La OCSS, en la mira de los planes de contrainsurgencia de Figueroa

 Masacre en Aguas Blancas: misión cumplida

 Maribel Gutiérrez  

Primera parte  

En la sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995 fueron asesinados 17 campesinos y heridos 21, por efectivos de la policía Motorizada y Judicial del estado que pusieron un retén, por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, para impedir una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Los campesinos se dirigían a Atoyac de Alvarez, el municipio vecino en la Costa Grande de Guerrero. Iban a exigir la presentación de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, que estaba desaparecido, y la entrega de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas y otros insumos agrícolas para comunidades de cinco municipios.

Más de 400 policías los estaban esperando para detenerlos en el vado del río de Las Hamacas, a 3 kilómetros de Aguas Blancas, encabezados por algunos de los principales funcionarios del área policiaca del gobierno del estado.

La masacre de Aguas Blancas es parte de una política de contrainsurgencia. Fue planeada y dirigida por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, que dejaba ver un interés casi obsesivo por impedir el resurgimiento de la guerrilla en Guerrero, más aún después de que apareció el EZLN en Chiapas.

Fue un golpe contra una organización social que surgió en el mismo mes y año en que se dio a conocer el EZLN, en una región de Guerrero que apenas dos décadas antes había sido escenario del movimiento armado del Partido de los Pobres dirigido por Lucio Cabañas, y donde sectores de la población campesina mostraban una renovada tendencia opositora al gobierno.

Los campesinos más pobres de la sierra estaban motivados a buscar un cambio ante la falta de perspectivas de producción, el deterioro en sus condiciones de vida y la falta de educación, de salud y de servicios públicos. También ante los atropellos cometidos por las corporaciones policiacas y el Ejército, los fraudes electorales y la imposición de autoridades locales.

La OCSS se constituyó en enero de 1994. Desde los primeros días se distinguió por su capacidad de convocatoria entre los habitantes más pobres de la sierra, de todas las edades, muchos jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres, y por sus manifestaciones públicas con métodos considerados como radicales, como la toma de carreteras y de palacios municipales.

Demandaban apoyo para la producción de alimentos, láminas para techar las viviendas, carreteras, escuelas, centros de salud, servicios, y se proponían la defensa de los bosques y de los recursos naturales. Pero también pedían participar en la elección de autoridades en los pueblos, exigían la salida de los grupos policiacos y del Ejército de las comunidades y la presentación de los desaparecidos de la guerra sucia de la década del 70.

El gobernador Figueroa se movía en una lógica de guerra, y puso a la OCSS en la mira de su política de contrainsurgencia, como lo hizo con otros sectores de oposición que no se sometieron a su control.

Durante su gobierno, de menos de tres años, la lista de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigentes sociales asesinados por motivos políticos llegó a 84, además de diez asesinatos colectivos en los últimos ocho meses de su administración, casi todos con intervención de grupos policiacos del estado, que sumaron 67 víctimas.

Rápidamente la nueva organización –que se fundó en Tepetixtla, la comunidad más poblada de la sierra guerrerense, con 20 mil habitantes, la mayoría muy pobres y que fue el lugar donde tuvo más desarrollo– se dio a conocer por sus acciones radicales.

Expulsó al grupo de la Policía Motorizada de Tepetixtla y tomó el cuartel de esa corporación, destruyó las grúas y maquinaria pesada de una empresa privada que explotaba los bosques comunales, paró las actividades de los camiones que transportaban madera de esos bosques, tomó el Palacio Municipal de Coyuca de Benítez y de Atoyac, donde quedaron encerrados varias horas los alcaldes y los principales funcionarios, y reiteradamente bloqueó la carretera federal de la Costa Grande, única vía de comunicación de la región y de los centros turísticos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, dos de los principales del país.

Ingresaron a la nueva organización campesinos que se habían salido del PRD, con cuestionamientos a algunos de sus dirigentes locales porque no defendían los intereses del pueblo, y otros siguieron en las filas de ese partido pero con una actitud crítica. Algunos de sus miembros también pertenecían o habían pertenecido a la Coalición de Ejidos de la Costa Grande, la organización social más importante de la región, a la que los fundadores de la OCSS consideraban limitada en sus objetivos porque luchaba por la producción y por demandas económicas pero dejaba de lado las demandas sociales, la defensa de los derechos humanos y de los derechos políticos.

Figueroa vio en esta organización el germen de un nuevo movimiento guerrillero, o por medio de su aparato de espionaje creía descubrir vínculos con antiguas organizaciones armadas como el Partido de los Pobres o el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP).

Desarrolló una política para golpear a la OCSS. Buscó intimidar, corromper y coptar a sus dirigentes, y el primer resultado fue una escisión, de la que se formó la Organización Benito Juárez, auspiciada por Figueroa, que después fue acusada de asesinatos de militantes de la OCSS en la sierra de Tepetixtla.

Encarceló a uno de sus integrantes, José Guadalupe Guzmán Martínez, hermano del principal dirigente, Benigno Guzmán Martínez, y lo tuvo como rehén para que la OCSS no se movilizara en las elecciones presidenciales de 1994.

Intentó quitarle bases a la organización mediante la respuesta parcial a demandas inmediatas como fertilizantes y despensas, y también trató de dividirla, respondiendo a las demandas sólo del núcleo principal, el de Tepetixtla, mientras relegaba a los de otros municipios.

Recurrió a los métodos más arcaicos de represión como la desaparición forzada. La OCSS atribuye a Figueroa la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, uno de los representantes de la sierra de Atoyac, que fue visto por última vez el 24 de mayo de 1995.

Llegó a la matanza del vado de Aguas Blancas, cuando la organización tenía un año y medio de actividad, y ya era conocida la hostilidad de Figueroa hacia la OCSS.

En septiembre de 1994 se reunieron con el gobernador los dirigentes de Tepetixtla, Benigno Guzmán y Gabino Luna, que le presentaron un pliego de demandas. Figueroa les dijo que les iba a dar todo lo que pedían, pero que a los desaparecidos de la década del 70 “ya se los había llevado la chingada, ya no tienen vuelta”. Y los amenazó: “Está duro el problema con ustedes. En cualquier rato se los puede llevar la chingada”.

En abril de 1995, cuando la OCSS se movilizó contra la explotación de los bosques comunales de Tepetixtla, Figueroa se reunió en Acapulco con los representantes Marino Sánchez Flores y Jesús Maldonado Luna, y en tono de acusación les dijo: “Se dice mucho que ustedes son guerrilleros”.

El 3 de mayo, Figueroa subió a Tepetixtla, a una reunión con miembros de la OCSS, acompañado por el comandante de la Novena Región Militar, general Enrique Tomás Salgado Cordero. Representantes campesinos de los municipios de Coyuca, Atoyac, Petatlán, La Unión y Coahuayutla presentaron al gobernador sus pliegos de demandas. El petitorio general de la OCSS fue leído por Gilberto Romero Vázquez, originario de la sierra de Atoyac, que 21 días después fue desaparecido.

A Benigno Guzmán le tocó plantear la exigencia de la salida del Ejército y de las corporaciones policiacas de la sierra. También expresó: “Estamos cansados de tanta marginación, si el gobierno no responde al pueblo, si para mejorar las condiciones de vida de los campesinos hay necesidad de una revolución, estamos dispuestos a hacerla con gusto”.

El general Salgado Cordero acusó a Benigno Guzmán de llevar “ideas extrañas a los campesinos”.

Proteger a los responsables

La matanza de Aguas Blancas causó indignación en México y en el mundo. Organizaciones sociales y políticas de oposición, organismos civiles defensores de los derechos humanos, e incluso organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se sumaron a las exigencias de justicia.

Sin embargo, en todo momento, las instancias de procuración de justicia y judiciales, a las que corresponde lo jurídico del caso, protegieron a Figueroa y a sus principales colaboradores; lo mismo los diputados y senadores priístas federales y locales, que en tribuna y comisiones rechazaron las demandas de juicio político; y los gobernadores, presidentes municipales priístas, las estructuras del gobierno federal, los obispos de la Iglesia católica guerrerense y el presidente de la República Ernesto Zedillo.

El leve maquillaje que se hizo a la injusticia, con el encarcelamiento de 28 policías y cuatro funcionarios de nivel medio fue sólo una forma para desviar la investigación y la atención de la sociedad. Pronto, ese maquillaje se fue desvaneciendo. Un año después, el 11 de julio de 1996, quedó en libertad el primero de los cuatro, el delegado de Gobernación en la Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana, quien grabó en video la matanza.

En abril de 1999 fueron liberados 15 de los 28 policías motorizados que estaban presos por homicidio de los 17 campesinos y el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, el funcionario de mayor rango que fue encarcelado.

El director de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González, quien personalmente encabezó a los policías que dispararon contra los campesinos, quedó en libertad el 25 de agosto de 2002.

En septiembre y octubre de 2003 salieron de la cárcel de Acapulco seis policías más. Sólo quedaban siete y el director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, que fueron trasladados a cárceles lejanas de la vigilancia pública para facilitar su libertad.

Quedó al descubierto que aun el enjuiciamiento de una pequeña parte de los autores materiales fue sólo para distraer y esperar un poco de tiempo.

No hubo voluntad de hacer justicia. Todas las estructuras gubernamentales intervinieron para justificar, proteger y apoyar a Figueroa, el responsable intelectual y político de la matanza de 17 campesinos, de 21 heridos, de la violación al derecho de libre tránsito, de manifestación, de organización y de información.

Después de este crimen que no fue investigado ocurrieron otros más en Guerrero. El de mayor trascendencia fue la masacre de El Charco, cometida por tropas del Ejército el 7 de junio de 1998, y es larga la cadena de crímenes políticos planeados para reprimir la inconformidad popular, con la pretendida justificación de que las víctimas son radicales, rebeldes, alzados, guerrilleros.

La injusticia es una de las causas que dieron lugar al resurgimiento de la guerrilla en Guerrero. El 28 de junio de 1996 se dio a conocer el EPR, en el mismo vado de Aguas Blancas, durante el acto luctuoso con motivo del primer aniversario de la masacre.

El resurgimiento de la guerrilla en Guerrero se vincula con la impunidad y así lo reconoció el mismo grupo insurgente: “La masacre de Aguas Blancas y los más de 100 asesinatos políticos posteriores aceleraron la emergencia pública del Ejército Popular Revolucionario, el cual es resultado del surgimiento y desarrollo de la autodefensa armada, organizada por el pueblo en un largo proceso de resistencia en distintos puntos del país, en contra de la permanente represión policiaca y militar y de la falta de libertades políticas que han prevalecido en México”, escribió el comandante insurgente Antonio, en el primer comunicado de la comandancia de zona en Guerrero del EPR, después de su aparición pública.