Carlos Pérez Aguirre

Violencia… sólo en legítima defensa

Por desgracia, la violencia está en nuestra cotidianeidad. Hoy, la frase “sobrevivir al día” es literal y no una alegoría sobre vencer las dificultades económicas. Dos caras de la violencia hemos presenciado los mexicanos, una que lleva flagelándonos hace ya varios años y deja decenas de ejecutados diariamente, ejecutados en el momento y en el lugar equivocado, esa violencia que se ejerce en contra de la ciudadanía es totalmente ilegal e ilegítima. La otra es la observada en estos últimos días, también una violencia, pero que responde más a la que pudo haber sido, ciudadanos comunes que no quisieron pagar la extorsión, o un profesionista o empresario secuestrado, jóvenes que estaban en indignación y hartazgo derivado de observar que en todo el país elementos del Estado, del gobierno, se han coludidos con la corrupción y se han unido a criminales que agreden a la población a la que deberían cuidar.
La violencia generada en la indignación contra aquellos que en contubernio actúan contra nuestras familias y contra nuestras vidas, esa es una violencia totalmente legítima.
La violencia del contubernio y la corrupción mata, destruye nuestras vidas y nuestra convivencia. La violencia de los indignados ante la falta de respuestas y la indiferencia –enormes manifestaciones pacificas en la ciudad de México y en diversas ciudades del país, y la condena internacional– es por la vida. Y no obstante, con una insensibilidad de saurio el presidente Enrique Peña Nieto prefiere viajar al extranjero y prenden fuegos para hacerse notar. La sociedad, el pueblo, los ciudadanos, todos los que habitamos este país, en cada una de las entidades que forman la federación y entre ellas el estado de Guerrero, hemos sido agraviados, agredidos por una violencia ilegítima que secuestra, extorsiona, asesina y que, muchas veces notamos los ciudadanos en el actuar de los asesinos, de los verdaderos violentos, la frontera entre los cuerpos de seguridad del Estado y los delincuentes es casi invisible; todo parecería indicar que unos se subsumen en los otros. Cuántas veces leímos en las notas de los periódicos o en los noticieros electrónicos acerca de secuestros, extorsiones, cobros de piso y muertes; cuántas veces supimos que los organismos empresariales, las cámaras y organizaciones de comerciantes, los colegios de profesionistas, los sindicatos y miles de voces clamaban que se detuviera la ilegítima y demencial violencia, violatoria de todo Estado de derecho y ley.
Un dato que tenemos que grabar en nuestra conciencia es que la cifra de muertes violentas relacionadas con la delincuencia en lo que va de este año ascienden a poco más de 23 mil personas, y según los estudiosos del tema sólo se denuncia un pequeño porcentaje de estos delitos por la desconfianza que se tiene a la autoridad; por ello, la cifra de muertos en esta demencial ola delictiva es muchísimo mayor. Cuál es entonces la forma para que al ciudadano se le respete el derecho más elemental que tiene, su derecho a la vida; qué se puede hacer cuando las masas pacificas de gente que protesta no los preocupan, no los obligan a actuar, ¿o queremos seguir viendo pasar los cadáveres de familiares, de nuestros hijos, hermanos y de miles de jóvenes que se desangran en la actualidad en este país? Por eso, nuestra voz y nuestra acción deben estar hoy con los que protestan contra el actual estado de cosas, la sociedad ha despertado y demanda paz y tranquilidad, porque por más repulsión que nos genere la más mínima violencia, hoy esa violencia se ha vuelto legítima.
Mientras tanto, parece que al gobernador Rogelio Ortega más le interesa lavarle la cara al anterior gobierno, ¿cuáles serán sus acuerdos o compromisos con el corrupto equipo del ex gobernador Ángel Aguirre?, cuando la tarea del actual gobierno para realmente reconciliar a la sociedad debería ser encabezar las demandas de los padres de los jóvenes asesinados de Ayotzinapa y del joven jugador del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, establecer mecanismos urgentes para encontrar a los desaparecidos, demandar y hacer justicia con investigaciones objetivas y trasparentes.
Paralelamente, el gobernador debería ordenar las auditorías correspondientes en función de la posible corrupción de la pasada administración, esto por su propia protección, porque no debe olvidar que en los escasos nueve meses en los que ocupará el gobierno, de existir desvíos o fraudes él será el responsable, y deberá cargar al término de su administración con esos pasivos.
Y la más importante, determinar el grado de responsabilidad del gobierno de Ángel Aguirre en los actos de comisión u omisión, para su debido castigo.

[email protected]