Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*El narcogobierno de Ángel Aguirre y el PRD

El lunes 29 de septiembre el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, se reunió en la ciudad de México con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa lo hizo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en Acapulco. Al día siguiente, después de pedir licencia al cabildo de Iguala, el ex alcalde y su esposa huyeron.
El domingo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había pedido al gobernador impedir que el todavía alcalde huyera, pues el gobierno federal advertía ya su responsabilidad en el ataque que sufrieron los estudiantes normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía municipal de Iguala entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre.
A la luz de estos datos hechos públicos esta semana, es imposible admitir que la huida de Abarca pudo haber sido obra de la casualidad. Como se recordará, aquel martes 30 de septiembre la Policía Ministerial del estado llegó al Palacio Municipal de Iguala media hora después de que el ex alcalde había salido del edificio, y desde entonces no ha sido hallado. Los agentes ministeriales buscaron después a la pareja en su casa, o fingieron buscarla mientras en realidad le concedían más tiempo para poner tierra de por medio.
Tan incompetente comportamiento de la Policía Ministerial del estado solamente podía ser resultado de una orden superior, y ahora es indiscutible que esa orden provino del ex gobernador Ángel Aguirre. Seguramente por este tema fue ayer interrogado el fiscal general Iñaky Blanco Cabrera en las instalaciones de la SEIDO en la ciudad de México, a donde acudió o fue llevado junto al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en calidad de testigos. Formalmente fueron citados para que respondieran al señalamiento de que recibieron 300 mil dólares para permitir que el grupo delictivo Guerreros Unidos ejecutara en Iguala el 26 de septiembre una batida contra Los Rojos, según la declaración ministerial de Sidronio Casarrubias Salgado, jefe del primer grupo. Pero el testimonio de ambos funcionarios será clave también para desentrañar el cronometrado operativo que facilitó la fuga de Abarca y la señora Pineda Villa. Y sin duda que saldrán a relucir las instrucciones que ambos o alguno de ellos recibió del entonces gobernador.
La pregunta detrás de lo anterior es qué fue lo que motivó a Ángel Aguirre a permitir, cubrir o incluso promover la huida de Abarca y su esposa. Y esa pregunta está respondida también por la información dada a conocer esta semana procedente de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República, de la misma declaración de Casarrubias.
El lunes anterior sostuvimos aquí que “la búsqueda de dinero para financiar campañas políticas se halla en el origen de la crisis de gobernabilidad causada en Guerrero por la matanza y la desaparición de estudiantes normalistas”, y expusimos la conjetura de que Abarca había repartido dinero –procedente de sus actividades criminales– a políticos y candidatos del PRD. Al día siguiente apareció en la prensa el siguiente extracto de la información que Casarrubias Salgado, el jefe de Guerreros Unidos, proporcionó a la PGR: “María de los Ángeles Pineda Villa es la actual amante del gobernador del estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y quien también fue financiado para su campaña por estas personas, quienes en ese tiempo Mario Pineda Villa alias ‘EL MP’ y de Alberto Pineda Villa alias ‘El Borrado’ dependían de la organización delictiva los Beltrán Leyva”.
Los datos suministrados por el capo de Guerreros Unidos, que involucran a Aguirre Rivero en la trama delictiva de Abarca y su esposa, son consistentes con la conducta del entonces gobernador y explican porqué dejó escapar al ex alcalde de Iguala. Aparte del hecho colateral de que la esposa de Abarca haya desarrollado una relación personal con Aguirre Rivero –que también concuerda con todo lo demás y subraya la promiscuidad que se apoderó del gobierno aguirrista–, lo sustancial es que la tragedia de Iguala destapó la existencia de una red de complicidades en cuya cúspide, hasta ahora, se encuentra el ex gobernador del PRD y, por consiguiente, los grupos que en ese partido le dieron cobijo, como el de Los Chuchos.
Abarca, en consecuencia, escapó por la puerta que le abrió Ángel Aguirre, y está desaparecido para que no hable. Todo ello implica la existencia de delitos imputables al ex gobernador, tanto en lo que concierne al manejo de la crisis de Iguala como por la utilización de recursos de procedencia ilícita en su campaña. La comparecencia del fiscal Iñaky Blanco y del secretario de Seguridad Leonardo Vázquez en la SEIDO no anticipa automáticamente que Aguirre Rivero vaya a ser citado a declarar, pero no hay ninguna duda de que es preciso que se esclarezcan las responsabilidades en que incurrió como ya se vislumbraba.

Rogelio Ortega: pocos días, pocas luces

En apenas tres días dilapidó Rogelio Ortega Martínez la percepción positiva que había generado su discurso de toma de posesión como gobernador interino. No haberse reunido de inmediato con los normalistas y en cambio correr al encuentro del presidente Enrique Peña Nieto confundió y defraudó a quienes habían creído que el nuevo gobernador poseía la sensibilidad necesaria para actuar de la manera correcta en medio de la crisis que agobia al estado. No le ayudará mucho el hecho de que en estos días, y ayer con todo despliegue en la prensa nacional, se hayan difundido los elogios que prodigó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien admira y considera un político “coqueto” y un “tanque de la política”. Quién sabe qué postura adoptará Ortega Martínez cuando a su admirado ex gobernador le sean imputados los cargos derivados de su comportamiento en el problema de Iguala. Tampoco es precisamente un tributo a la inteligencia ni un buen augurio el hecho de que ante las muestras de desesperación y los desmanes en las marchas por la aparición de los normalistas, Ortega hable ahora de que quienes desean la paz son más que los “violentos”. Para el hombre de izquierda que se suponía que era, es vergonzoso que en tan breve tiempo haya pasado de estar declarativamente del lado de las víctimas, a estar del lado del poder. Se equivoca si cree que así podrá gobernar, y será una lástima que su gestión se malogre sólo por no entender el papel que le correspondía en la emergencia.

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