Por miedo al costo político el gobierno no aplica la Ley Dimayuga, dice el diputado

 Siguen las movilizaciones y las autoridades no proceden, lamenta el principal promotor de esa norma, Mariano Dimayuga. Tuve que ceder y firmar la cuenta pública de 2003 a cambio de que aprobaran la iniciativa, asegura

 Adalberto Valle Sánchez

A casi un año de que se aprobara la Ley Dimayuga –que castiga a quienes bloquean la vía pública– el diputado local perredista Mariano Dimayuga Terrazas –principal promotor de la misma– señaló que persisten estas movilizaciones porque la autoridad no ha querido aplicar la ley por miedo a los costos políticos.

Al asistir a la sesión semanal del grupo ACA, el legislador acusó al gobernador René Juárez Cisneros y a los alcaldes de municipios donde ha habido bloqueo de calles y carreteras, de ser los responsables de no castigar este delito.

Pero aseguró que los bloqueos han disminuido 90 por ciento.

Ante los acasocios, Mariano Dimayuga recordó que en 2003 tuvo que ceder a firmar la cuenta pública cuatrimestral para que se aprobara la reforma al Código Penal y se castigara a quien obstruyera el libre tránsito en alguna avenida o carretera.

Dijo que tuvo que signar la cuenta pública a cambio de que los diputados del PRI votaran a favor de la aprobación a esa reforma. “Incluso, en el orden del día salió primero la cuenta pública y luego la reforma para la ley. Es decir, me condicionaron y esperaron que votara a favor de la cuenta pública, sino no la hubieran apoyado (la Ley Dimayuga).

Agregó que después de esa sesión en el Congreso local, le mandaron 150 mil pesos en dos cheques por parte del gobierno “por portarse bien”, pero aseguró que no aceptó el dinero. Esa ley se votó y se aprobó el 27 de junio de 2003, y salió publicada en el Diario Oficial el 18 de julio.

Mariano Dimayuga mencionó que quienes insisten en la toma de calles son principalmente los profesores, transportistas y algunas organizaciones sociales. “Pero es porque no quieren aplicar la ley. Le tienen miedo a los costos políticos. Yo creo que ya deberían olvidarse de los costos y pensar en el interés de la sociedad, no pensar en su persona, en su carrera o su futuro político”.

Al preguntarle después de la sesión sobre la iniciativa que presentó el diputado priísta Joaquín Mier Peralta, para castigar con cárcel a quien tome oficinas o instalaciones públicas, Mariano Dimayuga calificó como positiva esa acción.

“Yo creo que va a proceder la ley, pero debe ser bien aplicada. Que no se utilice como pretexto para no dar respuesta a las demandas de las organizaciones y de la sociedad. Hay muchas demandas, por eso a veces se ven obligados a tomar las oficinas”.

Por otro lado, el diputado señaló en la sesión que el informe del gobernador debe ser abierto a los ciudadanos y no sólo entregarse por escrito al Poder Legislativo, además de que se deben incrementar las auditorías al Ejecutivo.

Por último, dijo que su sueldo es de 30 mil pesos más otros 20 mil para gastos extras. Sobre el dinero para gestoría con el que cuentan los diputados, mencionó que no todos reportan esas cantidades bien justificadas.