Fernando Pineda Ochoa

Del Pozo Meléndez a las fosas de Iguala

Los acontecimientos violentos del pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, mostraron de manera cruda lo que determina el signo de estos tiempos: la inseguridad y la corrupción. Pero la violencia exhibida no es fruto del azar. Tampoco es el punto de partida o un pegote gemelo de las campañas electorales donde los contendientes utilizan este evento para denostarse unos a otros. La violencia emerge de las entrañas mismas del sistema mexicano.
¿Pero qué nos dice tal aseveración? ¿Cómo entender este proceso? Intentaremos abordar el tema tratando de exponer lo más elemental. Al lograr trascender el estatus de colonia, los mexicanos heredamos un aparato estatal viciado que se ha reciclado en todas las fases históricas de este país con modificaciones que no alteraban su esencia. El derecho individual liberal para legitimar la propiedad privada se ha considerado como inalienable. En el mismo sumario, las normas (también liberales) que deberían regir los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos fueron encajonadas o manejadas al arbitrio de quienes ostentan el poder político y el dinero. Estos dos postulados autoritarios prohijaron el “huevo de la serpiente”.
Así, producto del “capitalismo salvaje” –en el que destacan los consorcios fabricantes de armamento de todo tipo e impulsores de enfrentamientos bélicos– el crimen organizado fue introduciéndose en el tejido social con la anuencia activa o pasiva de funcionarios gubernamentales, regidores, síndicos, presidentes municipales, gobernadores y representantes populares que se relacionaron con los capos de los cárteles de mayor jerarquía, convirtiéndose en aliados imprescindibles de los zares de la droga. La procedencia de estos “políticos” es de cualquiera de los partidos existentes, PRI, PAN, PRD.
Al solicitar Ángel Aguirre licencia como gobernador del estado, obligó por mandato constitucional a los miembros del poder Legislativo local a designar al sustituto. El elegido fue el Dr. Rogelio Ortega Martínez, maestro de la Universidad Autónoma de Guerrero que cuenta con un amplio historial académico y en el momento de su nombramiento fungía como secretario general de esa institución. La crítica circunstancia que padece la entidad suriana mandata al nuevo jefe del Ejecutivo a afrontar tres problemas inmediatos: continuar la búsqueda de los 43 jóvenes normalistas para conocer el desenlace de los hechos; el pronunciamiento de una estrategia emergente que permita sentar las bases para enfrentar un universo de carencias en las que subsisten la inmensa mayoría de los guerrerenses; y la aplicación de la justicia, las normas que deben regir para todos sin importar la condición social. En síntesis lo que sería la conformación de un Estado de derecho.
El primer problema nos conduce a dos situaciones: encontrar con vida a los estudiantes o hallar sus cadáveres en las fosas clandestinas. Difícil situación. Considero que mediando las diferencias, el primer paso del nuevo gobernador es restablecer las relaciones entre las partes. Definitivamente las normales rurales requieren de un trato diferente del resto de los centros educativos del país. Esta particularidad requiere de la disposición de los actores. Apuntalando lo dicho, de inmediato la Fiscalía General del Estado debe anular las órdenes de aprehensión que existan en contra de los estudiantes y castigar a los responsables tanto materiales como intelectuales de los hechos ocurridos en Iguala.
Otro pendiente, donde podemos detectar la mano del gobierno federal, y es perentorio resolver, tiene que ver con el encarcelamiento de algunos dirigentes sociales, donde destaca una defensora de su comunidad. Hacemos referencia de la ciudadana Nestora Salgado, también de Gonzalo Molina, miembro activo de la CRAC de Tixtla y otros detenidos. Todos deben ser liberados, sería una señal de buena voluntad (y de justicia), para sentarse a dialogar con menos tensión los problemas de fondo. El cumplimiento de estas proposiciones permitirá poner las reglas del juego entre la Normal de Ayotzinapa y el nuevo gobernador y sus colaboradores.
Las movilizaciones, las acciones de apoyo a los normalistas de Guerrero, tanto locales, nacionales, como foráneas, incluyendo la protesta de organismos que representan instituciones internacionales (agregando la reciente opinión del jefe de la Iglesia católica mundial, el papa Francisco), son el termómetro que permite evaluar y valorar a nivel mundial la incertidumbre que permea en los jóvenes y otros sectores sociales que de manera enérgica exigen soluciones a quienes han confiscado el poder del Estado utilizándolo según los intereses de una pequeña burbuja de privilegiados.
Por ello, es indispensable el análisis y el estudio que permiten entender de manera crítica los fenómenos político-sociales de la época que estamos viviendo. El pasado es necesario conocerlo, no repetirlo.
El gobernador debe de construir líneas de diálogo permanente con los ciudadanos y las organizaciones sociales, para lograr un consensó que le permita ganarse el soporte mayoritario de los guerrerenses.