Lydia Cacho

PLAN B

*Carta a los corresponsales

Como afanador que lleva un balde de agua sucia para limpiar la casa, el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, siguió las instrucciones de Presidencia para aclarar que Ayotzinapa es un caso aislado, que los militares no apoyaron a las víctimas porque en caso de haber sido llamados por la policía, ellos habrían ayudado a los oficiales y no a los ciudadanos, porque su labor como coadyuvantes de las fuerzas de seguridad municipal y estatal en las comunidades tiene como meta proteger y apoyar a la autoridad y no a las y los ciudadanos (a quienes, deja implícito, se considera criminales potenciales). Medina Mora esquivó preguntas no aprobadas por Los Pinos. Los extranjeros encuentran incomprensible aquello que se explicaría más o menos así:
Somos una República federal con 31 estados libres y soberanos; cada uno con poder judicial y cuerpos de seguridad independientes, la PGR se encarga de los delitos federales. En la última década, debido a la “guerra contra las drogas” diversos crímenes relacionados con la delincuencia organizada se federalizaron, ya que dentro del Plan Mérida se contemplaba la urgencia de reestructurar a los cuerpos policiacos y a los poderes judiciales estatales a fin de romper vínculos con los cárteles y erradicar la corrupción institucionalizada. La Se-cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es responsable de la seguridad interna del país, pero Felipe Calderón y el Congreso de la Unión le autorizaron llevar a cabo labores policiacas mientras se reestructuraba a las policías estatales (cosa que nunca sucedió cabalmente). Por otro lado, los estados sin cárceles de alta seguridad se llenaron de detenidos por narcotráfico, por homicidio y secuestro, detenidos sin proceso y sin sentencia que se apropiaron de al menos un 50 por ciento de las cárceles municipales del país. El gobierno federal, junto con la Sedena, la Segob, el poder Legislativo y los asesores de seguridad, como bomberos, hacen el trabajo de seguridad a gobernadores ineptos. La PGR comenzó a purgar a sus delegados en los estados para evitar que se coludieran con los cárteles, los procuradores locales comenzaron a desentenderse de sus casos más complicados aduciendo incompetencia jurídica por ser delitos federales. Las delegaciones de la PGR se convirtieron en castillos de papel saturados de casos, sin recursos ni personal suficiente para investigarlos. Mientras, Genaro García Luna y Calderón hacían montajes mediatizados para hacer de la justicia un espectáculo casi pornográfico, en que se declaraba culpables a los detenidos sin el debido proceso. Durante seis años, se instauró un ambiente de linchamiento en el que se normalizaron las desapariciones forzadas y las masacres; Peña cambió el discurso, pero no la realidad. La palabra fosa se convirtió en pseudónimo de muerte y abandono. Los números fueron aumentando de mil a 10 mil, a 100 mil.
Nos acostumbramos a un discurso en que la muerte era sucedáneo de justicia, justicia de los narcos hacia sus adversarios, justicia de las autoridades para con las y los sospechosos. La Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, antes revisora que exigía transparencia en la purga policiaca y la modernización del poder Judicial para rescatar el Estado de derecho, se convirtió en cómplice cómodo, premiando a gobernadores por hacer un trabajo malo, mediocre y lleno de falsos reportes sobre supuestos avances.
Mientras, tanto, la sociedad civil entró en un creciente  estado de alerta, agotador y solidario, marchas, muertes, secuestros, feminicidios, trata de personas, periodistas encarceladas, periodistas asesinados. La guerra contra las drogas se convirtió en la guerra contra la cordura. Peña Nieto, entonces gobernador, y el PRI/PAN en el Senado dejaron que todo sucediera “que se hunda el país, para que se hunda el PAN y regrese el PRI” pare-cían decir esos legisladores de siempre que, inmutables dejaron hacer y dejaron pasar.
Llegó Peña a la Presidencia y se montó la gran farsa, en la que participaron medios internacionales que hoy reclaman las mentiras que dieron por buenas. Dijeron que ya no había guerra, pero las masacres siguieron, los gobernadores volvieron a sus andanzas acallando a la prensa con plata o plomo. El Ejército continúa sus labores policiacas al lado de narcopolicías. Los gobernadores negocian con el narco, los procuradores siguen enviando casos a una PGR rebasada e infiltrada al mismo tiempo. La sociedad civil, atribulada y desesperada, sigue sus marchas plagadas de cruces, de rezos, de poesía. Viudas y viudos, madres, padres huérfanos de sus hijos e hijas, hermanos buscando a los suyos en fosas. Go-bernantes surgidos de las filas del narco, partidos políticos (todos) irresponsables que aceptan al mejor candidato aunque sea un criminal. Un gobernador que paseaba en yate para no ver de cerca la catástrofe. Un alcalde impune de un pueblo donde nació la guerrilla (donde se independizó la educación, donde la gente se cansó del cacicazgo criminal), siguió gobernando mientras la PGR tenía su grueso expediente por homicidio, por amenazas, perdido en una montaña de papel en poder de las autoridades federales. La ausencia de Estado de derecho no es una casualidad, es el resultado de una desgraciada estrategia de políticos ineficientes y mafiosos.