“No va en la ruta correcta, gobernador”, reclama el panista Jorge Camacho en el Congreso local

*Su compromiso no es con Los Pinos, dice en tribuna en referencia al activismo de Rogelio Ortega en medios de información. Le reprocha que haga de la UAG “un partido más”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

“No va en la ruta correcta, gobernador, y eso puede ser en este momento catastrófico para nuestro estado, gobierne para todos los guerrerenses y no sólo para la universidad”, reclamó en tribuna el panista Jorge Camacho Peñaloza a Rogelio Ortega Martínez.
El panista reclamó al gobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez que no haya convocado a una “gran cruzada o acuerdo por la paz”, y que por el contrario se haya puesto “a las órdenes y elogiado a quien ha tenido indirectamente responsabilidad en los hechos”, sin especificar si se refería al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero o al gobierno federal.
Le recordó que fue electo por el Congreso local “no para rendirle pleitesía ni agradecimiento a nadie, para violentar los derechos de los trabajadores y que sólo a los guerrerenses les debe rendir cuentas, no debe poner por delante sus afectos y sus preferencias ideológicas”.
Se dijo inconforme porque el nuevo gobernador “se haya entregado por completo a la institución presidencial” y le insistió en que su compromiso no es con Los Pinos.
Y dijo que es inverosímil que desde su designación el domingo 26 de octubre no se haya reunido con los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, y que se dedique a dar entrevistas palaciegas y “actos en templetes”, y le insistió que “atienda los problemas reales”.
El panista le recordó a Ortega Martínez que fue llamado para atender problemas “críticos” y de gobernabilidad y no de posicionamientos y proyección personal, y que el estado requiere que gobierne escuchando a todos.
“No haga usted, señor gobernador, de la Universidad Autónoma de Guerrero un partido más”, le insistió, y dijo que haga su trabajo y asuma la “gran responsabilidad que aceptó” y que deje que la universidad haga su tarea académica y científica “porque no es su función blindar gobernadores”.
La intervención del panista concluyó entre gritos de apoyo y aplausos; “soy tu amigo”, le gritó exasperado el priista Héctor Astudillo Flores.
Por su parte el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, pidió no partidizar el tema, en referencia al comentario de Camacho Peñaloza cuando le pidió al gobernador que no se entregue a Los Pinos, aunque consideró “irresponsable” que  a menos de 15 días que tomó protesta Rogelio Ortega se pretenda que solucione todos los problemas del estado.
Pero después dijo que es riesgoso que se pretenda despedir a trabajadores de tercer, cuarto y hasta quinto nivel del gobierno del estado, porque “podría paralizar absolutamente todas las dependencias del gobierno del estado”, pues dijo que más que resolver va a “terminar de colapsar”, porque consideró que no se puede hacer una sustitución tan inmediata de todos los servidores públicos.
La intervención del panista fue a partir de la intervención del diputado priista Héctor Apreza Patrón a nombre de la Comisión de Gobierno, quien presentó un exhorto al gobernador para que reconsidere la permanencia del personal de confianza ante la petición de renuncia que solicitó a servidores públicos de “todos los niveles”.
Detalló que una “colaboradora cercana” al gobernador dirigió un oficio a los directores generales en el que señalaba que atendiendo a los protocolos de cada cambio de gobierno “le solicito al titular de la dependencia o dirección correspondiente, a la brevedad posible instruir –es decir si no mal entiendo esta palabra, es ordenar- al personal que tenga cargos directivos de primer y segundo nivel así como a todos aquellos que ocupen espacios de confianza, staff, asesorías, etcétera –en etcétera quiere decir todos los demás que se pongan enfrente- para presentar su renuncia con carácter de irrevocable lo más pronto posible”.
Pidió tener cuidado en la solicitud, porque no sólo se trata de secretarios y directivos a los trabajadores que se pretenden despedir, sino personal operativo, quienes dijo que tienen  derechos laborales, por lo que afirmó que pareciera que desconocen la situación jurídica de cada uno de los empleados de los que piden su renuncia.
Además de que recordó que el Congreso local etiquetó presupuesto al gobierno del estado sin considerar un fondo para la liquidación de los trabajadores que se pretenden despedir, “¿qué va a pasar, se les va a mandar a la calle?”

Otros trámites

El presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Camacho Peñaloza, exhortó al encargado de despacho de la presidencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, a que elabore y presente al Congreso del estado el proyecto de iniciativa de Ley Orgánica de la comisión para posteriormente emitir la convocatoria y designar al presidente del organismo, a pesar de que los legisladores son los responsables de hacer las leyes.
Recordó que desde la muerte de Juan Alarcón Hernández, en enero pasado Navarrete Magdaleno asumió el cargo como encargado de despacho y después de que no se ha ratificado o nombrado al titular de dicho órgano, “lo cual produce un vacío de autoridad, de poder, de incertidumbre y de legalidad al interior de esa institución”.
Consideró “efímero” pensar que la Codehum “vigila y garantiza” que se respeten los derechos de los ciudadanos guerrerenses, debido a que Navarrete Magdaleno ha demostrado “negligencia e irresponsabilidad en su encargo”, afirmó el panista.
Dijo que Ramón Navarrete “además de crear por su irresponsabilidad un ambiente de ilegalidad y vacío en la vigilancia de la aplicación de los derechos de los ciudadanos, considero que incurrió en una irregularidad grave, irresponsabilidad, ilegalidad y omisión, la cual conlleva a una sanción, que se contempla en el artículo 195 de la Constitución Política local, el cual señala que incurren en responsabilidad política los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones realicen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del estado o de los municipios”.
Como correspondencia se notificó de la llegada de una denuncia de suspensión o revocación del cargo en contra de todos los ediles que conforman la comuna de Iguala, que promovió Francisco López Liborio, ex secretario general del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Iguala.
En la primera sesión del pleno del Congreso local se dio primera lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación por medio de la cual dejan sin efecto la licencia concedida como magistrado del Tribunal Superior de Justicia  del Estado (TSJE) a Jesús Martínez Garnelo, que se le concedió el 6 de septiembre de 2013, y en una segunda sesión se aprobó después de su segunda lectura.