pueblo”.
El dirigente, Diego Castro Domínguez destacó la excelente defensa de Tlachinollan en casos que han marcado la historia del estado, pero también de sus autoridades represoras; particularmente subrayó la exigencia de justicia para “los compañeros caídos”,  Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, asesinados en el desalojo a balazos de normalistas del 12 de diciembre, donde participaron policías de distintas corporaciones.
Recordó que con esa represión los estudiantes también recibieron muchas amenazas, vía telefónica y de persecución física y sicológica, porque se echó a andar una campaña de desprestigio y criminalización contra los normalistas en Chilpancingo y Acapulco, de las llamadas fuerzas vivas del estado que manifestaban así su apoyo a Aguirre Rivero.
Añadió que con las recomendaciones de la CNDH, también se establecieron medidas cautelares para los estudiantes que presentaron denuncias contra los policías que participaron en el desalojo policiaco, en esta demanda de justicia, pero ya se les retiró toda protección.