Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Chisporroteos previos al gran incendio

Los chisporroteos que anteceden a un gran incendio se han producido ya en Guerrero durante las violentas protestas protagonizadas por maestros de la CETEG. Pero al contrario de lo que algunos analistas encuentran en esas quemazones –señales de una radicalización inducida por la intromisión de presuntos miembros de las guerrillas y otros “violentos”–, este autor está convencido de que esa violencia se explica por la indignación y el coraje que la muerte y desaparición de los estudiantes normalistas provoca no solamente entre la disidencia magisterial, sino en todo el estado, el país y el mundo.
Recurrir al expediente de la guerrilla y de “los violentos” para describir lo que sucede en Guerrero –y por cada día que transcurre también en otras regiones del país– es una salida fabricada por las autoridades y propagada con singular entusiasmo e irresponsabilidad por el gobernador Rogelio Ortega Martínez, pero es una salida falsa que ignora la autenticidad del enorme malestar social que ha despertado el caso de los normalistas. Aun si fuera cierto que hay “violentos” o supuestos guerrilleros infiltrados en el movimiento por los normalistas, eso sería un síntoma secundario e irrelevante frente a la magnitud y profundidad histórica del fenómeno originado por la matanza del 26 de septiembre. Porque se trata de una sublevación cívica que arrolla al gobierno en la medida exacta en que éste es incapaz de dar una respuesta que satisfaga la necesidad de los padres de los jóvenes desaparecidos de mitigar su dolor con una verdad demostrada, estén sus hijos vivos o muertos. Asimismo, el levantamiento nacional que acompaña a los padres y a los normalistas se alimenta de la conciencia, expresada como nunca antes en el país, de que la justicia en este caso no puede ser una simulación, y de que el primer paso de la justicia debe ser el conocimiento de la verdad. Por todo ello, no importa cuántos guerrilleros o “violentos” haya entre los manifestantes –si es que los hubiera–, no son ellos los que importan ni los que le dan forma a las protestas, sino la indignación de la sociedad, que es real y más grande y expansiva conforme pasa el tiempo sin que las autoridades reaccionen como es su obligación y como les es demandado. Por esa razón la prédica que se esparce desde el púlpito gubernamental, de que la violencia no es el camino y produce más violencia, es un intento inútil y fatuo de desacreditar la causa normalista.
No solamente en el país es grandiosamente abrazada la causa de los estudiantes y los padres de los jóvenes desaparecidos. Las muestras de solidaridad y preocupación provenientes del extranjero no dejan duda del impacto global que produjeron estos acontecimientos, que desenmascararon al país y mostraron a los ojos del mundo el México real escondido bajo el discurso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ayer mismo se conocieron nuevas reacciones, todas importantes, que reflejan la inquietud internacional por el asesinato y desaparición de los estudiantes en Iguala.
“Quiero de alguna manera expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de legal desaparición, pero, sabemos, de asesinato de los estudiantes”, dijo el papa Francisco. “Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que está detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de sus familias”. El pontífice no fue más allá de acusar al narcotráfico como el causante último del caso, pero días atrás el Episcopado Mexicano, es decir, la representación completa de la iglesia católica en el país, emitió un comunicado inusualmente crítico hacia las autoridades, en el cual solicitó llevar la investigación “hasta las últimas consecuencias” para conocer con certeza lo que sucedió con los 43 normalistas desaparecidos y sancionar con “todo el peso de la ley” a los autores intelectuales y materiales de los hechos, además de hacer valer el Estado de derecho para “poner fin a toda forma de violencia, actividad ilícita, corrupción, impunidad, nexos y complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado” (El Sur, 11 de noviembre de 2014).
Las piadosas palabras del Papa ponen de manifiesto las dificultades que existen en el mundo para asimilar el horror de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, y la posición de los obispos mexicanos pone el dedo en las purulencias que destila en este momento el Estado y que explican los hechos de Iguala. La misma estupefacción reflejó antier en Ginebra el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Raad al Husein, quien definió el caso como “profundamente perturbador”. A su vez, el gobierno de Estados Unidos volvió a expresar su indignación por “este horrible y bárbaro crimen” que “debe ser amplia y transparentemente investigado y los responsables ser llevados sin retraso ante la justicia para que sean castigados conforme al debido proceso y con respeto a la ley”, según dijo Jen Psaki, la vocera del Departamento de Estado. La funcionaria estadunidense manifestó que no conoce a nadie “que no esté increíblemente triste, no sólo por las víctimas, también por las familias de éstas”, y urgió al gobierno de Peña Nieto a dar respuestas convincentes sobre lo ocurrido con los normalistas para evitar disturbios en las marchas. Y aunque pidió “mantener la calma durante el proceso”, en alusión a los incendios ocurridos en Guerrero, se abstuvo de condenar la violencia, sin duda consciente de que se expresa allí el malestar social. El diario The New York Times reconoció y describió con exactitud ese malestar al afirmar que “los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno que ha fracasado en dar seguridad, respetar el Estado de derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familias”.
Como se ve, en el extranjero no se habla de los “violentos” ni se condenan las acciones de ira ocurridas en las marchas. Se comprenden como lo que son, manifestaciones de una indignación social legítima, inevitable, que si se incrementan y extienden es por la falta de respuestas aceptables por parte del gobierno. No parece, sin embargo, que las autoridades federales reparen en esta realidad que por lo visto las rebasa, pues ayer mismo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió en que “en la violencia jamás encontraremos la solución”. Planteó “unirnos para cerrar la puerta a la injusticia, poner punto final a la impunidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades”, pues “cuando la justicia debe hacerse, no hay tiempo que perder”. El mismo palabrerío de siempre, pues.

[email protected]