Piden diputados saber qué se ha cumplido de la recomendación sobre Aguas Blancas

 Perredistas llevan el caso a la Permanente

 También preguntan a la PGR y a la Fiscalía Especial sobre los avances de las indagatorias de la matanza de hace nueve años

 Los diputados federales Eliana García Laguna, Bernardino Ramos Iturbide y Gilberto Ensástiga Santiago, presentaron ayer un punto de acuerdo en el que piden a la Procuraduría General de la República (PGR), que acumule todas las averiguaciones previas abiertas con motivo de la masacre de Aguas Blancas en una única averiguación, “garantizando la imparcialidad de las investigaciones que de ella se deriven”.

El punto de acuerdo se presentó ayer en la Comisión Permanente para su dictamen y en el mismo se pide también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como órgano encargado de verificar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales dirigidas al Estado Mexicano, que informe al Congreso cuáles son los avances en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 49/97, con motivo de la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995 cerca de la cabecera municipal de Coyuca de Benítez.

También solicitan a la PGR y a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que informen “cuáles son los avances y el estado de las indagatorias acumuladas y abiertas por las denuncias presentadas por los familiares y organizaciones no gubernamentales”, y que forman parte de las recomendaciones establecidas por la Comisión Interamericana en su informe sobre Aguas Blancas.

“A nueve años de sucedidos los hechos, la impunidad y la ausencia de voluntad política para asumir la responsabilidad que el Estado tuvo en la planeación y ejecución de la masacre han sido la constante”, expresa el documento.

El próximo 28 de junio se cumplen nueve años de la masacre de Aguas Blancas, donde 17 campesinos perdieron la vida y alrededor de 25 quedaron lesionados, algunos de suma gravedad, “por la emboscada de la que fueron objeto por parte de las fuerzas policíacas del gobierno del estado de Guerrero, encabezado en aquel entonces por Rubén Figueroa Alcocer”.

En el punto de acuerdo también se reiteran, como “responsables de esta violación”, a José Rubén Robles Catalán, ex secretario general de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex primer subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex director               de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex Fiscal Especial; y Esteban Mendoza Ramos, ex director general de Gobernación”.