Rechazan habitantes de Chichihualco el dictamen de Profepa de que la explotación del bosque es legal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los habitantes de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, rechazaron los resultados de la supervisión a la explotación forestal que realizó el jueves de la semana pasada la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), en el punto conocido como Agua de las Tablas.
Asimismo, acusaron al encargado de esa revisión, Omar Magallanes Telumbre, subdelegado de Recursos Naturales de la Profepa, de haber emitido un resultado parcial, asimismo, lo acusaron de haberse “vendido” con la empresa que firmó el contrato con los ejidatarios.
El funcionario federal, la noche del lunes rindió su informe de la revisión- supervisión que realizó al ejido de Chichihualco, en una reunión a la que convocó la Semaren estatal, en donde informó que el aprovechamiento forestal en ese ejido se realiza de manera legal y conforme a la normatividad que establece el programa de manejo forestal.
La noche del martes, los habitantes de Chichihualco se reunieron para conocer de voz de sus representantes el informe y determinaron rechazar los resultados.
Acordaron liberar los camiones que están inmovilizados desde el 14 de mayo pasado, así como la maquinaria, pero decidieron impedir que se corte un solo árbol más.
En cuanto a la madera, que ya se encuentra cortada en trozos, resolvieron que decidirán después qué hacer con ella, “a lo mejor, se la regalamos a las viudas, o a las familias de escasos recursos económicos para que se ayuden, para que no se eche a perder, de todos modos ya esta cortada”, dijo uno de los ciudadanos.
Una comisión de habitantes de la cabecera municipal ofreció por la tarde una conferencia de prensa afuera de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para dar a conocer su respuesta a los estudios hechos por Profepa sobre la explotación forestal en ese ejido.
En esa conferencia de prensa, los representantes de los ciudadanos de Chichihualco no quisieron revelar su identidad, debido a que  se encuentra en riesgo su integridad física, porque ya recibieron amenazas del subdelegado de Recursos Naturales de la Profepa, Omar Magallanes.
Denunciaron que el funcionario  “está billeteado” y que durante el recorrido que realizó el jueves de la semana pasada, amenazó “y hasta quería golpear al ciudadano Anatolio Duque Marino, cuando éste le reclamó su actuación parcial y le dijo que estaba mal en sus observaciones”, dijo uno de los comisionados.
“La situación está muy delicada, estas cosas son graves, no queremos que nos pase como los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista”, dijo otro de los comisionados.
Los integrantes de la comisión de ciudadanos dijeron que no reconocen los resultados que dio a conocer el funcionario federal la noche del lunes, porque adolece de muchas observaciones que le plantearon el mismo día del recorrido.
Agregaron que Magallanes Telumbre se negó a entregarles copia del plano del ejido en el que se señalan las zonas protegidas y en las que sí deben ser aprovechadas los recursos forestales. Dijeron que el funcionario les argumentó que esa es una documentación que deben solicitarla mediante el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Explicaron que ese plano es fundamental, porque evidenciaría que el lugar en donde se está realizando el corte de los árboles se encuentra precisamente en la zona protegida, porque allí se encuentran los manantiales conocidos como Agua de las Tablas, Las Gallinitas, La Comunidad y Agua del Perro.
Además, los integrantes de la comisión denunciaron que en los resultados del estudio, Magallanes Telumbre no anotó que fueron cortados árboles que no tenían la marca del técnico forestal, y que, en algunos casos, la marca se colocó en los troncos después de que ya se había cortado el árbol.
Además dijeron que en ese informe no se anotó que el programa de manejo forestal debe aplicarse en las zonas protegidas por los incendios forestales, cuando en el lugar en donde se están cortando los árboles por parte de la empresa que firmó contrato con el ejido, hay evidencias de que han sido arrasadas por los incendios, lo que revela que no hubo cuidado ni protección por parte de los ejidatarios, explicó uno de los ciudadanos de la cabecera municipal.
Asimismo, informaron que en una reunión con el delegado de la Semarnat, Daniel Vega, a quien le expresaron su informidad por la explotación forestal en esa zona, éste les prometió que si después de la revisión se comprobaba que se había cortado un árbol de más, inmediatamente se pararía el programa de manejo forestal, pero que a pesar de que esto se comprobó en el recurrido del jueves, ahora el funcionario está desconociendo ese acuerdo.
La comisión informó que, ahora, tras de que ha surgido el conflicto, los representantes ejidales han admitido que no querían explotar los bosques, pero funcionarios de la Profepa y Semarnat los asesoraron para que “aprovecharan” el bosque y que les ofrecieron el permiso para el programa de aprovechamiento forestal.
Acusaron a Omar Magallanes  de estar “billeteado” por la empresa que firmó el contrato con los ejidatarios. También lo acusaron de haber amenazado a Anatolio Duque Marino el jueves de la semana pasada, cuando realizaba el recorrido por la zona del corte de los árboles.