Cuauhtémoc Sandoval Ramírez

 Aguas Blancas, año nueve

El noveno aniversario de la masacre de Aguas Blancas, este 28 de junio, tuvo como signo distintivo la contradictoria situación de la justicia mexicana y del aparato judicial, cuyo cuestionamiento provocó la gigantesca movilización ciudadana del domingo 27 de junio en la ciudad de México, contra la inseguridad y los secuestros que han alcanzado niveles alarmantes y sus efectos permean todos los poros de la sociedad mexicana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a destacarse como un poder independiente. En abril de 1996 emitió una histórica resolución de condena al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer por la masacre, y este 29 de junio acaba de emitir una tesis de jurisprudencia que señala que el delito de desaparición forzada es permanente, y con ello abre la puerta para que sean castigados los responsables de las desapariciones que ocurrieron durante la guerra sucia de los 70.

Con esta nueva jurisprudencia se da un nuevo elemento de apoyo a la Fiscalía Especial para la investigación de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a fin de que se haga justicia y se esclarezcan los delitos de Estado cometidos en casi dos décadas. Sólo Miguel Nazar Haro, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad está en prisión, sin embargo está pendiente iniciar un juicio de responsabilidades a personajes como el ex presidente Luis Echeverría.

En las consultas sobre el caso Aguas Blancas acudí a la SCJN y tuve la oportunidad de conocer a los ministros Humberto Román Palacios (recientemente fallecido) y Juventino Castro y Castro (ahora jubilado), quienes hicieron una investigación seria y profesional, junto con todo un equipo de jóvenes abogados que en mucho enaltecen a la máxima institución de justicia del país.

Si bien fueron detenidos los ejecutores directos de la matanza, en su mayor parte los policías que recibieron las órdenes de sus superiores, poco a poco han ido saliendo de la cárcel. Sólo se mantiene en la prisión del Campo Militar número 1, el general Mario Acosta Chaparro, preso por delitos de narcotráfico y no por su participación en este genocidio.

El 28 de julio de 1995, un mes después de la matanza, en mi carácter de diputado federal y miembro de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, le envié una carta al entonces Secretario de Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, a fin de “solicitarle se nos proporcione la información, acerca de las funciones que desempeña en la Secretaría a su digno cargo, el General Brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, quien participó el lunes 26 de junio en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, Gro. en la reunión del equipo de seguridad que planificó la tragedia del 28 de junio en el vado de Aguas Blancas, Mpio. de Coyuca de Benítez, Gro.”

Más adelante le señalaba: “Durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, el entonces Coronel Acosta Chaparro participó directamente en la represión contra el movimiento insurgente en la década de los 70 con un elevado número de guerrerenses muertos o desaparecidos. Hoy, nuevamente el Gral. Acosta Chaparro reaparece en el marco de la operación contra los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), por lo que nos interesa conocer las labores específicas que se le han asignado por parte de la SDN en el Estado de Guerrero”.

Una semana después, con fecha 4 de agosto de 1995, recibí en mi despacho del Palacio Legislativo a un enviado militar que traía un oficio del secretario de Defensa, que decía “hago de su conocimiento que actualmente (Acosta Chaparro) pertenece a la Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, sin que tenga asignada por esta Secretaría comisión alguna en el Estado de Guerrero”.

“Consultado dicho General respecto a la imputación que le hace, de haber participado el día 26 de junio en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, en la reunión del equipo de seguridad que planificó la tragedia del 28 del mismo mes en el pasaje de Aguas Blancas, refutó de falsa tal aseveración, agregando que lo único cierto es que haciendo uso de sus vacaciones se presentó a saludar al C. Gobernador de Guerrero en el Palacio de Gobierno”.

Fui testigo involuntario de dicha reunión, ya que dos días antes teníamos algunos legisladores una cita con Figueroa Alcocer y nos hicieron esperar varias horas hasta que salieron los personajes que tomaron la decisión de emboscar a los campesinos de la OCSS.

Este noveno aniversario de la masacre refleja lo contradictorio de la justicia mexicana.

Rubén Figueroa Alcocer y todo su gabinete siguen vivitos y coleando, burlándose en cada aniversario de que las protestas han menguado. Héctor Vicario Castrejón, el hombre del maletín como coloquialmente se le conoce por manejar las finanzas personales de Figueroa Alcocer, hoy es el presidente del PRI en Guerrero.

De nada han servido las resoluciones de la CNDH el 14 de agosto de 1995, de la exhibición en Televisa el domingo 25 de febrero de 1996 del video de la matanza por el periodista Ricardo Rocha, de una histórica resolución de la SCJN el 12 de abril de 1996, de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, de resoluciones de condena del Parlamento Europeo, del Parlamento Latinoamericano, de todos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El 17 de julio de 1995 acudimos a Washington a la sede de la CIDH y fuimos recibidos por la entonces secretaria ejecutiva Edith Márquez, los entonces legisladores Leonel Godoy Rangel, Jesús Zambrano, Félix Salgado Macedonio y un servidor, a fin de presentar un expediente sobre Aguas Blancas y después de varias audiencias, este organismo interamericano dio un fallo de condena a Rubén Figueroa Alcocer.

Es un caso muy difícil, me decía hace un mes en la Cumbre de Guadalajara, el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, cuando le demandé reabrirlo.

Y por otro lado, por intentar construir una calle que le da acceso a un hospital y a otros predios vecinos a El Encino en las afueras de la capital de la República, la PGR y todo el aparato judicial se aprestan a desaforar al jefe de Gobierno de la ciudad de México y con ello tratar de nulificarlo como posible candidato del PRD a la Presidencia de la República.

Se trata sin duda, de dos varas de medir por parte de la PGR y del Presidente Vicente Fox.

Miscelánea: Bien, por la decisión de Zeferino Torreblanca Galindo y de Armando Chavarría de solicitar licencia como legisladores, para buscar la candidatura del PRD a la gubernatura, que este miércoles se tramitó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sin embargo, el reglamento del Congreso estipula que sólo en plenaria de ambas cámaras es posible que asuman su mandato los suplentes, así que será hasta el primero de septiembre que podrán entrar en funciones el diputado Carlos Álvarez Reyes y el senador Saúl López Sollano. Ese mismo día, asumirá el senador Oscar Cruz, destacado luchador oaxaqueño, líder de la COCEI quien suplirá al fallecido senador Daniel López Nelio. A todos ellos, felicidades ya que son cuadros bien probados.