No hay indicios a más de cinco semanas del paradero de los 43 normalistas desaparecidos

*Las autoridades sólo tienen la declaración del líder del cártel de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, que involucra a Los Rojos y a funcionarios estatales

Redacción

A más de cinco semanas de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las autoridades continúan sin indicios o evidencias de su paradero, y solamente tienen la declaración del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, que involucra a Los Rojos y a funcionarios estatales.
La noche del viernes 26 de septiembre tres normalistas, un menor de edad futbolista y dos civiles, fueron asesinados por policías municipales de Iguala en tres ataques distintos contra autobuses, y 43 normalistas más están desaparecidos desde entonces, por la supuesta colaboración entre policías de Iguala, Cocula y sicarios.
Desde ese fin de semana comenzaron los señalamientos contra el ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; su esposa y hermana de ex integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, María de los Ángeles Pineda Villa; y el director de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, porque los sobrevivientes aseguraban que habían sido atacados por policías municipales mientras se realizaba el informe del DIF, pero las autoridades estatales no actuaron contra ellos, el alcalde solicitó licencia al Cabildo el martes 30, los tres evadieron un cerco policiaco y ese día les perdieron el rastro.
El sábado 4 de octubre se hallaron las primeras cinco fosas clandestinas con cuerpos calcinados, que continúan sin un peritaje de ADN concluyente, aunque el 11 de octubre el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que no eran los normalistas; pero el mismo sábado 4, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió la investigación de la desaparición de los normalistas, hace ya casi un mes.
El domingo 5, el fiscal estatal Iñaky Blanco Cabrera informó que los normalistas fueron detenidos por instrucción del director de la Policía, Francisco Salgado Valladares, y reveló videos de patrullas que trasladaron a 17 presuntos normalistas a la zona de fosas de Pueblo Viejo, diez días después se supo que eran vehículos oficiales de Cocula.
Desde la desaparición, el gobierno estatal y el federal han buscado sin resultados a los normalistas por tierra, cielo y agua, y desde el 10 de octubre alumnos, padres de familia y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), han seguido todas las pistas y rumores del posible paradero en Iguala y los municipios cercanos y han hallado más fosas con osamentas que desenmascaran la grave crisis de inseguridad que se vive en el estado.
Al inicio, Iñaky Blanco señaló que un sicario apodado El Choky ordenó el secuestro y asesinato de los jóvenes, pero el 23 de octubre el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que el ex alcalde de Iguala dio la orden de “enfrentar” a los estudiantes porque creía que afectarían el informe de su esposa y que los Guerreros Unidos pensaron que los normalistas eran Los Rojos.
Dos días después Sinembargo.mx reveló que en declaraciones hechas por los detenidos a la PGR, los presuntos asesinos de algunos normalistas aseguraron que al ultimarlos El Choky les dijo que era “por andar de revoltosos”, pero las investigaciones y nuevos informes de las autoridades ya no lo involucran, sino al lugarteniente El Gil.
El 29 de octubre, El Sur publicó una nota del diario Reforma en la que se aseguraba que en su declaración ministerial Sidronio Casarrubias afirmó que 17 miembros de Los Rojos se infiltraron en los camiones de los normalistas para asesinar a los jefes de la plaza de Guerreros Unidos en Iguala, y que antes de ser asesinados y calcinados le confesaron a El Gil que pagaron 300 mil dólares a Iñaky Blanco y al secretario de Seguridad, Leonardo Vázquez Pérez, para “permitir el operativo”.
Pero ni la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero el 23 de octubre para “favorecer el clima político” ante la inconformidad social, ni la reunión de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos el miércoles pasado, ni las protestas en México y el mundo en estas cinco semanas han logrado que las autoridades localicen a los 43 estudiantes y los padres continúan demandando resultados, igual que la sociedad.
Apenas el miércoles, el gobernador interino designado por el Congreso local el 26 de octubre, Rogelio Ortega Martínez aseguró en una entrevista de Adela Micha para Televisa que los estudiantes de la Normal Rural le han dado “evidencias”, “indicios” de que sus 43 compañeros desaparecidos están vivos y que los captores los movieron del lugar donde estaban retenidos.
Ese mismo día en Iguala apareció otra narcomanta firmada por El Gil en la que aseguró que “los estudiantes están vivos”, y en la que demanda a Peña Nieto que detenga al 80 por ciento de 15 delincuentes, siete alcaldes de Guerrero, otro del estado de México y sus directores de Seguridad que, asegura, están coludidos, para que se entregue a las autoridades e informe cómo ocurrieron los hechos.