La extraña lentitud de Aguirre y la fuga de Abarca

La matanza de tres normalistas, un menor de edad futbolista de Los Avispones, dos civiles y la desaparición de 43 normalistas más ocurrió el 26 de septiembre, pero fue hasta cinco días después que el gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero afirmó que el alcalde José Luis Abarca Velázquez y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez debían presentarse a declarar y casi tres semanas después se liberaron las órdenes de aprehensión contra ellos a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR).
El lunes 29 de septiembre, el dirigente de Nueva Izquierda y diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez afirmó a El Sur que él y el entonces presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, se reunieron con el alcalde en México para pedirle que solicitara licencia para separarse del cargo; ese día, por la mañana, el alcalde aseguró en entrevistas telefónicas con medios nacionales que ordenó a su secretario que “no les pasara absolutamente nada” a los normalistas; y por separado el fiscal general del estado, Iñaky Blanco Cabrera, informó que Felipe Flores y 165 policías ya habían declarado ante el Ministerio Público, pero el funcionario no fue detenido a pesar de que ya había 22 policías municipales detenidos acusados de haber disparado contra los estudiantes.
El martes 30 el alcalde pidió licencia al Cabildo, estuvo más de media hora en el Ayuntamiento pero después de despedirse ante regidores y síndicos salió abruptamente del Palacio Municipal y logró evadió a 50 ministeriales que llegaron a detenerlo minutos después. Y fue hasta el siguiente día que Aguirre Rivero declaró en una conferencia de prensa que había una orden de presentación contra el alcalde para que declarara ante el Ministerio Público, y que si no se presentaba sería de aprehensión.
El 5 de octubre Iñaky Blanco informó que los normalistas fueron detenidos por instrucción del director de la Policía, Francisco Salgado Valladares, a quien ya se le había realizado la prueba de rodizonato de sodio, junto a todos los policías de Iguala, pero tampoco fue detenido; y ese mismo día la PGR asumió la investigación de la desaparición.
Fue hasta el 11 de octubre que la federación asumió el control total de la investigación por la matanza y la desaparición de 43 estudiantes normalistas; hasta el 16 de octubre que la PGR obtuvo la orden de aprehensión para el alcalde y el secretario de Seguridad, y apenas el miércoles de la semana pasada el procurador Jesús Murillo Karam oficializó que también hay una orden de aprehensión contra la esposa del alcalde María de los Ángeles Pineda Villa por ser la “operadora financiera de actividades delictivas desde la Presidencia municipal”.
El 15 de octubre hubo una reunión privada entre diputados integrantes de la comisión especial de la Cámara de Diputados para el seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre y el todavía gobernador Ángel Aguirre Rivero y sus funcionarios.
Al finalizar la reunión, la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil resaltó las respuestas que dio el fiscal Iñaky Blanco, sobre el alcalde con licencia de Iguala, del que no se sabía su paradero a pesar de que era vigilado cuando se dio la sesión de cabildo en la que pidió licencia.
“La respuesta literal del procurador fue: ‘no sabemos cómo se nos fue’, a pesar de que lo tenían vigilado, no tienen idea de cómo se les fue, no tienen idea de por dónde salió ni cómo salió, yo creo que deja mucho que desear la capacidad de seguridad del estado”, relató Aguilar.
Indicó que el fiscal también detalló lo sucedido con el secretario de Seguridad Pública de Iguala, que tampoco ha sido detenido y señaló que Blanco Cabrera indicó que no tenían elementos para detenerlo.
Un día después en una conferencia de prensa en la que anunció que pidió a Mazón Alonso su renuncia, Aguirre Rivero informó que instruyó al fiscal general del estado, Iñaky Blanco Cabrera, a investigar “qué fue exactamente lo que sucedió, por qué no se le detuvo (A Abarca), para que si existe algún tipo de responsabilidad u omisión desde ahora sea debidamente asignada y determinada y que se actúe de acuerdo con los procedimientos jurídicos en la materia”.
“Uno de los aspectos que ha generado y con toda razón, una serie de dudas en cuanto a la actuación del gobierno del estado con relación a la detención del alcalde, al haber solicitado su licencia, quiero confirmar que la instrucción del gobernador fue precisa y contundente, detenerlo en ese momento tanto a él como al secretario de Seguridad Pública (Felipe Flores Velázquez) para efectos de presentación, ya que el señor gozaba aún con el fuero constitucional”, reconoció Angel Aguirre. (Redacción / Acapulco).