Critican luchadores de los 70 la petición de perdón del secretario de la Defensa
Debe castigarse a los que participaron en desapariciones y asesinatos en la época de la guerra sucia, coinciden Arturo Gallegos y Eloy Cisneros. Lamentan que la Femossp “no ha producido avances importantes”
Adalberto Valle Sánchez
El ex guerrillero, Arturo Gallegos Nájera y el dirigente de movimientos sociales en los 70 Eloy Cisneros Guillén criticaron las peticiones de perdón y conciliación que hizo el miércoles el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Ricardo Clemente Vega García, al solicitar que no se juzgue a militares y policías que participaron en desapariciones y asesinatos de luchadores sociales en la época de la guerra sucia.
La postura de Vega García fue dada a conocer luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no prescribe el delito de desaparición forzada. Justificó que los militares y policías obedecían órdenes y reiteró su lealtad al presidente Vicente Fox.
El presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales, Arturo Gallegos, señaló que parece que se trata de una “campaña de concientización” para poder aplicar una amnistía sin que hayan sido juzgados los responsables, porque no es la primera vez que se declara algo similar.
“Es una falta de respeto a la inteligencia humana, porque para conseguir el perdón de quienes hicieron atrocidades primero hay que juzgarlos para establecer el tipo de delito que cometieron. Algunos detuvieron, otros torturaron y asesinaron. Hay que fijar criterios de acuerdo a la ley. Después se vería si merecen la amnistía”.
Apuntó que no sólo a los militares se les debe juzgar, sino también a los funcionarios que avalaban esas acciones, desde el presidente Luis Echeverría, como secretarios y gobernadores.
–¿Quién es el autor de esta campaña que busca el perdón de los militares?
–Puede ser orden del presidente Fox. El secretario de la Defensa no es una hoja sin un tallo de árbol, forma parte del gobierno. Es una lástima que el fiscal (especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto) dijera que es una propuesta digna de analizarse.
Por su parte, Eloy Cisneros dijo que “los militares fueron los que prácticamente aplicaron una política criminal emanada del gobierno federal”. Añadió que la sociedad no puede olvidar la desaparición forzada de los luchadores y de las personas que estuvieron en esa época, por lo que los castigos hacia los responsables de esos delitos deben ser severos, y que sobre todo, se tienen que esclarecer los hechos.
“Tal vez el secretario de la Defensa se cura en salud, tal vez está implicado en esos sucesos de la guerra sucia”, y señaló que hasta el momento la Fiscalía Especial no ha producido avances importantes.
“Lo estamos esperando (a Ignacio Carrillo), hasta parece que se nos está escondiendo. Es una obligación que tiene, que diga los responsables, los autores intelectuales y materiales. El fiscal ha mentido a la sociedad”, recalcó.
–¿Quién es el autor de esta campaña que busca el perdón de los militares?
–Creo que viene desde la alta jerarquía militar. Sabemos que los militares están implicados en los actos sanguinarios contra la población. Con la creación de la Fiscalía, Vicente Fox se quiere lavar las manos, porque no ha actuado y eso significa que hay complicidad.
Por otro lado, ayer se publicó en el diario El Universal, que el abogado Mariano Flores Arciniega, quien defiende a los exmilitares Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro (ambos ligados a la guerra sucia en Guerrero), declaró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que no prescribe el delito de desaparición forzada no altera el juicio, porque sólo se les acusó de homicidio calificado de 22 personas.
Al respecto, Arturo Gallegos dijo que les quieren vender la idea de que ya fueron juzgados. “Se les acusó por el grado de desaparición, no por homicidio, pero si no muestran los cuerpos de nuestros familiares, para nosotros están vivos y por eso tienen que ser juzgados”.
Eloy Cisneros aseguró que Acosta Chaparro participó directamente en las desapariciones forzadas, junto a otros como Ulises Acosta Viques, por lo que se le tiene que aplicar la ley. “Insisto en que no hemos visto a la fiscalía actuar de manera convincente. Queremos que el fiscal actúe”.




