Regidores de Iguala cercanos a Abarca se amparan para no ser detenidos por la PGR

Alejandro Guerrero

Iguala

Al menos cuatro de los 12 regidores del cabildo de Iguala, así como funcionarios de confianza del ex alcalde José Luis Abarca, solicitaron amparos ante un juzgado federal con residencia en Cuernavaca, Morelos, ante cualquier orden de aprehensión en su contra por pare de las autoridades federales tras los hechos del 26 de septiembre donde seis personas murieron y 43 estudiantes normalistas desaparecieron.
Una fuente consultada al interior del cabildo confirmó que hubo una propuesta de realizar un amparo colectivo del cabildo municipal tras los hechos del 26 y 27 de septiembre, que propuso el regidor de Hacienda, el perredista Valentín Amador Mata, uno de los regidores más cercanos a Abarca Velázquez, pero no todos recurrieron a solicitar la suspensión de las autoridades federales para evitar cualquier orden de aprehensión.
La fuente consultada dijo que a través del director del área jurídica, Mauro Valdés Castro, les entregaron una “hoja” firmada con la intención de promover los amparos ante la ola de detenciones que estaba realizando la PGR de funcionarios y servidores públicos de la administración municipal.
Señaló que ya no supieron si los amparos procedieron.
En consulta realizada la tarda de ayer al portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se confirmó que al menos cuatro regidores y funcionarios del ayuntamiento de Iguala recurrieron a los juzgados de distrito Tercero y Octavo, del estado de Morelos, para promover juicios de amparo contra la ejecución de cualquier posible orden de aprehensión en su contra, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Con fecha 21 de octubre de 2014 la regidora del PRD, de la comisión de educación, Soledad Mastache Hernández, ex presidenta del PRD en Iguala e identificada con el grupo del ex secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, se amparó bajo el número de expediente 2445/2014 en el juzgado tercero de Morelos.
En este mismo juzgado federal se ampararon la regidora priista de atención al migrante, Juana Álvarez Martínez, con el expediente 2438/2014, y el oficial del registro civil, Gilberto Salgado López, cercano al ex alcalde José Luis Abarca, con número de expediente 2437/2014.
En el juzgado octavo de distrito, también con residencia en Cuernavaca, se ampararon el regidor perredista de Hacienda y uno de los ediles más cercanos al ex alcalde Abarca Velázquez, Valentín Amador Mata, el cual tramitó el 20 de octubre pasado bajo el número de expediente 90/2014.
Asimismo en este mismo juzgado federal también promovieron demandas de amparo la regidora del PAN, Martha Gregoria Rojas Lagunas, con número de expediente 79/2014, así como el secretario de obras públicas municipal, José Luis Díaz Milanesio, con número de expediente 80/2014.
A estos funcionarios, los jueces federales les concedieron la suspensión provisional ante cualquier posible orden de aprehensión y fijaron garantías económicas que oscilan entre los 10 mil y 30 mil pesos, según una fuente consultada.
Se informó que los amparos de los funcionarios, la mayoría cercanos al ex alcalde José Luis Abarca, recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, fueron promovidos por un despacho jurídico de la ciudad de México propiedad del abogado Luis Argüelles Meras, mismo que promovió los del ex alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
No obstante, los jueces de distrito advierten en todos los casos que “no surtirá sus efectos esta suspensión, si el mandamiento de captura procede de autoridad judicial o administrativa distinta a las señaladas como responsables, o se sorprende a la quejosa en flagrante delito, quedando ésta obligada a presentarse ante la autoridad que lo reclame cuantas veces se le cite”.
Y agrega “en relación a los hechos que señalan en su demanda de amparo y sin que la presente suspensión constituya obstáculo para que las responsables continúen con su investigación y vigilancia en relación con el quejoso”.
Estos amparos masivos se promovieron después del doble ataque a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre por parte de policías municipales y sicarios de los Guerreros Unidos que dejó un saldo de tres normalistas muertos, varios heridos y 43 desaparecidos.