La militarización del estado no resuelve el problema del narcotráfico, opinan

 Combatir la pobreza y el atraso de las comunidades indígenas en lugar de traer más militares y armamento, plantean dirigentes del Cresig, CG500ARI, y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

 Zacarías Cervantes Chilapancingo  

La militarización del estado con el argumento de la aplicación del plan nacional contra la delincuencia y el combate al narcotráfico no es la solución, si antes no se resuelven de fondo las causas que son la pobreza y la marginación, coincidieron ayer dirigentes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan).

Lo anterior, al consultar ayer la opinión de los dirigentes de esas organizaciones y organismos civiles con respecto a los datos proporcionados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que indican que el 63 por ciento de la siembra de amapola está en Guerrero.

Así como por la advertencia del comandante de la 35 Zona Militar Audomaro Martínez Zapata, en el sentido de que se incrementarán los retenes, puestos de revisión y los recorridos de los militares –sobre todo en La Montaña y la sierra.

Uno de los dirigentes del CG500ARI, Amador Cortés Robledo dijo que es “lamentable” que vayan a traer más militares, “cuando lo que se necesitan son recursos para resolver la pobreza y la hambruna que existe en la población indígena de La Montaña”.

El dirigente admitió que en Guerrero podría haber un alto índice de cultivo de estupefacientes, “pero la solución a este problema no es la vía milita, sino atacar directamente la causa, porque se siembra por hambre, por marginación”, dijo el dirigente indígena.

Dijo que por ello “nosotros rechazamos esta propuesta de solución al problema de la delincuencia; en lugar de que se utilice el presupuesto para más militares y armamento, que mejor se canalice para combatir la pobreza y el atraso ancestral que existe en las comunidades indígenas”, propuso.

También criticó que se manejen y se den conocer las estadísticas de la siembra de estupefacientes para justificar la presencia militar, “pero no se manejan las cifras ni las estadísticas de pobreza y la miseria que existen en La Montaña de Guerrero y que es hasta del 80 por ciento”.

Mientras tanto, uno de los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, Cirino Plácido Valerio, señaló que el gobierno, en lugar de buscar una solución de fondo a la delincuencia y el narcotráfico, “va a justificar la militarización del país”.

Y es que agregó que la inseguridad pública y el narcotráfico “tienen que ver con la pobreza y con la no aplicación de las leyes, pero también con la impunidad de los funcionarios que muchas de las veces están por encima de las leyes, y eso también genera inseguridad pública”, opinó el también ex dirigente de la Policía Comunitaria.

Agregó que con la medida que anuncia elEjército federal de incrementar los retenes y los recorridos sobre todo en La Montaña quienes van a pagar las consecuencias son los campesinos, los indígenas, las organizaciones y los organismos no gubernamentales.

Además Plácido Valerio recordó que el combate al narcotráfico y la inseguridad pública no es un asunto que le compete al Ejército, sino a la PGR y a las policías federales, estatales y municipales.

Añadió que la presencia del Ejército lo único que va a provocar es incrementar la represión a los indígenas de La Montaña, y dudó que vaya a resolver el narcotráfico porque dijo que los narcotraficantes no son los indígenas: “Un indígena no tiene dinero para comprar un tráiler de doble fondo para transportar la droga y el problema no es quién produce, sino quién trasporta y comercializa, pero muy pocas veces quienes combaten el narcotráfico se van con las cabezas”.

Plácido Valerio añadió que con esa medida “lo único que va a ocurrir es que van a llenar las cárceles de gente pobre y de indígenas, pero no van a resolver el problema”.

Mientras, el dirigente del Cresig, Rigoberto Acosta González dijo: “Nos preocupa que se pretenda combatir actividades ilícitas con otras que también podrían serlo, como son los retenes militares”.

Sin embargo añadió que si la supervisión en los retenes se hace en apego a derecho y respetando los derechos humanos de los ciudadanos, “creo que no habrá problemas, pero lo que nos preocupa es que con el pretexto del combate al narcotráfico y a la inseguridad en la sierra, se violenten los derechos de nuestros paisanos”.

Con respecto a que el 63 por ciento de la producción de amapola es de Guerrero, indicó que eso no es un dato nuevo: “Nosotros dijimos desde hace más de un año que había una producción en Guerrero hasta del 75 y 80 por ciento del estupefaciente, pero no lo quisieron reconocer las autoridades”.

Sin embargo señaló que para combatir el problema no sólo se requiere de militares, sino también de agentes del Ministerio Público, policías federales, estatales y municipales, pero siempre apegados al respeto de los derechos humanos, aunque dijo que no dará muchos resultados porque quienes se dedican a esta actividad regularmente no utilizan los caminos por donde los militares instalan sus retenes, “los delincuentes utilizan otros medios”, dijo.

También opinó que la siembra de estupefacientes terminará cuando se apoye la siembra de cultivos alternativos, así como con el aprovechamiento de los bosques de manera racional y sustentable.

Por su parte el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que desde 1996 existen datos oficiales que hablan de la alta producción de amapola en Guerrero y que, sin embargo, el problema no ha sido resuelto hasta ahora.

Pero también coincidió en que “no es incrementando la presencia militar como se va a resolver ese problema, sino con estrategias de combate a la pobreza”.

Y añadió que el del narcotráfico es también un problema de salud pública “y tiene que resolverse de manera interinstitucional, “poner al Ejército como el único dique no creo que dé resultado, puesto que no se rompe con las estructuras que tienen que ver con la pobreza y la marginación” que deben ser combatidas de manera integral.

El coordinador del Centro de Derechos Humanos dijo que además se debe de evaluar el desempeño que ha tenido el Ejército: “Hasta ahora no ha dado los resultados esperados en el combate al narcotráfico, puesto que la siembra de estupefacientes se ha incrementado, mientras que el Ejército ha ido carcomiendo las estructuras sociales, sobre todo de las comunidades indígenas”.

En este sentido agregó que la presencia militar que se ha anunciado sólo generará más conflictos en las comunidades indígenas “y habrá una mayor represión con la que pagarán justos por pecadores”.