Eduardo Pérez Haro

Todos somos Ayotzinapa

Para Humberto Pérez Paredes.

El clamor por presentar con vida a los normalistas sigue retumbando en el orbe, y se procesan acuerdos colectivos que anuncian el escalamiento de las acciones y movilizaciones de los estudiantes y de importantes segmentos de las sociedades de base que hacen ya parte del movimiento.
Surge la interrogante sobre la perspectiva del movimiento, ante la falta de resultados en los esfuerzos gubernamentales de búsqueda de los estudiantes desaparecidos y el progresivo desenmascaramiento del régimen de gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, como un proyecto político sectario (la élite de la élite) que, a la manera de un ardid político ha intentado sorprender a propios y extraños, pero que lejos de ello ese juego perverso se ha vuelto en su contra.
El crimen de Iguala (tres estudiantes, un chofer, un futbolista y una mujer) y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, más 38 cuerpos encontrados en un sinnúmero de fosas clandestinas, son hechos que han horrorizado al mundo por cuanto se han perpetrado flagrantemente en un contubernio de criminales y servidores públicos.
El papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) levantó su voz para orar por los estudiantes desaparecidos y por los “tantos problemas parecidos” que aquejan a México. Ayotzinapa se inscribe en un contexto de inseguridad y violencia que quiso ser ocultado al disminuir la información en los medios de comunicación.
Se venía de la guerra calderonista (2006-2012) que dejó decenas de miles de muertos, que asoló calles y rancherías, y desvencijó al gobierno panista. El Presidente entrante (Enrique Peña Nieto, 2012-2018) quiso dar un giro ocultando la gravedad expansiva del problema, se aprestó a encarcelar a los líderes de las autodefensas en los estados de Michoacán y Guerrero, y a oficializar a las bases a la manera de policías rurales para terminar por atrapar al Chapo Guzmán, y con ello dar señales de alto control (realmente fuera de control).
Desplantes autoritarios alejados de la seguridad efectiva y de la política, nada de ello pega ni pegó en el fondo del problema de la corruptocracia, ninguno de esos eventos espectaculares entra a la corrección de las débiles condiciones en que se intenta el trabajo productivo, la ocupación y el ingreso. Entonces se dirá que, a la par se realizaban las reformas estructurales con las que habrían de venir “a carretadas” las inversiones del gran capital y, asimismo, de bajar el precio de la luz eléctrica en los hogares, a la vez que mejorar el empleo y el ingreso, eso decían los spots televisivos para la reforma energética.
Pues bien, las mentadas reformas que se aprobaron en un Congreso pactado, evidentemente, están en ciernes, y las inversiones, ahora ante la falsedad del nuevo México, dubitativas-perplejas; no bajó el precio de la luz eléctrica y vinieron las aclaraciones de que nunca se dijo cuándo. El Presidente, convencido de que las reformas estructurales nos darían la sorpresa del crecimiento económico, se sustrajo de todo, dejando la seguridad y la economía en manos de sus gabinetes respectivos. Así, se concentró en la propagación de las reformas y mandó al canciller a promover el tema por todo el mundo.
Los hechos delictivos nunca cesaron, sólo dejaron de exhibirse, el bajo crecimiento económico se ha impuesto por encima de pronósticos y voluntades optimistas, la desigualdad siguió su curso y la pobreza también, sus operadores, podemos suponer, le informaron reiteradamente que, no obstante, no había problema, sin novedad y todo bajo control. Crédulo de un México sin problemas, a finales de agosto, Enrique Peña Nieto publicó firmado por él mismo un artículo titulado Un nuevo México, en el que da por sentado que los problemas de la desigualdad, la inseguridad y los derechos inaccesibles eran cosa del pasado, puesto que México ya se había transformado.
Así lo repitió días después, en su discurso en Palacio Nacional con motivo de su segundo Informe de gobierno, donde enfáticamente y sin reserva alguna enalteció las acciones de sus cuerpos de seguridad, a pesar de que en esos días se reveló que tan sólo un par de meses atrás, en Tlatlaya, Estado de México, 22 personas detenidas fueron acribilladas por elementos del Ejército nacional en abierta violación de la ley y así, sin más, esgrimió su reconocimiento al Ejército, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Seguridad Nacional “por traer seguridad y confianza a los mexicanos…”
En septiembre fue a Nueva York a recibir los reconocimientos como líder mundial, pero antes de concluir el mes se perpetró el crimen y la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que ha provocado el movimiento social que, en el devenir de escasos 40 días ha salido de México al mundo para convertirse en un factor de solidaridad, de cuestionamiento y de amplios reclamos nacionales e internacionales. Los reconocimientos se salpicaron de sangre. La impunidad se patentizó como sello en lugar del escudo nacional.
Nadie ha podido sustraerse del reclamo que por justicia fundamental corresponde a la exigencia de presentar a los estudiantes vivos, pues “vivos se los llevaron”. El problema acaecido en la pequeña ciudad de Iguala, del estado de Guerrero, al sur de México, dejó de ser un asunto local desde el primer momento, y así repercutió desde las primeras horas, la desaparición forzada no es asunto del fuero común, la tortura y el contubernio de servidores públicos con el crimen organizado no son problemas de Iguala ni de Guerrero, el mismo PRD señaló como primer argumento de defensa de Ángel Aguirre que, si se iba el entonces gobernador de Guerrero tendrían que irse los del Estado de México, Veracruz y Tamaulipas, para iniciar una lista innumerable… que vincula a todos los partidos políticos en el poder.
Ciertamente, se intentó por días remitirlo a la condición de un problema local-estatal, pero después de Ayotzinapa todo el mundo sabe lo que los mexicanos sabemos desde hace tiempo, y es que el problema es de magnitud nacional y prácticamente no se puede referir, por su carácter y por su extensión, que se tienen 32 problemas estatales y ninguna autoridad está exenta de responsabilidad porque en su presencia se han desarrollado las fuerzas del crimen organizado, y muchas veces bajo su complicidad y auspicio como, en este caso, lo muestra el asesinato y la desaparición forzada de los estudiantes de Iguala-Ayotzinapa.
Y con esto hemos llegado a un punto clave, se levanta la voz colectiva de “¡ni un día más!” al crimen artero y la desaparición forzada, así como la sucesión de fosas clandestinas con infinidad de cuerpos calcinados, acribillados o descuartizados “¡ni un día más!”, y por lo tanto se precisa de justicia que no se limita al castigo de los responsables, sino al cambio en la estrategia de gobierno, al cambio en las concepciones y condiciones que permiten y propician el contubernio entre los servidores públicos y los miembros civiles del crimen organizado, que ahora es claro que no es privativo del estado de Guerrero. La exclusión social como concepto de gobierno debe ser acotada a su máxima expresión y desterrada. Todos somos Ayotzinapa.
No a la ofensiva represiva que se sentenciaba contra la Normal de Ayotzinapa y las normales rurales. El movimiento estudiantil-popular (“decenas de miles, miles y miles marcharon en completo orden, donde caminaban mujeres con sus hijos y familias completas”, consignó el programa de noticias televisivo más visto en el país, el del periodista Joaquín López Dóriga, al terminar la movilización del miércoles 22 de octubre), así lo consignó y lo obtuvo dentro del acuerdo firmado por el Presidente, quien destacó que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa era un centro de estudios y que, al igual que todas las normales rurales, debía fortalecerse, hecho de singular importancia para frenar las intenciones de ir a su cierre como originalmente lo planteaba la lideresa del sindicato oficial del magisterio Elba Esther Gordillo (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, probablemente el sindicato más grande de América Latina, con más un millón de agremiados), y como lo reclamaron los congresistas locales en aquellos días en que aún se aferraban a impedir la renuncia del gobernador Ángel Aguirre.
Pero no sólo hace un giro en las intenciones subyacentes de la recién aprobada Reforma Educativa (2013), sino que le cierra el paso al intento de los medios de comunicación que se dirigían a crear un ambiente de irritación social frente a la toma y el incendio que se provocó en diferentes edificios públicos del estado de Guerrero y de la PGR en la ciudad de México, con lo que se pretendía criminalizar a los estudiantes acusándolos enfáticamente de vándalos, y dónde ya se filtraba la idea de acreditar una declaración del jefe del grupo criminal Guerreros Unidos que declaraba que los normalistas estaban mezclados con Los Rojos (el otro grupo criminal contra el que Guerreros Unidos disputa la región del Norte y Tierra Caliente del estado). En ello, el movimiento tuvo una conquista importante que ahora se erige dandole dirección.
La Asamblea Interuniversitaria que reúne a alrededor de 75 centros de enseñanza media y superior, y que se ha perfilado como órgano de dirección del movimiento al lado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ha planteado un paro nacional de 72 horas a partir del 5 de noviembre, y hacia finales de mes el Congreso Nacional por la Educación Pública y Gratuita que perfila una línea de rescate del proyecto educativo nacional que no recogió la Reforma Educativa de Peña Nieto, que se redujo a la depuración intestina del sindicato y a introducir el examen a los maestros como filtro para depurar las filas del magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
De esta manera, el movimiento estudiantil enfila sus baterías a la discusión de un asunto de la mayor relevancia nacional, pues es la educación el tema en el que, desde distinto motivo y fundamento, todos coincidimos en que se trata del punto de partida y piedra de toque para una verdadera estrategia incluyente de modernización para el desarrollo, no tiene adversario, salvo por omisión al propio gobierno de México y por interés al dinámico sector de inversionistas que han hecho de la educación un simple (o intencionado) negocio que ha crecido de manera acelerada mientras que el proyecto público se limita a observar cómo aumenta año con año el número de aspirantes rechazados (más del 90 por ciento).
Las reformas de las reformas pueden ser el horizonte de mediano plazo o, sencillamente, las reformas de la inclusión social para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.

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