Alba Teresa Estrada

Los 43 de Ayotzinapa: el Estado mexicano en el banquillo de los acusados

*Vivimos un momento crucial que nos coloca frente a la posibilidad de detener la descomposición del poder  político y empezar la organización de un po-der ciudadano mediante un nuevo pacto emanado de una auténtica representación popular para reformar las instituciones degradadas del régimen autoritario.

De manera incontenible y ascendente, un verdadero clamor nacional e internacional por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por policías municipales con la complicidad del Ejército y las policías estatal, y municipales de Iguala y Cocula, ha colocado al Estado mexicano en el banquillo de los acusados. La lucha de padres y compañeros de las jóvenes víctimas de desaparición forzada –que no claudican en la exigencia de su presentación con vida– ha tocado las conciencias y los corazones. La nación y el mundo entero lanzan un implacable veredicto de censura moral al gobierno mexicano y elevan un severo reclamo de justicia, frente al cual de nada valen las huidas al extranjero del presidente Enrique Peña Nieto; las cabezas de gobernadores y altos funcionarios, ni las capturas espectaculares y teatralizadas de presuntos culpables.
“Fue el Estado”, rezaba una pinta en el Zócalo de la ciudad de México. Esta frase expresa con claridad palmaria la percepción que ha quedado ya grabada con fuego en el imaginario colectivo. Nunca habíamos visto semejante expresión de indignación colectiva globalizada; una energía moral de tal fuerza y magnitud. Yo creo que esto ocurre porque –parafraseando a Fernando Bogado– podemos decir que Guerrero es, hoy, el espejo oscuro donde nos reflejamos todos. Lo ocurrido aquí retrata con imágenes crudas y vívidas la situación de emergencia nacional, el grado de violencia y el colapso de los derechos humanos que atraviesa nuestro país a lo largo y ancho de su territorio. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, los levantones y secuestros; los desplazados y víctimas de la violencia de todo tipo y origen se cuentan por cientos de miles. Una nueva etapa de terror de Estado –esta vez a escala nacional y reforzada por la violencia criminal– exhibe las gravísimas implicaciones de la impunidad de aquella otra guerra sucia, que tuvo en la región de Atoyac su escenario más cruento y brutal.
Pero, a diferencia de aquel periodo oscuro, las imágenes del horror y la violencia ya no pueden, hoy, ser suprimidas ni borradas sin mayores consecuencias. La nación se mira en el espejo de Guerrero, y lo que ve lo indigna. El país se siente agraviado y, después de muchos años de resignación se está movilizando de manera pacífica y a gran escala. Los partidos políticos han quedado relegados y percibidos como parte de la descomposición generalizada del poder, causante del mal que nos aqueja. Una mirada de reprobación permea, también, la manera en que miran a México las demás naciones del mundo. Esto sí le preocupa a las burocracias gobernantes que reaccionaron mal y tardíamente frente a la gravedad de los hechos: el ex gobernador Aguirre con su omisión cómplice ante los indicios previos sobre la criminalidad de los munícipes igualtecos y su inacción para detener la masacre de Iguala y poner de inmediato a José Luis Abarca frente a la justicia; Peña Nieto y su procurador, con su resistencia a atraer la investigación y con su falta de resultados cuando por fin intervinieron. Los testimonios de los estudiantes, que señalan el papel insensible y cómplice del Ejército frente a la persecución armada de la mancuerna policías-criminales contra los normalistas de Ayotzinapa, y su negativa a auxiliar a los heridos, deja a todo el aparato de seguridad y de gobierno –al Estado en su conjunto–, exhibido de manera lastimosa.
“Yo creía que el Estado era grande, pero es muy chiquito”, declaraba decepcionado un padre de familia al salir de una reunión con Peña Nieto. “No están a la altura de sus responsabilidades”, sentenciaba otro escuetamente. Esta percepción está ya instalada en la conciencia nacional y mundial: el Estado mexicano es corrupto e ineficaz; sus policías, asesinos inhumanos; su Ejército, violador de derechos humanos; sus jueces y altos funcionarios, insensibles e ineptos; su gobierno, oneroso e inútil.
Un país inundado por armas importadas a través de operativos de la DEA y de la CIA como Rápido y furioso; un hervidero de policías en activo y otros expulsados de las corporaciones policiacas con un pie fuera de la ley; verdaderos ejércitos al servicio del crimen organizado armados hasta los dientes y con mandos integrados por ex policías y ex militares de élite entrenados por el gobierno de Estados Unidos; incontables cuerpos de seguridad privada y grupos paramilitares al servicio de los poderes fácticos; millones de jóvenes desempleados y frustrados atrapados entre la carencia de oportunidades y los intensos estímulos al consumo; campesinos empobrecidos y endeudados por la fuerza avasalladora de los grandes consorcios agroalimentarios; empleados con inhumanas jornadas de trabajo y sueldos ínfimos; ciudadanos indignados y hartos de la corrupción, la inseguridad, la carestía y el mal gobierno; una burocracia enquistada en el poder que exhibe su opulencia de manera insultante, y una oligarquía que detenta el 90 por ciento de la riqueza del país y encabeza la nómina de los más ricos del planeta. Todo ello –nos muestra la historia– hace una mezcla muy explosiva y peligrosa. Es verdad que no hace falta una revolución para producir los cientos de miles de víctimas y daños incontables a la población y a la vida de un país, como lo muestra nuestro presente. La violencia del poder ya está aquí y nos ha sometido a su feroz tiranía desde hace muchos años. Lo que puede llegar, también, en un contexto tan volátil como el actual es esa otra violencia que –según planteó Carlos Montemayor–, surge como resistencia para hacer que aquella otra violencia cese.
El reclamo de justicia es imparable. La sordera y lentitud del gobierno federal –que no puede declinar de ninguna manera su responsabilidad de dar respuestas, presentar con vida a los desaparecidos, reparar el daño y detener y castigar a todos los culpables–, sólo están erosionando más su ya escasa credibilidad y su empequeñecida autoridad. Legitimidad y gobernabilidad están en entredicho. La demanda de que renuncie Peña Nieto, que ya enarbolan algunos manifestantes, va a ser un clamor si el gobierno demora más la presentación de resultados y si estos resultados no son satisfactorios para los agraviados. Con la consigna irrenunciable de ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ayer cumplieron 43 días de estar separados de sus familias y compañeros, ha generado un gran movimiento nacional.
Al acompañar unánimemente este reclamo, observamos una lejana luz. Vivimos un momento crucial que nos coloca frente a la posibilidad de detener la descomposición del poder político y empezar la organización de un poder ciudadano. Se hace patente la necesidad de un nuevo pacto social, no los pactos cupulares de Peña Nieto y los partidos comparsa blindados por un legislativo claudicante y una judicatura servil y corrupta. Un pacto emanado de una auténtica representación popular puede abrirse paso para reformar las instituciones degradadas del régimen autoritario. El Artículo 39 de la Constitución vigente nos otorga el derecho de luchar por ello de manera pacífica y legal.