Mientras haya autoritarismo no servirán las reformas al sistema de justicia, afirman

Critican iniciativa federal ante funcionario de Gobernación

 La petición en la marcha del domingo fue la pena de muerte contra secuestradores, y obedece a la desconfianza de los ciudadanos a los persecutores del delito, consideró el ombudsman de la UAG, Miguel Angel Parra Bedrán

 Zacarías Cervantes Chilapancingo  

Entre críticas de los ponentes a la iniciativa de reformas al Sistema de Impartición de Justicia y en materia de Derechos Humanos del gobierno federal, se efectuó ayer un debate que fue presidido por el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iñiguez, y el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández.

El acto se llevó a cabo en el salón Azul del hotel Jacarandas, y en él participaron los abogados y catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Miguel Angel Parra Bedrán, Román Ibarra Flores y Gilberto Garza Grimaldo, así como el catedrático de la Universidad Metropolitana, Arturo Rafael Segura Medueño, y el director de la defensoría de oficio del gobierno estatal, Yunuen Rafael Flores Mazón.

Pero más que un debate entre los ponentes, lo que se escuchó de ellos fueron fuertes críticas a dicha iniciativa de reformas que promueve el gobierno del presidente Vicente Fox, así como a la mala aplicación de la ley actual, y citaron como consecuencia la marcha contra la inseguridad pública del domingo, en la ciudad de México.

El más crítico fue el abogado Ibarra Flores, quien dijo que mientras el Estado Mexicano siga usando el autoritarismo de nada sirven las reformas a la administración de justicia y en materia de derechos humanos, y pidió que primero el presidente Vicente Fox “se quite la impunidad de la que goza”.

Ello porque –señaló– hasta ahora el Ejecutivo federal y los estatales no pueden ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito y peculado.

En ese sentido pidió que antes se revise esta posibilidad para que se incluya en estas reformas, porque –dijo– la impunidad en el gobierno es lo que abre la puerta a la delincuencia y por la que salieron a protestar los ciudadanos el domingo, “entonces hay que empezar por ahí”.

Por su parte, el ombusdman de la UAG, Miguel Angel Parra Bedrán, dijo que la petición de algunos grupos durante la marcha fue la pena de muerte contra los secuestradores, y obedece a la desconfianza de los ciudadanos a los persecutores del delito. Calificó como “el colmo de los colmos” que el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, haya dicho que se analizaría esa posibilidad.

Propuso que en estas reformas se debe garantizar la autonomía plena de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos, porque dijo que al menos en Guerrero este organismo depende del Ejecutivo. Dijo que con excepción del presidente, que es nombrado por el Congreso local, el resto de los consejeros y funcionarios son designados por el gobernador.

El también catedrático universitario, Gilberto Garza Grimaldo, dijo que la marcha debe hacer reflexionar a la clase política de este país, y que el gobierno debe demostrar capacidad en la respuesta. Por ello calificó como lamentable que el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, haya minimizado la capacidad de movilización de quienes participaron.

Pero en su opinión, la iniciativa de reformas al sistema de impartición de justicia y en materia de derechos humanos “es un avance y representa un punto de partida, y es una respuesta al reclamo de la sociedad por mejorar el sistema de impartición de justicia y de derechos humanos”.

Sin embargo el catedrático de la Universidad Metropolitana, Arturo Rabel Segura, opinó que esta iniciativa de reforma “no es integral ni coherente”, y criticó el hecho de que algunos delitos del fuero común serán atraídos por la federación.

Lo anterior porque en la propuesta de reforma se señala que cuando haya delitos del fuero común en los que haya violaciones graves a los derechos humanos, serán atraídos por la PGR para su investigación.

Y luego indicó que muchas de las propuestas de reformas ya están previstas en la actual legislación, y sentenció: “quien no conoce la historia la repite y la repite mal”.

Mientras tanto, el director de la Defensoría de Oficio del gobierno del estado, Yunuen Rafael Flores, propuso diversos agregados a la propuesta de reformas y se manifestó en desacuerdo en el apartado de dicha iniciativa que propone la autonomía de las corporaciones de investigación de los delitos, como la Policía Judicial.

No basta la ley, es necesario su cumplimiento: Alarcón

En su discurso de inauguración, el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, dijo que “no basta la ley, es necesario su cumplimiento”.

En este sentido señaló que “necesitamos buenas leyes pero también un ministerio público honrado, jueces, magistrados y ministros probos; funcionarios públicos responsables; gobernantes sensibles e inteligentes para conocer los parámetros de inseguridad, de injusticia y de pobreza y medir adecuadamente con el termómetro de la política el calor, la inconformidad, el enojo y el hartazgo de la sociedad”.

Agregó, asimismo, que el resultado de esta iniciativa de reformas debe ser un detonante en la ejecución de programas de justicia, seguridad y derechos humanos que representen innovaciones, cambios en las constituciones federal y estatales, así como en las lentes y códigos de la materia, “pero también en la conciencia de los servidores públicos y autoridades, que promueve mentalidades y actitudes para hacer frente a la delincuencia y a quienes violentan el derecho, la paz, la armonía, la tranquilidad y la justicia”.

También el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iñiguez, admitió que la manifestación del domingo fue un “reclamo” de la sociedad por la inseguridad pública que se vive, y dijo que las autoridades deben atenderlo “porque la seguridad es un derecho humano elemental”.

Indicó que las reformas se promueven porque la “Constitución no ha sido garante de la protección a los derechos humanos, ello porque en ellas se dice al propio estado hasta dónde deben llegar los derechos de los ciudadanos, lo cual significa una limitante”.

Indicó también que el gobierno debe responder a la demanda social en materia de seguridad pública no sólo en términos de índices, si no también en el respeto a los derechos humanos, y añadió que la Comisión Nacional, así como las comisiones de los estados, actualmente no son garantía de una actuación efectiva y que por ello debe reformarse la ley para que sean órganos verdaderamente autónomos e independientes, y que sus actuaciones sean más efectivas a favor de quienes son violadas sus garantías constitucionales.