Piden ante la CIDH que permanezca la Normal Rural de Ayotzinapa y que se garantice el derecho a la educación

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la sesión regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tres organizaciones nacionales se manifestaron porque México garantice el derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas a través del modelo de las normales rurales, en particular la de Ayotzinapa, Guerrero.
Asimismo, denunciaron el hostigamiento y criminalización de defensores y luchadores sociales, entre ellos, el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, preso en un penal federal.
En la audiencia regional de Washington, que se difundió en Internet, el Centro de Análisis e investigación Fundar, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), además exigieron que en México ningún estudiante vuelva a ser muerto ni desaparecido, en alusión a la matanza de Iguala, donde tres normalistas fueron asesinados, 25 heridos y hay 43 de los que no se sabe de su paradero hace 35 días.
También denunciaron que la reforma energética aprobada este año permite el despojo de tierras, el daño a los recursos naturales, el uso del fracking (técnica hidráulica de fracturación del subsuelo para extraer gas natural), y que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el llamado a la consulta popular sobre dicha reforma “aún y cuando claramente involucra afectaciones a los derechos humanos”.
Sobre la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por parte de México, denunciaron el retraso procesal y la obstaculización constante en juicios administrativos y laborales de comunidades rurales e indígenas en defensa de su territorio.
Así como la detención de líderes, voceros y defensores de derechos humanos de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez; la criminalización de Bettina Cruz, defensora de los pueblos indígenas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; o la criminalización de Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor de las comunidades del ejido de Cacahuatepec en Acapulco, que se oponen a construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota.