Apoya Atención a Víctimas del gobierno federal que acuda la CIDH a investigar por Ayotzinapa

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal dijo que atenderá a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos “hasta agotar sus necesidades” para que tengan acceso a sus derechos a la verdad y justicia, y afirmó que “acompaña” la solicitud que hicieron para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envíe un equipo de búsqueda de los desaparecidos, porque no existe certeza de que estén muertos.
El comisionado del Comité de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas, Julio Hernández Barros subrayó que se debe actuar bajo la premisa de que la búsqueda debe continuar “mientras no exista certeza de muerte” y que resulta urgente la creación de una ley general de personas desaparecidas y la creación de un mando único que busque a las víctimas priorizando “la presunción de vida”.
En un boletín de prensa fechado el viernes en la ciudad de México, la CEAV dice que el equipo multidisciplinario enviado tras la matanza y desaparición continuará en Chilpancingo, “brindando atención a las víctimas directas e indirectas”.
Ayer Tlachinollan denunció que el gobierno federal se niega a firmar el convenio de colaboración para buscar a los estudiantes, el cual envió la CIDH.
Informa que el comisionado presidente, Jaime Rochín del Rincón llamó a las autoridades a atenderlas con “un trato preferencial, empático y humano” para garantizar sus derechos humanos y el cumplimiento de la Ley General de Víctimas.
“(La comisión) acompaña respetuosamente la solicitud de los padres y familiares de las víctimas de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envíe un equipo técnico que ayude en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos” afirmó Rochín del Rincón según la misiva.
La dependencia federal agregó que el comisionado Hernández Barros insistió en que en los ataques, la desaparición y asesinatos del 26 de septiembre en Iguala “se debe actuar bajo la premisa de que mientras no exista certeza de muerte, la búsqueda de los jóvenes debe realizarse prevaleciendo la presunción de que están vivos”.
Menciona que las autoridades de todos los niveles de gobierno están obligadas a proteger a las víctimas, ayudarlas, asistirlas y reparar integralmente el daño causado, mientras que el artículo 7 Internacional señala que tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral con procedimientos “accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces”. (Redacción / Acapulco).