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El 72 por ciento de ejidos y comunidades en Guerrero han sido certificados, informan

 

“Absurdos”, los argumentos de las organizaciones sociales que se oponen al Procede, dice el subprocurador agrario. En reunión con alcaldes, piden funcionarios federales apoyo para que se inscriban los núcleos agrarios

 Teresa de la Cruz Chilpancingo  

El subprocurador general de la Procuraduría Agraria, Rogelio Parra Silva, calificó ayer de “absurdos” los argumentos de algunas organizaciones sociales que se oponen al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), porque lo que “busca es dar seguridad jurídica” a los campesinos y “contribuir” para que terminen los “problemas agrarios”.

En tanto que el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, durante la reunión con alcaldes y representantes de municipios donde no han podido aplicar el Procede por conflictos agrarios, informó que hasta el momento “el 72 por ciento del universo de ejidos y comunidades en la entidad han sido certificados”.

En marzo, en conferencia de prensa, integrantes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y el dirigente nahua Marcelino Díaz de Jesús acusaron a la Procuraduría Agraria “de atentar contra los pueblos indígenas” por medio del Procede, y argumentaban que “las tierras siempre han sido de tipo comunal”, pero que la aspiración del gobierno federal “es la individualización para que así la tierra se pueda vender”.

Parra Silva, consultado luego de una reunión con alcaldes y representantes de algunos ayuntamientos que por conflictos agrarios no se han incluido en el Procede, expresó que esas afirmaciones son “absurdas” porque lo único que buscan la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria “es dar seguridad jurídica a los campesinos”.

Dijo que no sólo se han encontrado con ese tipo de argumentos de organizaciones sociales como táctica para resistirse a la aplicación del Procede, sino también “hay otros que dicen que con tener el título o certificado de propiedad el campesino va a pagar impuesto, pero esa no es la realidad”.

Y expuso que uno de los objetivos del Procede “es abatir la gran cantidad de problemas agrarios” que hay no sólo en Guerrero, sino en Oaxaca, Chiapas, Veracruz así como Michoacán; “el programa no es impositivo, si los campesinos a través de sus asambleas deciden no regularizarse sus tierras nadie los obliga”.

Adelantó que la regularización de la tenencia de la tierra a través Procede, y que es financiada por el gobierno federal, concluye en marzo de 2006, aunque para “tener buenos resultados creemos que los gobiernes estatales y municipales deben apoyar esta labor, cuya meta nacional es llegar a los 18 millones de hectáreas certificadas”.

Indicó que la consecuencia inmediata para los núcleos agrarios que no regularicen su situación jurídica se verá reflejada al “querer adquirir beneficios de programas interinstitucionales”.

Otra consecuencia se vería en los gastos, “porque hasta 2006 el gobierno federal apoyará a los campesinos para tener sus títulos y certificados de modo gratuito, y si los campesinos no quieren aprovechar después de marzo de 2006 los gastos –que son de 700 mil pesos por núcleo ejidal– que implica la delimitación por parte de técnicos especializados, va a correr por su cuenta”.

Buscan disminuir los conflictos, dice el delegado estatal

Durante el foro titulado Estrategias para la conclusión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, expuso que el Procede es un programa que busca contribuir en la disminución de “conflictos agrarios” en la entidad.

En la sala de recepciones del ayuntamiento, Jaimes Ferrel precisó que desde 1993, un año después que entró en vigor el Procede como parte de la reforma al artículo 27 de la Constitución Mexicana, en Guerrero ha sido certificado 72 por ciento del universo de ejidos y comunidades.

Luego llamó a los presidentes municipales y al gobierno del estado para que antes de que concluya su administración “apoyen” a la Procuraduría Agraria, a fin de “buscar los caminos más cortos para que los núcleos agrarios obtengan sus títulos y certificados de propiedad”.

Enfatizó que los títulos de propiedad “evitarían las confrontaciones entre comuneros, confrontaciones que desembocan en el derramamiento de sangre, y lo que nosotros queremos son municipios que trabajen en paz”

Insistió en dirigir su discurso a los alcaldes y al gobierno del estado para que “apoyen” la aplicación del Procede, “y así al término de su administración entreguen un campo en paz, apto para el desarrollo sustentable que todos los guerrerenses queremos”.

Entre las “bondades” del Procede –según expuso la delegación estatal de la Procuraduría Agraria– está la “gratuidad” pues hasta marzo de 2006 el gobierno federal no va a cobrar por los gastos técnicos, y también se caracteriza el programa porque “no es impositivo”.

Agrega la delegación estatal en su informe que Guerrero tiene mil 53 ejidos, de ellos tiene certificados 903; en cuanto a comunidades hay 200 y de éstas 103 han sido certificadas. De las 350 ejidos y comunidades que faltan por certificarse 33 son viables para el Procede, 213 están en atención especial y 103 no son viables.

Acuerdan alcaldes impulsar el Procede

En la misma reunión algunos alcaldes se comprometieron a impulsar el Procede en sus localidades, aunque dijeron que si los conflictos agrarios “son ancestrales”, descartan que con el programa se solucionen.

De los 44 alcaldes que debían haber asistido a la reunión con las autoridades agrarias sólo acudieron algunos como el de Acatepec, Raymundo García; el de Tecoanapa, Ignacio Luna; el de Mártires de Cuilapan, Viliulfo Morales; de Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca; y del resto de los municipios sólo acudieron representantes.

Entre las autoridades se encontraban el delegado estatal del Registro Agrario Nacional (RAN), Jaime Gutiérrez Robles; el supervisor operativo del Procede en Guerrero, Celso Bailón Díaz, así como el secretario técnico del Comité Operativo Nacional del Procede, Francisco Ríos.

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