No puede haber paz sin justicia ni Estado de derecho, responde Tlachinollan al gobernador
*Los actos violentos por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos son protestas legítimas ante la “gran crisis humanitaria” que se vive, afirma Vidulfo Rosales
Redacción
Acapulco
Las declaraciones del gobernador Rogelio Ortega Martínez sólo abonan a la inconformidad y polarización, porque las protestas por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos son legítimas, ante la “gran crisis humanitaria” que se vive, y no puede haber paz sin justicia y Estado de derecho, señaló el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachi-nollan, Vidulfo Rosales.
“No tenemos nosotros por qué deslindarnos, son movilizaciones en el marco de una gran crisis humanitaria, de un hecho deleznable, de una de las más graves violaciones a los derechos humanos, como son los 43 desaparecidos y los seis muertos”, sostuvo y agregó que acompañan al movimiento y sus demandas, porque nadie puede ni debe decirles qué hacer.
Además, aseguró que ningún integrante del organismo defensor de derechos aceptará un cargo público y mucho menos en este gobierno, que busca deslegitimarlos haciendo ese tipo de propuestas, porque es algo “incompatible”, su objetivo es acompañar las luchas de las organizaciones y los pueblos indígenas, no buscar cargos.
Este sábado, el gobernador e invitó al director de Tlachinollan, Abel Barrera, a ocupar la Secre-taría de Desarrollo Social.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra afirmó que son declaraciones “lamentables”, porque confirman la continuidad de un gobierno de “izquierda” que se ha caracterizado por agredir a los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, porque no se ve una diferencia entre Ortega Martínez sus predecesores, Ángel Aguirre y Zeferino Torreblanca.
“Representa una continuidad del cacicazgo, del autoritarismo, de la represión que ha caracterizado a Guerrero y qué lamentable que esta persona hoy está en el sitio de go-bernador, haya estado en el movimiento y que ahora se convierta en un agente represor que persigue al movimiento social, que deslegitima las luchas de los organismos civiles de derechos humanos”, criticó.
Del “gran daño” que supuestamente le hacen al estado, opinó que son declaraciones erróneas, porque lo que Tlachinollan y las organizaciones sociales están tratando de hacer es restablecer la ley y el Esta-do de derecho, pero no es posible que haya paz sin justicia y reparación del daño, por los crímenes co-metidos en el gobierno de Aguirre.
“Por si no lo entiende el gobernador, justamente para que haya una reconciliación en Guerrero debe haber justicia primero, es uno de los principios básicos de los derechos humanos y así operan las sociedades democráticas”, apuntó.
Consideró que eventos como la quema de vehículos frente al Palacio de Gobierno “son actos de protesta legítimos que están haciendo los estudiantes”, pero nadie los está dirigiendo, son acuerdos entre ellos y las organizaciones sociales que respaldan al movimiento, y Tlachinollan acompaña, respeta sus decisiones y formas de manifestación para reclamar sus derechos, porque decirles lo que deben hacer sería “una intromisión”.
“¿Nosotros con qué derecho, o el gobierno, con qué derecho tendría que decirles a los estudiantes de Ayotzinapa que no se movilicen, cuando 43 de sus compañeros están desaparecidos, cuando tres estudiantes han sido asesinados a mansalva?”, cuestionó y enfatizó que es una inconformidad generalizada, porque también fue quemada la puerta del Palacio Nacional.
Sobre la oferta para que Abel Barrera se incorpore al gobierno, consideró que es algo “incompatible” con la organización y, aunque no ha podido hablar con él porque se encuentra en una gira de derechos humanos en otro país, la respuesta institucional de Tlachinollan es que ninguno lo hará.
“Lo que él está haciendo es tratar de vernos, de hacernos ver ante la sociedad, ante las organizaciones sociales que Tlachinollan está participando, está en este movimiento acompañando y defendiendo a Ayotzinapa porque queremos cargos”, consideró y agregó que con estas actitudes el gobernador no logrará zanjar las diferencias, ni habrá reconciliación, pues abona a la inconformidad y polarizando.
Afirmó que el problema se resolverá cuando se presente con vida a los 43 normalistas, cuando se haga justicia y se castigue a los responsables, cuando se sancione a los alcaldes vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico, y que se liberen a todos los presos políticos que encabezaban movimientos sociales.




