Aparece Tierra Caliente en la página web de Semarnat como la zona con mayor deforestación

Raquel Santiago Maganda

En las cifras oficiales de la Semarnat se informa que la zona de mayor explotación forestal es Tierra Caliente, en donde un millón 369 mil 782 hectáreas de árboles son utilizados legalmente, sin considerar la tala ilegal.

En la página electrónica de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se informa de las autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable, con datos actualizados hasta el 24 de marzo de este año.

La región más explotada es Tierra Caliente, en donde de 32 mil 158 hectáreas oficialmente sólo 12 empresas tienen autorización de explotación de la madera del 40.4 por ciento de los bosques.

La Costa Grande tiene un registro de 18 permisionarios que de las 43 mil 240 hectáreas, explotan el 32.6 por ciento, es decir, un millón 105 mil 95 hectáreas. De la información, destaca que en la zona Centro se autorizaron 31 de los 69 permisos totales de explotación maderera en Guerrero.

Además que la región de menor explotación maderera es la zona Norte con 7 mil 30 hectáreas que representa el 0.2 por ciento de sus bosques.

En la información de Semarnat se carecen de datos de la tala ilegal de madera, sin embargo, aunque no precisamente para su comercialización hay casos de tala indiscriminada de árboles que se encuentran en peligro de extinción.

Dos ejemplo de esto, es la deforestación del palo morado en la cañada de Cumbres de Llano Largo debido a la lotificación del terreno por parte de ejidatarios, así como la construcción en la barranca de viviendas.

Incluso en Punta Bruja por la construcción de desarrollos turísticos, fueron clausurados temporalmente por la Profepa 13 obras por la tala indiscriminada de palo morado, a quienes se les solicitó resarcir el daño ecológico.

El caso más reciente de ecocidio, es el corte de unas tres hectáreas de manglar en la ribera de la laguna de Coyuca de Benítez, por trabajadores de la obra propiedad de José Guadalupe Uribe.

En este caso todavía no se han impuesto las medidas de resarcimiento del daño ecológico, porque el proceso legal aún no ha concluido, y el propietario de la obra aún no acudía a las oficinas de la Profepa o de la Procuraduría General de la República, en donde se turnó el caso.