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Pide el Congreso a la Sefotur, que se ejercite acción legal contra exdirectivos del CIA

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

La Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Congreso del Estado, exhortó a la secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda a ejercitar acción legal contra los ex directores general y operativo del Centro Internacional Acapulco (CIA), Jorge Cortés Gutiérrez y Carlos Saavedra Toache, por los daños y perjuicios ocasionados a este organismo público descentralizado durante los periodos del 2000 al 2002.

El llamado fue hecho por la diputada priísta Alicia Zamora Villalva, de acuerdo al informe de la instancia legislativa que presentó en tribuna sobre los resultados de las auditorías practicadas al CIA, por la Auditoría General de Estado (AGE) y a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA), de los ejercicios fiscales del 2000 al 2003.

Además, la diputada por el PRD, Gloria Sierra López, en tribuna, reveló el resultado de una auditoría practicada por la Contraloría General del estado (CGE), al CIA el año pasado, que determinó la existencia de un adeudo por 834 mil 278 pesos, donde empresas privadas, de medios de comunicación, bancos, particulares, el Ayuntamiento porteño y el PRI, destacan como deudores.

En la lista proporcionada por el director del CIA, Miguel Soberanis Nogueda a la legisladora perredista, el PRI adeuda desde el 95, 18 mil 105 pesos; el Ayuntamiento de Acapulco debe 200 mil 450 pesos; la empresa Televisa, 4 mil 958 pesos y Teresita Martínez Silverio, con un adeudo de 328 mil 464 pesos, entre otros.

El adeudo, informó Sierra López, de acuerdo al documento, fue dado de baja por el Comité Técnico del fideicomiso del CIA en acatamiento a una sugerencia del contralor Marcelino Miranda Añorve, debido a que “no se cuenta con la documentación” que explique en qué consistió el servicio prestado por el CIA a los deudores.

Por su parte, el diputado por el PRS Heriberto Noriega Cantú aseveró, en base a las declaraciones del director de la OCVA Alexis Iglesias Aragón, que los actuales directivos del organismo público pagaron 750 mil dólares a “compañías” de Estados Unidos por servicios de promoción turística que nunca hicieron.

Posteriormente, se contrató un despacho jurídico por 15 mil dólares para que interpusiera una demanda en contra de estas empresas.

El representante del despacho es Joaquín Mendoza Castillo, “que por cierto ya dejó el caso”, aseguró en tribuna Noriega Cantú y afirmó que el abogado es el esposo de la actual contadora de la OCVA.

Otras irregularidades del ejercicio fiscal del 2003 que denunció el legislador perresista fueron: el pago de 150 mil dólares a la aerolínea denominada Global Air, aunque Alexis Iglesias no ha dicho que no existe tal empresa área.

Los actuales directivos de la OCVA adquirieron dos lanchas facturadas como “nuevas” y que entregaron a una cooperativa de pescadores de Puerto Marqués, indicó.

Sin revelar el pliego de observaciones que hizo la AGE a la OCVA, después de la auditoría practicada al ejercicio fiscal del 2003, Noriega Cantú aseveró que en estos tres casos de irregularidades denunciados por Iglesias Aragón, suman alrededor de un millón de dólares.

“La OCVA y el CIA son un lodazal”, sintetizó Heriberto Noriega el sentido de los resultados de las auditorías practicadas por la AGE a los dos organismos públicos descentralizados.

El informe presentado por la comisión de vigilancia y evaluación de la AGE, llama además al contralor del estado para que finque responsabilidades administrativas a los ex directivos del CIA.

Por no haber enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) la retención de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR), la AGE informará a la dependencia federal sobre las irregularidades cometidas del 2000 al 2002, para que lleve a cabo los requerimientos y procedimientos administrativos correspondientes.

Sobre los resultados de las auditorías practicados por la AGE a la OCVA y el CIA del ejercicio fiscal del 2003, los diputados determinaron esperar hasta que los directivos solventen las irregularidades detectadas por la instancia legislativa para fijar su postura.

En su intervención, Noriega Cantú aseveró que los diputados no están haciendo un escándalo al revelar las irregularidades que actualmente han cometido los directivos de la OCVA y el CIA, lo escandaloso fueron las “irregularidades” cometidas.

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