Carlos Toledo Manzur

Ayotzinapa y la necesidad del cambio profundo

Ya se está volviendo un consenso fundamental la afirmación de que los terribles acontecimientos que se dieron en Iguala, constituyen no sólo una brutal infamia, sino también la dramática expresión de la grave crisis que vive la sociedad mexicana en la actualidad. Esta crisis emerge para contradecir la idea de que, con las reformas en diversos temas de la vida nacional el país se estaba moviendo hacia el progreso y la modernidad.
Lo ocurrido a los normalistas, junto con el terrible crimen de Tlatlaya, y otros cientos y miles de delitos que sufre día a día la ciudadanía en México, son expresiones que demandan con claridad cambios más intensos en nuestro actual modelo de organización y desarrollo. El movimiento social y ciudadano que se ha despertado debe hacer reflexionar a todos los actores de la vida política, económica, social e institucional, para darse cuenta de que las cosas no pueden seguir igual, que deben cambiar los paradigmas políticos y que no es posible seguir pensando y actuando como se ha venido haciendo. Especialmente la clase política debe demostrar que no existe sólo para compartir los beneficios del poder en una sociedad fuertemente desigual, sino que es posible que la política sirva para expresar los intereses generales de la población y para cambiar el país hacia una mayor justicia.
Desde luego, la demanda de un cambio de mayor profundidad, aunque es un planteamiento radical, no supone de ninguna manera la reivindicación de la violencia y la ilegalidad. Por el contrario, se trata de encontrar el camino para reformar nuestra sociedad hacia la paz y la seguridad, que son aspectos fundamentales del bienestar ciudadano. Los actos vandálicos, que desafortunadamente han acompañado al movimiento social de solidaridad y apoyo a los normalistas –aunque entendibles por la gravedad del agravio, el coraje y la indignación– son completamente reprobables. Por ello el reto del movimiento es encauzarse por el camino de la no violencia, el respeto a los terceros y a la legalidad, pero debe encontrarse una forma en la que la energía de esta participación y movilización intensa de los ciudadanos encuentre tdesfogue hacia la realización de estos cambios profundos que la sociedad requiere.
Los partidos políticos están siendo objeto de la crítica intensa de la movilización ciudadana, ya que ha sido evidente que en una buena medida forman parte de este contubernio entre políticos y poderosos económica o criminalmente. El modelo de la democracia representativa ha generado una clase burocrática con intereses propios que usa el poder para comprar a la población necesitada en la época electoral y que comparte el pastel con los poderosos a cambio de administrar la situación, y asegurarse que sigan prevaleciendo los privilegios de unos cuantos y la miseria de la mayoría.
En este sentido, puede interpretarse como un mínimo cambio de señales del PRD hacia la ciudadanía el hecho de que ese partido haya suspendido la instalación de su Consejo Estatal el fin de semana pasado, el cual debería haber elegido a su nuevo Comité Estatal. Como lo planteó el Movimiento Jaguar, cuyos consejeros sencillamente no asistieron al evento, no se consideró conveniente su realización por la necesidad de “ser sensibles al profundo dolor y tristeza que padecen las familias de las víctimas por los lamentables hechos de Iguala y en solidaridad con los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos”.
El eje conductor de una alternativa viable de transformación radical de nuestra sociedad debe ser la participación ciudadana y popular. Los políticos y gobernantes deben transferir el poder hacia la sociedad para apuntar hacia un verdadero fortalecimiento ciudadano en la perspectiva del poder popular. Y hacia allá debería encaminarse el movimiento y las orientaciones de los dirigentes políticos en el proceso de reclamo por los normalistas muertos y desaparecidos.
Se propalan por las redes sociales y la prensa múltiples opiniones de duda sobre la veracidad de las versiones del gobierno federal, tanto de la forma en la fueron encontrados y detenidos el expresidente de Iguala y su esposa, como de las formas en las que supuestamente fueron asesinados y quemados los normalistas. Por ello sería muy adecuado ir más allá de la comisión mixta que se dice se formó, para promover la constitución de una verdadera comisión ciudadana de la verdad y la justicia, en la que participen efectiva e intensamente los padres de los normalistas, personalidades de probada calidad moral y expertos independientes en materia legal, de investigación y forense. Esta comisión o contraloría ciudadana debería tener mucho mayores atribuciones y ser la encargada de recibir en primera instancia, analizar, en su caso validar y comunicar los avances de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales para que sólo se publiquen las versiones que sean avaladas por la comisión.
Urgen las acciones encaminadas a un cambio profundo. Los actores políticos deben modificar sus formas de actuar y pensar para que generen señales de compromiso con esa transformación, para que de la crisis surjan nuevas oportunidades que apunten a evitar que sigan presentándose estas tragedias.