La petición de amnistía a los militares, llamado a la impunidad: Tlachinollan

 La declaración emitida por el subprocurador de Delincuencia Organizada de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, a favor de una amnistía para los militares que participaron el la guerra sucia, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan dijo que éste es “un llamado desde las altas esferas para cerrar filas en torno a la impunidad”.

La organización no gubernamental con sede en Tlapa manifestó su preocupación de que el funcionario esté planteando la disyuntiva entre la justicia y el perdón, mostrando con ello una contradicción profunda con las motivaciones que inspiraron la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, pues en teoría el gobierno federal optó por la justicia.

Esta posición aunada con la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Gerardo Clemente Vega García, que llama a la reconciliación supeditando la justicia para las víctimas del pasado, implican un cambio radical de lo externado por el presidente Vicente Fox en el contexto de la creación de la Fiscalía que dirige Ignacio Carrillo Prieto.

Tlachinollan dijo en un boletín de prensa que estas manifestaciones se dan en el contexto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la cual no queda duda de que la desaparición forzada de personas sobre casos del pasado es justiciable y que los responsables materiales e intelectuales pueden ser investigados y sancionados.

El Centro de Derechos Humanos lamenta que ante las condiciones dadas por la Suprema Corte de Justicia para que se investiguen las desapariciones forzadas a cabalidad, se envía un mensaje desde la misma Procuraduría para que el fiscal especial “no se deje presionar” por organizaciones y los partidos, es decir es un llamado desde las altas esferas para cerrar filas en torno a la impunidad.

En su boletín, dice que reivindica “el derecho a la verdad” y patentiza que “el futuro de nuestra nación se finca en la lucha incansable por el esclarecimiento de los hechos que lastimaron la dignidad humana y dejaron en estado de indefensión a centenares de familias que no encontraron la protección que debe brindar el Estado y que más bien tuvieron que vivir en la zozobra, en la clandestinidad y en el dolor”.

“Consideramos que el pasado tiene presente, y que las deudas de la justicia tienen que ser saldadas de manera civilizada, es decir que se deben esclarecer los hechos, investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales y sobre todo establecer medidas de no repetición por las cuales el Estado garantice que nunca más volverá a repetirse esta historia cruenta”.

“Sin justicia no se puede aspirar a una verdadera reconciliación y sin llegar a la verdad no podemos fincar responsablemente las bases de una sociedad civilizada”, expresa.