Propone René Juárez 100 años de cárcel para secuestradores y un código de defensa de víctimas

Respalda al gobierno federal con el anuncio de 20 acciones contra la delincuencia

 Pide al Congreso local un periodo extraordinario de sesiones para analizar y aprobar las iniciativas que firmó ayer con las que se busca reforzar la seguridad pública

 Teresa de la Cruz Chilpancingo  

Para reforzar la seguridad pública, el gobernador, René Juárez Cisneros, anunció ayer 20 acciones para el combate a la delincuencia, entre las que propone iniciativas de ley y de reformas para aumentar de 50 a 100 años de cárcel la pena a secuestradores, la creación de un nuevo código de defensa de la víctima penal, así como de una fiscalía especial para garantizar la recuperación de los bienes de las víctimas, y mayor castigo a plagiarios cuando la víctima sea indígena.

Para el análisis y aprobación de las iniciativas que firmó ayer, el gobernador solicitó al Congreso del Estado que convoque a un periodo extraordinario de sesiones.

También firmó una iniciativa de ley contra la desaparición forzada y la tortura, e iniciativas de reformas para que el deloto de secuestro no prescriba y para eliminar la liberación anticipada de homicidas, violadores y secuestradores.

Asimismo, propone establecer recompensas para los ciudadanos que proporcionen información útil para la detención de delincuentes y para los policías que los capturen. También, que la cárcel de La Unión se convierta en penal de máxima seguridad sólo para procesados y sentenciados por secuestro.

Guerrero pasó del lugar 17 al 26 en delincuencia

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, leyó un informe sobre los programas que se han aplicado para la prevención del delito, procuración e impartición de justicia y readaptación social, cuyo presupuesto es de 850 millones de pesos.

En el salón la República de Casa Guerrero, ante secretarios de despacho, presidentes municipales, empresarios y dirigentes de organizaciones sociales, Lima Gómez resaltó que tras ocupar en 1999 el lugar 17 a nivel nacional en comportamiento delictivo “hoy Guerrero se ubica en el lugar 26”.

Luego mencionó que por cada mil habitantes en el estado se comenten 8.7 delitos “pero aún estamos por debajo de la media nacional que es de 14.8 delitos por cada mil habitantes”.

El gobernador, René Juárez Cisneros, señaló que tras “haber escuchado los               planteamientos de diversos sectores sociales, hemos decidido de manera coordinada impulsar algunas 20 acciones” mismas que se dividen en inmediatas y a mediano plazo.

Señaló que las 20 medidas a ejecutarse son para la prevención del delito, procuración e impartición de justicia y readaptación social, “y es que como he dicho en otras oportunidades, la lucha contra la delincuencia es permanente y no habrá tregua en ese sentido”.

Juárez Cisneros dijo que los “avances” en materia de seguridad pública “aún no son satisfactorios”, pero se comprometió a seguir               “en estrecha colaboración con la federación, incluso varias de las acciones adicionales que habremos de implementar son congruentes con las que ya ha anunciado el gobierno federal”.

Al llamado de la sociedad civil, según el mandatario “tenemos que acudir todos” y precisó que con las 20 acciones se “demuestra” la disposición del gobierno del estado “para respaldar al gobierno federal en sus acciones en materia de seguridad pública”.

Que el secuestro no prescriba

Entre las acciones adicionales inmediatas, Juárez Cisneros firmó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado para “aumentar” la pena de prisión de 50 a 100 años para el delito de secuestro.

Según Juárez Cisneros con esta iniciativa se crea un solo tipo básico de secuestro sin ninguna modalidad, pues “se sancionará el solo hecho de privar de su libertad a una persona para obtener un beneficio económico por su libertad, sin importar el tiempo de secuestro, sean uno o más secuestradores o la víctima sea mujer, hombre, menor o mayor de edad, discapacitados, así como para que dicho delito no prescriba en ningún momento”.

Firmó también una iniciativa para el nuevo código de defensa de la víctima penal, “primero en su tipo a nivel nacional, cuyo fin es establecer los derechos de la víctima, y asegurar que su denuncia sea confidencial, que la pueda presentar en cualquier momento, que participe directamente o a través de un representante legal o del propio Ministerio Público en el proceso penal y que se le garantice el pago de la reparación del daño”.

Ley para la desaparición forzada de personas y tortura

Otra de las iniciativas que firmó el gobernador fue para la creación de una               “ley para la desaparición forzada de personas y tortura, en la que se incluyen los dos delitos por tener íntima relación”, ésta según Juárez Cisneros destaca por un lado “que el Estado pagará solidariamente la reparación del daño al secuestrado, misma que ordenará un juez penal” y por el otro establece que el delito de secuestro “no prescribe”.

Propone eliminar la libertad anticipada a homicidas violadores y secuestradores

Dentro de las medidas inmediatas el gobernador propone también un nueva Ley de Sistema de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para “prohibir” que un secuestrador, homicida o violador “obtenga el beneficio de libertad anticipada”

Esta nueva ley propone además una reclasificación de los centros de readaptación social para crear penales de “máxima seguridad”, así como “la reparación del daño y la conciliación aún después de cometido el delito, a voluntad de la víctima principalmente en delitos patrimoniales y de querella”.

También propone “convertir” al Cereso de La Unión en un penal de máxima seguridad, el cual albergará “únicamente a procesados y sentenciados por el delitos de secuestro y en este sentido habrá de establecerse además un reglamento interno que sin afectar los derechos humanos prohíba privilegios que fomenten desde el interior del penal la planeación e instrumentación de nuevos delitos”.

Indicó que para conocer avances y propuestas, cada 60 días el Consejo Estatal de Seguridad Publica sesionará.

Un correo electrónico para presentar denuncias

Anunció la creación de una página de Internet así como un correo electrónico en los que “la población presente denuncias anónimas o confidenciales” y el gobierno dé a conocer las acciones en materia de seguridad.

En la misma página electrónica, dijo, se van a publicar “los registros de altas y bajas de policías del estado, datos de todos los policías preventivos del estado, de policías ministeriales así como de agentes del Ministerio Público del fuero común”.

Programa de recompensas para la captura de delincuentes

Resaltó que el gobierno del estado establecerá un programa de “recompensas” cuyo monto oscilará entre mil y 10 mil pesos, esto por un lado es para personas que proporcionen datos para capturar a delincuentes y por el otro es para los policías que realicen su captura. El programa sólo tendrá efecto para los delitos de secuestro, homicidio y violación.

Para el “análisis y aprobación” de las iniciativas, el mandatario estatal solicitó al Congreso del Estado que convoque a un               periodo extraordinario de sesiones.

Entre las acciones que se aplicarán a mediano plazo, anunció un posible incremento de recursos tanto para “reforzar” los programas que combaten la delincuencia como para el mejoramiento de los salarios de los cuerpos policíacos.

Indicó que firmará convenios con organizaciones del transporte público con el objetivo de “rotular y difundir” los números de emergencia policiaca “así como para crear la figura del taxista vigilante que auxilie denunciado los delitos”.

Prometió reforzar la coordinación entre los municipios, los estados y la federación en acciones preventivas del delito y de procuración de justicia, además de la realización de foros de Consulta Popular Regional para “que la población y los especialistas propongan reformas en materia de seguridad pública y justicia”.

Luego enfatizó que habrá una propuesta “para aumentar las penas en los delitos cuando la víctima sea indígena”.

En las acciones a mediano plazo, Juárez Cisneros propone la incorporación al Consejo Estatal de Seguridad Pública, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, y del secretario de Educación Pública, así como de la iniciativa privada. El primero para recoger las propuestas del Poder judicial y la SEP para “fomentar” la cultura de la prevención y denuncia del delito.

Dentro de las 20 acciones el gobernador prometió asimismo la creación de una Fiscalía Especial para “garantizar la recuperación oportuna de los bienes de las víctimas” y la carrera policial, a fin de “regular el ingreso, evaluación, permanencia y ascensos del personal, atendiendo la capacidad probidad y profesionalismos”.

Pedirá más recursos de los excedentes del petróleo

El gobernador mencionó que entre las 20 acciones adicionales “promoverá” también ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que haya “un mayor presupuesto” para este tipo de acciones, y se sumará al planteamiento general de ampliar los recursos presupuestales a los programas del Sistema Nacional de Seguridad a partir de los excedentes de petróleo.

Antes de la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública el gobernador se reunió con empresarios de la capital, y trascendió que les informó por adelantado las acciones a ejecutar.

Después de la sesión y en una breve conferencia de prensa, el secretario General de Gobierno, Luis León Aponte, acompañado del secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, y del procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, respaldó las propuesta del gobernador.

–¿Se habló de la posibilidad de incluir la pena de muerte como castigo a los secuestradores ¿Qué pasó con la propuesta?

–Se analizó pero se llegó a la conclusión de que no era viable.