Critica Abel Barrera que Rosario Robles y Ortega se reunieran en un cuartel del Ejército

Carmen González Benicio

Tlapa

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que las autoridades federales tomen decisiones y acuerdos a espaldas de los pueblos y se refugien en las instituciones militares para decidir por ellos.
Lo anterior, al referirse a la visita a esta ciudad del gobernador Rogelio Ortega, la titular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, y la directora de la Cdi, Nuvia Mayorga.
Barrera Hernández, vía telefónica, consideró que el hecho de que los funcionarios se reunieran a puerta cerrada en las instalaciones del 93 Batallón de Infantería carece de toda responsabilidad política, ya que debían acercarse y atender a la población en un diálogo directo, abierto y franco con las comunidades.
“No es posible que las decisiones se tomen desde un cuartel, que desde ahí se pretenda atender el rezago social”, dijo.
Criticó que la “inversión sin precedentes”, como dicen los funcionarios sobre el Plan Nuevo Guerrero, simplemente en la región no se ve porque no hay nada.
Ejemplificó que instancias federales como la Sedatu no han cumplido con los compromisos asumidos con el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña.
“Aún esperamos respuestas, ya se les entregó la información que pidieron y nada, a más de un año de los estragos de la tormenta”, señaló.
Sobre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), dijo que tiene pendiente la cuarta entrega de los granos básicos a las comunidades que integran el consejo, porque no lo han hecho de forma mensual como se acordó.
“Unos a otros se echan la bolita de que no hay dinero o que no hay granos suficientes para hacer la entrega a través de Diconsa”, dijo.
En el caso de Sedesol, se planteó la rehabilitación y recuperación de los suelos y parcelas y que los apoyarían con proyectos productivos, pero “tampoco hay nada”, remarcó.