Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan AC

Entre leyes te veas  

 El martes 22 de junio compareció ante los diputados integrantes de las comisiones de justicia y derechos humanos del Congreso del Estado, Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional, la organización de derechos humanos más grande del mundo. El tema a tratar fue la Ley Especial para prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas para el estado de Guerrero.

En la reunión sostenida, Knox fue contundente hacia los diputados, a quienes dijo que “la iniciativa ciudadana de Ley Especial contiene los estándares de mayor protección de los derechos humanos y que mejor combaten la desaparición forzada de personas; el Congreso guerrerense cuenta con una oportunidad histórica para aprobar una ley de avanzada y sería pionero en el país; la problemática de desaparición forzada en el estado no permite esperar para contar con una ley que combata este grave crimen; el Congreso debe aprobar la ley en este periodo ordinario de sesiones que va finalizando”.

Los comentarios generaron respuesta de los diputados presentes, algunos expresaron su acuerdo con el ponente internacional e incluso agregaron que días antes, el 8 de junio, Anders Kompass, representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos igualmente dio su aval a la iniciativa ciudadana de ley especial, por lo tanto no se entendía qué más podían pedir los diputados si ya se contaba con la legitimidad de dos expertos en la materia.

Otros diputados incluso expresaron su vergüenza en términos de que hayan tenido que transcurrir 34 años para que la desaparición forzada fuese un tema de agenda legislativa para los diputados y que eso finalmente sucedió gracias a la iniciativa presentada por las organizaciones civiles de derechos humanos. En tanto que otros directamente manifestaron que expresaban abiertamente su voto a favor de la propuesta de Ley Especial.

Parecía un diálogo fructífero en donde se abrían las puertas a acuerdos políticos y sobre todo a avances legislativos en materia de los derechos humanos, sin embargo faltaban por hablar aquellos diputados que al parecer se refugiaron en lo que denominaron tecnicismos legales para esconder su ausencia de voluntad política frente al tema.

Cuauhtémoc Salgado y Juan José Castro Justo, coincidentemente de la misma fracción parlamentaria dieron carpetazo a la antigua: “Hay que estudiarlo bien, no queremos precipitarnos, queremos evitar contradicciones legales, es necesario hacer previamente una reforma constitucional”. Lo que es cierto es que evitaron comprometerse frente a la posibilidad de contar con una legislación en materia de desaparición forzada de personas.

Resulta curioso que ante una propuesta legislativa presentada por una coalición de organismos civiles y públicos de derechos humanos, los diputados señalen que ha sido un trabajo sin precedentes que una iniciativa ciudadana sea retomada por el Congreso y sea sometida a trámite legislativo sin ninguna bandera partidista; sin embargo de qué sirve si del dicho no pasan a los hechos, si del discurso no se generan actos congruentes que finalicen en la aprobación parlamentaria de una ley especial.

Igual de curioso resulta que ante una propuesta legislativa que trabaja centralmente el tema de la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos, su entrada a la agenda legislativa sea obstaculizada, su aprobación sea puesta en entredicho e incluso exista la posibilidad de que la misma sea rasurada en sus mecanismos de protección. En sentido contrario propuestas legislativas que tienen como finalidad limitar los derechos humanos, socavar los movimientos sociales y en el fondo criminalizar la disidencia, son llevadas con facilidad a la agenda legislativa y su aprobación es producto de alianzas y negociaciones políticas sobre temas paralelos. Ejemplo claro es la ley antibloqueos o mejor conocida como Dimayuga y ahora la propuesta de ley Mier.

Tal parece que la indefinición y la ambigüedad son los nuevos valores de la política, definirse es comprometerse. No tomar posiciones claras es la consigna del político moderno que se dice democrático, la vaguedad alienta la demagogia, permite cambiar el rumbo de acuerdo con el capital político y sobre todo efectuar alianzas en base al apetito electoral. Este es pues el motor político de la mayoría de las decisiones.

La indefinición política puede ser disfrazada, como es el caso, con tecnicismos, procedimientos burocráticos e incluso la denominada legalidad que hoy en día también es el refugio de la ambigüedad, que en el fondo significa ausencia de voluntad política. Apostar es definirse en un rumbo político claro, y de acuerdo con lo sucedido parece que para los diputados, por lo menos para algunos, los derechos humanos no son objeto de apuesta y por lo tanto un tema que puede marcar rumbos políticos.

Seguir legislando desde el Poder Ejecutivo es condenar la oportunidad de construir paulatinamente un marco jurídico en donde los derechos humanos sean una pieza transversal de las políticas públicas y de los actos de gobierno. A pesar de que en el tema de la Ley Especial sobre desaparición forzada se vislumbra que la indefinición nace de la fracción parlamentaria priísta, la tibieza política podría inundar a las bancadas de oposición si las mimas no toman una postura clara y se definen mediante el compromiso de apostarle a los derechos humanos, pues finalmente en un estricto análisis numérico los partidos de oposición por sí mismos pueden constituir mayoría en el Congreso para la aprobación de una Ley.