Carlos García Jiménez

BAJO EL ALA DEL SOMBRERO

* En la hora de la ciudadanía, todos somos 43

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Frente a los hechos imprevisibles que día a día se vienen presentando en Guerrero y el país, a causa de la impunidad y complicidad gubernamental en el caso de los 43 desaparecidos, ningún ciudadano con un mínimo de sentido común puede empezar el día sin preguntarse ¿Qué sucederá hoy? ¿Por qué el gobierno no informa con veracidad y oportunidad acerca de las indagatorias? ¿De qué depende que todo esto termine? ¿Por qué el gobierno no ha involucrado a los familiares agraviados o establecido un diálogo verdadero con ellos? ¿Qué nos corresponde hacer como ciudadanos ante la situación de ingobernabilidad que cada día se viene agravando?
Y es que la situación no es para menos si consideramos que Iguala es apenas la gota que derramó el vaso de una situación de autoritarismo, injusticia e impunidad que se vino acumulando durante décadas. Tras la fatídica noche del 26 al 27 de septiembre, la sociedad despertó y se dio cuenta que la delincuencia ya estaba institucionalizada, y además asociada a amplios sectores de la clase política de este país; y que el tumor cancerígeno de la corrupción y la delincuencia ya estaba metida hasta la médula de la estructura gubernamental.
Mientras el gobierno considera que el caso de los 43 desaparecido podría quedar en la impunidad, tal como sucedió con las masacres de Acteal, El Charco y Aguas Blancas, y los más de 100 mil muertos y 30 mil desaparecidos desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha. Para la ciudadanía, que ya viene despertando de ese prolongado letargo, el caso de los 43 significa el principio del fin de ese sistemático estado de violencia y corrupción gubernamental que venimos padeciendo.
Contra el intento gubernamental de dar por muertos a los 43 desaparecidos sin prueba alguna, la movilización ciudadana y los disturbios callejeros se van acrecentando día a día; el próximo 20 de noviembre, fecha histórica para los mexicanos, será testigo de otra jornada de movilización global en contra de la impunidad y la injusticia. En este contexto la desaparición de poderes en Guerrero y la renuncia de Peña Nieto y su gabinete de seguridad, son demandas populares que cada día cobran mayor resonancia, no sólo en todo el país sino en el mundo entero.

Gobernanza, ahora

Ya se cumplieron los primeros 15 días naturales de gobierno de Rogelio Ortega, y aún no se concreta ninguna de las acciones inmediatas que esperaba la ciudadanía, ni tampoco se percibe el programa de gobierno que podría transformar la situación de ingobernabilidad para la cual fue designado. Por el contrario, la inestabilidad en Guerrero cada día se complica debido a la inacción del nuevo gobierno que lejos de aplicar los preceptos de gobernanza y resolución pacífica de conflictos –tal como dicta la ciencia política, tema doctoral del gobernador–, su gobierno es más de lo mismo: adulación a sus “superiores”, reuniones protocolarias con funcionarios federales, participación en eventos sociales para destacar su investidura, cuasi ratificación del antiguo gabinete, encapsulamiento de su desempeño a un círculo cerrado de colaboradores, etcétera. Contra lo que anunció en su discurso de toma de protesta (“diálogo permanente con la ciudadanía”) no se percibe aún ningún indicio inteligente de establecer canales y espacios de diálogo con la ciudadanía activa de Guerrero.
No obstante, a pesar de la vorágine social que se avecina, en Guerrero todavía es posible crear espacios de gobernanza que permitan conducir la actual crisis de gobernabilidad e incertidumbre hacia una situación de armonía, desarrollo y paz. Pero la gobernanza, entendida como el espacio en el que ciudadanos y gobiernos se reconocen mutuamente, solo será posible si, en principio, desde el gobierno del estado se establecen canales de comunicación y reuniones de trabajo con los distintos actores sociales.
Hoy, cuando la voz de los callados ya se empieza a escuchar por todos lados y a expresar a su manera, no es posible que el gobierno persista en el síndrome de oídos sordos, el autoritarismo, la prepotencia, la discrecionalidad y la imposición de su verdad. Es necesario que el gobierno del estado salga a la calle con la cara al sol, que se acerque a la ciudadanía y a sus organizaciones, que establezca espacios de diálogo permanentes y que construya propuestas de consenso frente a los problemas de urgente resolución. Todo ello, siempre en el marco de la ley y con una visión estadista de mediano y largo plazo.
He aquí algunas condiciones mínimas que podrían allanar el camino hacia la urgente gobernanza, y para lo cual se necesitan señales (no discursos) prácticas del nuevo gobierno guerrerense:
1. Esclarecer el caso de los 43. Mientras no se esclarezca la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cualquier otra acción de gobierno será irrelevante. La armonía, la paz y el desarrollo que necesita Guerrero necesariamente pasan por la resolución de este abominable hecho, sea que regresen vivos o que se demuestre fehacientemente lo contrario; es vital que se conozca a la luz pública la verdad de los hechos, y que se aplique la justicia contra los responsables directos e indirectos. Ahora ya no es posible que el gobierno siga operando este caso a su propia manera, es importante que asuma el papel de colaborador y facilitador para que los familiares agraviados y la ciudadanía sean partícipes en todas las fases y vertientes de indagación hasta ahora existentes; de lo contrario el gobierno seguirá asumiendo su complicidad o responsabilidad directa en tales hechos.
2. Respetar la ley. Muchos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes federales y estatales, y de los reglamentos y normas de los programas públicos, establecen claramente los principios de equidad, justicia, transparencia y participación ciudadana en la planeación y toma de decisiones en los asuntos de interés públicos. Bajo el principio de que el buen juez por su casa empieza, el gobierno debe respetar las leyes y aplicarlas de manera justa. Rendición de cuentas, consulta ciudadana, planeación participativa, distribución transparente de los recursos públicos, atención priorizada a los sectores vulnerables, y respeto a las garantías individuales, son algunos de los preceptos que deben regir la conducta gubernamental en el nuevo Estado de derecho que se necesita.
3. Trasparentar el ejercicio de gobierno. Para legitimarse ante la ciudadanía y recuperar la confianza hacia la institución gubernamental, es importante que el gobierno del estado defina ya sus acciones prioritarias y estratégicas en el breve periodo que día a día “se va como el agua en las manos”. Realizar un “corte de caja” en la administración estatal (¿qué recibió de la administración anterior?), informar de los programas públicos que se vienen operando en este 2014, ¿en qué status se encuentra el opaco Plan Nuevo Guerrero?, ¿cuál es el programa de acciones inmediatas y los alcances de este gobierno de transición?, ¿cuál es la propuesta de inversión estatal para 2015?, son algunos de los temas que el gobierno deben transparentar a la brevedad si es que desea efectivamente “gobernar con el pueblo”.
4. Instalación de la Comisión de Concordia para la Seguridad, la Paz y el Desarrollo Sustentable de Guerrero. Frente a la pérdida de credibilidad de la sociedad hacia los tres poderes del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), y hacia el sistema de partidos políticos (que con la postulación de funcionarios delincuentes su papel ha quedado en entredicho), ahora más que nunca se requiere que se instale esta Comisión de Concordia cuyos antecedentes se remontan a la crisis de inseguridad pública y al surgimiento del movimiento de autodefensa ciudadana, hace dos años. La instalación de esta Comisión deberá reglamentarse para que, efectivamente estén representados todos los sectores sociales activos y con cobertura en las ocho regiones geoeconómicas de la entidad; y asegurar la representación de los tres poderes del Estado del ámbito federal y estatal. Esta instancia de gobernanza, en la práctica puede asumirse como la convención constituyente que defina por la vía del consenso la nueva gobernabilidad que se necesita en Guerrero.
Si estas propuestas –nuevamente reiteradas– se asumen con voluntad política por parte de los actores gubernamentales y sociales activos, seguramente abrirán cauces de resolución al actual torrente de inconformidad social y a la crisis de gobernabilidad que hoy vivimos. Enhorabuena, si más temprano que tarde el gobierno opta por este camino. Si no, recordemos la máxima popular de que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que los aguante; y que justamente el próximo 6 de diciembre se cumplirán 100 años de la unificación de los ejércitos de Villa y Zapata… y que todos los caminos nos llevarán a la ciudad de México.

* Bajo el ala del sombrero es un espacio de análisis y propuestas para la transformación del campo desde la visión y acción cotidiana de los campesinos.