Con su ataque a Tlachinollan Rogelio Ortega pone en riesgo a defensores, advierte Abel Barrera

Con su ataque a Tlachinollan Ortega pone en riesgo a defensores, advierte Abel Barrera

*No es digno de un gobernador que dice estar del lado de la lucha social”, cuestiona. Dice que reproduce los prejuicios de Ángel Aguirre. La marcha por la paz que promueve el rector Javier Saldaña abona a la confrontación y la descalificación, sostiene el director del organismo independiente

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que “en la primera oportunidad” el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez haya colocado al organismo en el banquillo de los acusados, al culparlo de “impedir el diálogo” con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Consideró que el “linchamiento mediático” contra Tlachinollan, para justificar la falta de acercamiento con los padres de familia, “no es digno de un gobernador que dice estar del lado de la lucha social”.
En consulta telefónica, opinó que al comparar al Centro Tlachinollan con grupos radicales el gobernador tuvo una actitud simplista, puso en riesgo a los defensores y no ayuda al tema central que es la presentación de los desaparecidos.
Aclaró que los defensores han sido respetuosos y discretos junto a los padres de familia, los han dejado que tomen sus decisiones, y como ejemplo señaló la última reunión con funcionarios federales de alto nivel, que se acordó con la intervención de los organismos civiles de derechos humanos, donde los padres cambiaron el formato del diálogo acordado y abandonaron la mesa porque no les llevaron resultados.
Subrayó que cuando los padres hablan, los defensores guardan silencio por respeto a su dolor y a su lucha, “ellos son los que deciden y ha sido un aprendizaje complicado ante un hecho tan deleznable y se han sentido defraudados; falta que al rato diga el gobierno federal que nosotros los azuzamos para que se levantaran de sus sillas y se fueran”.
Al contrario de la actitud de Rogelio Ortega, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto se bajó de su “pedestal” para escuchar a los padres, “tuvo que soportar y asumir con madurez las críticas de sus actuaciones tardías, porque es un momento muy crítico”.
Añadió que esa actitud del presidente podría representar un cambio en la visión vertical de las autoridades hacia los ciudadanos.
Insistió en que las autoridades deben entender que hay desconfianza, “no basta una llamada de vamos a sentarnos para dialogar”.
Consideró que hace falta oficio político en el estado para el acercamiento con los padres, “que no están cerrados, simplemente tienen un reclamo muy claro y en ese sentido el mismo presidente Peña tuvo que adaptarse al formato de diálogo que los padres le plantearon, porque las circunstancia tan delicadas lo exigen”.
Sobre la marcha por la paz que promueve el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, en apoyo al gobernador y paralela a la movilización de los normalistas, dijo que abona a la confrontación y a la descalificación de quienes piensan diferente.
Insistió en que los gobiernos no deben ir en sentido contrario al de las víctimas, que están construyendo su camino con mucho dolor, y el tema de la paz debe pasar forzosamente por la exigencia de justicia, la búsqueda de los normalistas y la solidaridad con las familias.
Señaló que hace falta mayor humildad para entender que esa iniciativa no necesariamente es la más afortunada y que este momento es para escuchar y aguardar con respeto a los padres, para ganarse la confianza que han perdido.
Recordó que por esa razón los padres de familia se fueron ayer a la ciudad de México, para constatar que efectivamente el gobierno federal actúe contra el alcalde de Iguala y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, detenidos ayer en la madrugada.
También se refirió a la integración de la Comisión Mixta de Seguimiento y de Información, cuya creación anunció la Secretaría de Gobernación, para coadyuvar en la investigación del homicidio de estudiantes en Iguala y la localización de los 43 desaparecidos.
Aunque en el encuentro con los padres que se realizó en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) se mencionaron los nombres de las personas que van a conformar dicha comisión, Barrera Hernández aclaró que no tiene sentido si no hay información de las autoridades para los padres de familia.
Finalmente, consideró que el gobernador está siendo mal informado sobre la labor de los defensores, tal vez porque están retomando apreciaciones del gobierno anterior de Angel Aguirre Rivero; “sí prevalecen prejuicios, visiones distorsionadas de la administración pasada, predomina una postura equivocada del trabajo que hacemos”.
Enfatizó que los defensores en ningún momento han suplantando a los padres ni a los estudiantes, ni los padres de familia están supeditados al modo de pensar de las organizaciones, en este caso de derechos humanos
Pensar lo contrario no ayuda, “más bien zanja más esta relación con los padres, creo que el mismo gobernador cuando acudió a la peregrinación de padres de Tixtla a la catedral de Chilpancingo, tuvo la oportunidad de platicar con los estudiantes, estar a su lado, y resulta que después de que tomó posesión, ya no hizo lo que tenía que hacer –encontrarse con los padres–, perdió la oportunidad para que lo pudieran atender”.

El gobierno del estado está rebasado, dice el abogado Vidulfo Rosales

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vdulfo Rosales Sierra, dijo que las declaraciones del gobernador Rogelio Ortega Martínez de que los integrantes de la organización impiden el diálogo del gobierno con los familiares y estudiantes, son desafortunadas en un momento de crisis que vive el estado.
En declaraciones en la Ciudad de México, donde acompañó a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, que acudieron a la PGR, reiteró que los estudiantes y los padres de los 43 estudiantes desparecidos han sido muy claros al declarar que el gobierno del estado “está rebasado” y no tiene la infraestructura adecuada para la búsqueda de los estudiantes y las investigaciones, una de las razones de los familiares para no acercarse a dialogar en con el gobierno del estado. (Jacob Morales Antonio).