Expone el síndico de Zihuatanejo documentos para probar corrupción en la alcaldía

 Brenda Escobar Zihuatanejo

Ayer miércoles, en conferencia de prensa, el síndico procurador de Zihuatanejo, Joaquín González Ramírez presentó lo que llamó pruebas en contra de la administración municipal, entre las que destaca la duplicidad de pólizas de cheques y de contratos con prestadores de servicios, falsificación de listas de raya, autorización de bonos, entre otros.

González Ramírez explicó a los reporteros locales y corresponsales que se dieron cita a la una de la tarde en un salón del hotel Fontan, en Ixtapa, que hacía la denuncia pública “como representante legal del municipio y dentro del ámbito de mis atribuciones como síndico procurador” y que lo ahí expuesto “demuestra de manera contundente, actos de corrupción, así como las maniobras administrativas orquestadas por la tesorería municipal para evadir los controles que le impone la Ley y así aprovecharse de los recursos del pueblo de José Azueta”.

Aseveró que no se presta a situaciones de engaño y que de ahí deriva el verdadero conflicto, que desde el comienzo de ésta –que en la historia del municipio es la primera administración que gobierna emanada de un partido distinto al PRI–, sostiene con el alcalde Amador Campos Aburto y sus funcionarios más allegados, como es la tesorera Gilda Soberanis Gamiño.

González subrayó que las pruebas presentadas ante los medios están documentadas y que la mayoría de dichos documentos son copias certificadas por la Auditoría General del Estado, como pruebas que él presentó en contra de la administración de Campos Aburto.

La exposición

Luego, tocó el turno a su consultor de imagen, Cuauhtémoc Rafael Rodríguez Verduzco, quien hizo la presentación de los documentos a través de 16 anexos, entre los que presentó pólizas de cheque en los cuales la tesorera Gilda Soberanis no solicita al síndico la autorización de los gastos que lleva a cabo la administración.

Se señaló al gerente de la sucursal bancaria BBVA Bancomer de Zihuatanejo, de estar en contubernio con la tesorera para controlar las cuentas bancarias y que éste se niega a entregar un informe detallado de las cuentas que maneja el Ayuntamiento.

Asimismo, resaltó “la compra del cuerpo colegiado (regidores) para darle legalidad a acciones fraudulentas” y que el incumplimiento de los controles que marca la Ley, ha provocado en el gobierno municipal la manipulación de contratos, de presupuestos, pólizas, listas de raya y factoraje, “lo que resulta en una disposición ilegal del dinero de los azuetenses”.

En la presentación, cuyo título fue Crónica de un Fraude Anunciado, descubrieron la forma de operar de la tesorera municipal, quien controla el dinero y al gerente de la sucursal bancaria, así como la Contraloría municipal (doble contabilidad, simulación e impunidad); direcciones (control sobre pagos, cobros y adquisiciones) y el Cabildo (legalidad a cambio de bonos).

Un ejemplo de la doble contabilidad se descubrió con una póliza, emitida el 29 de diciembre de 2003, a nombre del director de Asuntos Jurídicos, Apolonio Osorio Reyes, por la cantidad de 300 mil pesos por concepto de gastos a comprobar, para el pago de juicios laborales que se encuentran en proceso y que se le pagó con el cheque número 6826, de la cuenta 017364334 de BBVA Bancomer.

Con la misma fecha, el mismo número de cheque, de la misma cuenta bancaria, se prestaron 300 mil pesos al municipio de La Unión, dinero que el alcalde Carlos Reyes Torres se comprometió a pagar el 31 de enero de este año.

El síndico aseguró en la conferencia que el préstamo al municipio de La Unión no se sometió a cabildo, así como tampoco fue en su momento el préstamo por 200 mil pesos al municipio de Tlalchapa, en la Tierra Caliente; dijo además, que la tesorera envió a la AGE la póliza que avala los 300 mil pesos dados a Osorio Reyes, pero no se mandó el documento del préstamo a Reyes Torres.

Sobre la manipulación de contratos de servicios, presentó uno de ellos a nombre de Edson Hernández Quiroz, propietario de la empresa Arte Visual, quien es esposo de Michelle Soberanis, sobrina de la tesorera municipal, quien cobró 35 mil pesos por elaborar un video de apoyo para el primer informe del alcalde Amador Campos Aburto.

También por el mismo concepto y por la misma cantidad, la señora Nadia Sudjey Rebolledo Navarrete cobró 35 mil pesos.

Se presentaron listas de raya que manejó la dirección de Obras Públicas con nombres de personas ficticias y en algunos casos, con la falsificación de la firma de albañiles que trabajaron en la construcción de la calle Nicolás Bravo y que por causas desconocidas no se presentaban a cobrar.

Esa irregularidad fue denunciada en su momento por los regidores perredistas María Higinia Ríos Radilla y Mauricio Cancino González.

Asimismo, se mostró una lista de funcionarios y regidores a quienes se les autorizaron préstamos personales sin que el cabildo los haya aprobado, como al regidor panista Rafael Guzmán Eloisa (100 mil pesos); el secretario particular del alcalde, Cristóbal Aburto (gastos a comprobar de 45 mil pesos); el gerente de la Cámara Nacional de Comercio de Zihuatanejo, Héctor Manuel Ezeta Gómez (apoyo de 50 mil pesos); Inés Blanco, hermano del secretario privado del alcalde, Silvano Blanco de Aquino (apoyo económico de 6 mil pesos).

Otro de los documentos que se exhibió fue un acta de cabildo con fecha 15 de diciembre de 2003, en la que se asentó la autorización de un bono con motivo de fin de año para todos los ediles, así como para la tesorera Gilda Soberanis y el secretario general, Gonzalo Castro Reyes.

De acuerdo al documento, el reparto sería de 200 mil pesos para el alcalde Amador Campos; 150 mil para el síndico procurador; 100 mil para los regidores y 50 mil para Soberanis y 50 mil para Castro.

Se criticó que “como fue aprobado por el cabildo, se supone que es legal el bono, entonces no nos explicamos por qué salió un cheque a nombre del secretario general Gonzalo Castro, por la cantidad de un millón 450 mil pesos y que después fue entregado el dinero a cada edil como gasto a comprobar”.

Joaquín González dijo que en esa ocasión aceptó ser parte del reparto del bono, “para poder comprobarle a la ciudadanía que tanto el presidente como los regidores se autorizan bonos como que si lo merecieran, por tener a Zihuatanejo como de primer mundo”.

Después, presentó una ficha de depósito por 150 mil pesos que depositó el 30 de diciembre del 2003 a una de las cuentas del gobierno municipal, “yo regresé ese dinero, sólo quise comprobar que a los regidores les gusta el dinero y que sí fue verdad lo del bono que tanto ha negado el alcalde y el secretario general”.

El síndico anunció que luego de esto, presentará una nueva denuncia penal en contra de Soberanis Gamiño y el director de Asuntos Jurídicos, Apolonio Osorio Reyes y que está en la espera de que la Comisión Instructora del Congreso local les dé cita nuevamente para desahogar estas pruebas.