Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*El presidente está enojado

*De Ayotzinapa a la “Casa Blanca”

En 1981, el presidente José López Portillo tuvo un arrebato de sensibilidad y renunció a la posesión de un rancho de 80 hectáreas que amigos suyos encabezados por el gobernador del Estado de México, Jorge Jiménez Cantú, le habían regalado. Aun cuando el resto de su vida consideró que había sido despojado de una propiedad legítima, y llegó a hacérselo saber personalmente al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien hizo público ese episodio de corrupción en una histórica entrega de su columna Plaza Pública, López Portillo hizo frente a la denuncia sin recurrir al golpe de poder que estaba a su alcance.
Hoy no puede esperarse que el presidente Enrique Peña Nieto resuelva con un gesto similar el escándalo que ha ocasionado el extraordinario reportaje del diario digital Aristegui Noticias, que dirige la periodista Carmen Aristegui, gracias al cual la opinión pública pudo enterarse hace nueve días de la oscura operación que puso en manos de la pareja presidencial la majestuosa casa de 86 millones de pesos ubicada en la calle Sierra Gorda número 150, en la colonia Lomas de Chapultepec de la ciudad de México, refugio favorito de la opulencia nacional.
Como en el caso del rancho que iba a convertir a López Portillo en propietario rural, la “Casa Blanca” del matrimonio Peña-Rivera es un exquisito palacio producto de las componendas orquestadas al amparo del poder, que hasta este día Peña Nieto no ha podido explicar ni justificar. Como informó Aristegui Noticias, la casa está legalmente registrada a nombre de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, a su vez integrante del grupo Higa, pero es ocupada por las familias del presidente y de su esposa Angélica Rivera.
El mismo domingo que apareció el reportaje, la Presidencia emitió un comunicado con la pretensión de acallar la inmediata indignación pública que suscitó la información. “En enero de 2012, la señora Angélica Rivera Hurtado celebró un contrato con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V. por virtud del cual, la primera se obliga a adquirir los inmuebles marcados con los números 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, los cuales eran propiedad de esta inmobiliaria desde los años 2009 y 2010. Es importante destacar que dichos inmuebles colindan con la casa que desde varios años atrás ya era propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado y que el objeto de adquirirlos era ampliar el espacio de su casa habitación”, dice el documento, que con ello confirmó oficialmente la exactitud del trabajo periodístico: la casa es de los Peña-Rivera.
Los lectores han podido seguir en estas páginas los detalles de este escándalo sin precedente en la vida pública del país, pero conviene recordar ahora que se origina en el hecho de que el grupo Higa es propietario de la empresa Constructora Teya, a su vez integrante del consorcio creado por China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex y GHP, al que le fue adjudicada la licitación para la construcción del tren rápido ciudad de México-Querétaro, cuyo costo será de 50 mil 820 millones de pesos.
Esa licitación fue cancelada el jueves 6, sólo tres días después de haber sido anunciada y sin un motivo formal derivado del proceso mismo, y tres días antes de que Aristegui Noticias publicara su reportaje, de cuya preparación estaba al tanto el gobierno federal porque el equipo que lo elaboró le había solicitado datos para nutrir la información. A esta información deben añadirse los siguientes antecedentes: la Constructora Teya obtuvo en junio de este año la adjudicación de las obras de ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto de la ciudad de México, cuyo contrato asciende a mil millones de pesos, y durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, las empresas del grupo Higa realizaron obras por 36 mil millones de pesos. El dueño de estas empresas es Juan Armando Hinojosa Cantú, tamaulipeco avecindado en el Estado de México, “donde sus empresas han florecido desde los ochenta al amparo del gobierno estatal”, y amigo de Peña Nieto (Proceso 1984 y 1985, 9 y 16 de noviembre de 2014).
Es evidente que la versión oficial de que la esposa de Peña Nieto paga en abonos la casa de Sierra Gorda a la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, es decir al amigo de su esposo y contratista del gobierno, fue fabricada para intentar diluir el impacto de la información difundida, pero es una maniobra que no explica ni justifica el hecho fundamental que se halla detrás de todo: la corrupción y el intercambio de favores mediante el uso del presupuesto público al amparo del poder presidencial. Es obvio también que la cancelación de la licitación del tren a Querétaro tuvo el propósito de mitigar los efectos del escándalo y remediar la ilegalidad que invade todo el proyecto. Pero no lo logra. La casa de los Peña-Rivera supone la consumación de un acto de corrupción de grandes proporciones que destruye la confianza y la credibilidad del gobierno de Peña Nieto. Además, está tan avanzada la operación y ha transcurrido tanto tiempo, que ni siquiera la repetición del gesto de desprendimiento empleado por López Portillo redimiaría del descrédito a Peña Nieto. Pero tampoco parece que el presidente esté pensando en una solución de naturaleza ética. Al regresar la noche del sábado de su gira por China y Australia, se creyó por algún momento que en la conferencia de prensa que dio en el aeropuerto el Presidente emitiría un pronunciamiento sobre ese tema, pero no lo hizo. Solamente dijo que la Presidencia hará una “puntual aclaración” sobre las “aseveraciones imprecisas y carentes de sustento”. Cualquiera que sea tal aclaración significará un golpe de poder. En las democracias avanzadas, o democracias a secas, los presidentes sorprendidos en actos de corrupción como ese renuncian; en las democracias atrasadas como la nuestra, tienen que ser obligados a renunciar.
Más grave y peligroso, sin embargo, es el estado de ánimo que reflejan las palabras que el presidente Peña Nieto dedicó esa misma noche a la crisis nacional causada por la matanza y desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pues son expresiones de incomprensión, fastidio y enojo.
El problema lo persiguió en China y Australia, y debe ser muy grande su contrariedad al constatar que no convenció a los padres de los normalistas desaparecidos, ni a la sociedad indignada, la versión de la PGR sobre la presunta muerte de los jóvenes en la hoguera de Cocula, versión a la que el gobierno federal apostaba para cerrar el caso. Mientras crecen las protestas en todo el país y también la violencia protagonizada por sectores que apoyan el movimiento de los normalistas, el presidente Peña Nieto lanzó lo que sin ninguna esperanza de duda es un amago de represión, pues dijo que “no dejaremos de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y de apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden, es el último recurso, pero el Estado está legítimamente facultado para hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”. En voz del Presidente, esa advertencia disfrazada de llamado a la paz y al orden es una señal de intolerancia. No hay forma de que el movimiento normalista se repliegue mientras no exista certeza sobre el destino de los estudiantes desaparecidos, pero el gobierno federal ya se cansó de las exigencias de justicia, y es evidente que Peña Nieto está enojado por partida doble. Otra calamidad, pues, asoma a la puerta.

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