A seis años de la matanza de El Charco, sigue la presencia militar en la región indígena de Ayutla

Entrevista con el coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos

 Hace seis años, la madrugada del 7 de junio de 1998, diez indígenas y un estudiante fueron asesinados por tropas del Ejército en El Charco, municipio de Ayutla, lo que desató la represión y persecución contra los pueblos mixtecos y me’phaa (tlapanecos) de la zona, que aún no termina, de acuerdo con denuncias de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, a la que pertenecen las víctimas de la matanza.

El coordinador de la Organización, Arturo Campos Herrrera, en entrevista, informa que los pueblos mixtecos y me’phaa siguen viviendo en el atraso y como en los últimos seis años, son víctimas de la represión, con la que el gobierno busca intimidarlos para evitar que luchen por sus derechos.

Una denuncia de la presencia de fuerzas especiales del Ejército

–Este 7 de junio se cumplen seis años de la masacre de El Charco, y en los años siguientes han sido constantes las denuncias sobre la militarización y las violaciones a los derechos de los indígenas que cometen los soldados ¿Ha desaparecido este problema después de sies años?

–No ha cambiado, el Ejército sigue poniendo retenes, siguen los recorridos por las comunidades y los interrogatorios. En El Charco, el Ejército no pasa constantemente, y cuando pasa, los soldados no hacen preguntas a la gente porque saben que les puede ocasionar más problemas si van a intimidar a la gente, porque hay muchas orgnizaciones que han estado pendientes de lo que pasa en este lugar. Pero el Ejército sí intimida a la gente de otras comunidades, la militarización es muy fuerte, y han crecido los grupos paramilitares.

–¿Cuál ha sido la denucia más reciente que la Organización ha hecho contra el Ejército?

–Denunciamos retenes y patrullajes, y está lo que denuncié en febrero de este año, cuando en una carretera topamos al Ejércio, a la una de la mañana, –el viernes 23 de enero–, íbamos en una camioneta y nos detuvieron, y vimos que los militares estaban encapuchados.

“Esta denuncia la hicimos ante la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), y de la Comisión preguntaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y en la Sedena dijeron que nos pararon porque estaban asaltando en la zona y que nosotros íbamos a alta velocidad y con música a alto volumen. Pero eso no es cierto, es una burla. Lo malo es que cuando pusimos la denuncia, la CNDH sólo preguntó a la Sedena, pero no investigó con nosotros, se quedó con lo que dijo la Sedena. La Sedena decía que los militares que nos detuvieron son del 55 Batallón, que venían de Llano Largo, que está por San Luis Acatlán, y que estaban en esa carretera porque un señor les avisó que estaban asaltando. Pero eso no es cierto porque los militares nunca van a detener a los asaltantes; en realidad eran fuerzas especiales del Ejército que andaban en la zona, y nosotros pensamos que están ahí para intimidar a los pueblos”.

–¿En los últimos días qué información se tiene de la presencia militar?

–Se ha concentrado más en el área de los me’phaa (tlapanecos), inclusive el AFI ha estado en Barranca de Guadalupe, hace 15 días tropas del Ejército cercaron Barranca Bejuco, y en esta semana el Ejército pasó por Barranca Tecoani, iban a El Camalote.

Grupos paramilitares

–¿Qué evidencias tienen de grupos paramilitares?

–Por los compañeros que han sido asesinados, como Donaciano González, de Ocote Amarillo, Andrés Marcelino Petrona, de El Charco, y otros que han sido asesinados por gente encapuchada con armas de alto poder como AR-15. Esa clase de asesintos se ha dado con los líderes de los pueblos. También está el asesinato del comisario de El Platanar, Esteban Leobardo Epitacio, –el 19 de febrero de 2003– que fue uno de los ocho indígenas que estuvieron presos acusados porque estaban en la escuela de El Charco en día de la masacre, y otros asesinatos que se han dado en la zona –se han denunciado once casos de este tipo–. No nos quitamos de la cabeza la idea de que son acciones de grupos paramilitares.

El año pasado, en Barranca de Guadalupe fueron acribillados cuatro miembros de una familia, y también lo relacionamos con grupos paramilitares, que andan matando gente, aunque no sea de la Organización, con el fin de amenazar, intimidar, crear inseguridad y un ambiente de terror en las comunidades”.

–¿Antes de la masacre de El Charco no había asesinatos en las comunidades?

–Antes mataban a la gente por problemas particulares, y en las comunidades se sabía por qué mataban a alguien; pero de repente hay un muerto, con armas de alto poder, y no se sabe que tenga problemas particulares, y son muchas veces compañeros que organizan en las comunidades. Esta es una nueva situación.

Pueblos casi vacíos

–¿Cómo es la situación económica y social ahora?

–Está peor. En 1998 muchas comunidades indígenas estaban muy crecidas, a partir de 98, en comunidades como El Platanar, Ahuexutla, El Paraíso, Ojo de Agua y Coapinola casi no hay gente, la gente ha emigrado a otros municipios. Todo se dio a partir de 98. Mucha gente se va porque tiene miedo, de que el Ejército los detenga, los interrogue, les haga algo; antes de la masacre de El Charco los soldados no hacían interrogatorios ni había retenes en los pueblos.

–Después de la masacre de El Charco, el gobernador de entonces, Ángel Aguirre, anunció una inversión de 50 millones de pesos para obras en las comunidades indígenas de Ayutla, ¿se realizaron?

–Si dieron ese dinero, esos recursos no se vieron en la zona.

“Las comunidades están igual o peor. Algunas obras se han arrancado bajo presión, por ejemplo, el gobierno hizo una clínica, una comisaría, y un albergue en El Charco y ya hay luz eléctrica. Pero sólo en El Charco, y tuvo que pasar eso (la matanza) para que pudieran tener esas obras.

“En Ayutla, hay unas 35 comunidades mixtecas, y las 35 siguen en el atraso. No hay caminos, no hay servicios, a algunas les falta luz, –falta luz en El Charquito, Tierra Blanca, Cumbre de Yolotepec, Vista Hermosa, Mesoncillo–; El Charquito y Cumbre de Yolotepec no tienen aulas; y clínica sólo hay en La Concordia y en Coapinola, pero no siempre hay médicos”.

Víctimas directas

–Todos los pueblos fueron afectados por la masacre de El Charco, pero hay víctimas más directas, como las familias de los muertos, los ocho indígenas que estuvieron presos acusados de delitos políticos, además de Erika Zamora y Efrén Cortés, y los sobrevivientes que en un principio fueron liberados ¿cómo es su situación?

–Había ocho presos mixtecos, desde que salieron han estado en sus comunidades; algunos no bajan a Ayutla porque tienen miedo de encontrar retenes militares; en general siguen con miedo de que al rato los puedan volver a detener. Además está el caso del comisario de El Platanar que era uno de los presos y lo mataron, y se piensa que fueron paramilitares.

“Aparte está preso otro sobreviviente de la masacre de El Charco, Francisco Cristino Crecencio, que fue uno de los detenidos que estuvo en el Consejo Tutelar porque era menor de edad. Está en la cárcel de Coyuca de Catalán –desde el 2 de febrero de 2003–, lo acusan de un homicidio que no cometió.

“De las viudas, el Ayuntamiento de Ayutla les da a algunas un apoyo de 800 pesos, por acuerdo de Cabildo, pero eso no resuelve su problema de sobrevivencia”.

No se ha investigado a los militares responsables de la masacre

–¿Y la justicia?

–Nunca ha habido justicia contra el Ejército que mató a los indígenas en El Charco. Nunca ha habido una investigación a fondo, ni una demanda para la reparación del daño; creo que lo tienen qué hacer las viudas.

“Nosotros como organización las apoyamos y denunciamos que a los 6 años no ha habido justicia ni se ha castigado a los responsables de masacre”.

Informó que la Organización y el comisario de El Charco, convocaron a conmemorar el aniversario de la masacre, con un acto cultural el 6 de junio y un velorio en la escuela a partir de las 8 de la noche, y el lunes 7, a las 9 de la mañana, una marcha de Ocote Amarillo a la escuela de El Charco, donde habrá una misa en memoria de los muertos, y al final mensajes de Erika Zamora y Efrén Cortés, la participación de una de las viudas y de la Organización. (Maribel Gutiérrez).