Carlos García Jiménez
BAJO EL ALA DEL SOMBRERO
* Muy pobres las políticas públicas medioambientales en Guerrero
La tala irracional de bosques, la cacería furtiva de animales silvestres, el uso intensivo de agroquímicos, la rosa-tumba-quema para abrir nuevas áreas al cultivo, la sobreexplotación de acuíferos naturales, el drenaje de aguas negras a los causes hídricos, el afincamiento de basura por todos lados y la emisión masiva de gases de efecto invernadero son, entre otras, las principales prácticas humanas que vienen provocando el deterioro de los recursos naturales, el desequilibrio ecológico y el calentamiento global, sin que el gobierno asuma sus facultades legales y aplique acciones contundentes en esta materia.
La gravedad de los efectos destructivos de la actividad humana en el medio ambiente fue reconocida en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil. De esta preocupación global surgió la Declaración de Río para “crear nuevos niveles de cooperación entre los países, en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial”. Han pasado 22 años desde aquella declaración mundial, y las acciones y alianzas entre los países no se perciben; en cambio, los ciclones, tsunamis, temblores, sequías, inundaciones y el efecto invernadero se vienen presentando con más frecuencia y contundencia; y con ello también el hambre, la pobreza, la escases de agua potable, y la situación de riesgo e incertidumbre.
Las leyes ambientales, en el olvido
En nuestro país, no obstante que el marco jurídico vigente mandata al gobierno a que con la participación de los pobladores promueva acciones que restauren, preserven y permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, las acciones que hasta ahora se vienen promoviendo son pobres, limitadas y omisas. Veamos.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su primer artículo establece, “en relación a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción (…) se propiciará el desarrollo sustentable y se establecerán las bases para: I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo…”
En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de Guerrero, en su artículo 2, “se asuma el diagnóstico y la planeación participativa del territorio, como punto de partida para el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales, acuícolas y no agropecuarias; teniendo como soporte la aptitud y el potencial de los recursos existentes en el territorio a través de una base tecnológica apropiada (…) Se considera de interés público para los habitantes del estado de Guerrero el desarrollo sustentable de los territorios rurales de la entidad, desde una óptica integral que considere: el ordenamiento ecológico y la planeación territorial con una perspectiva de cuenca, subcuenca o microcuenca; el aprovechamiento, uso y manejo sustentable de los recursos naturales; la cooperación y solidaridad de sus pobladores…”
De nada sirve que estos preceptos sean acordes a las declaraciones y principios internacionales, si en la práctica el medio ambiente de nuestro país sigue arrumbado en el traspatio de las políticas y presupuestos públicos. Las obras de infraestructura carretera, las concesiones forestales, la modernización agrícola, los programas de vivienda, Prospera, Procampo, etcétera, son acciones gubernamentales que están alejadas de la perspectiva medioambiental. Más aún, la reciente reforma energética, lejos de fortalecer la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente para los mexicanos, promueve que empresas trasnacional puedan acceder a ellos con más ventaja y legalidad.
En Guerrero, el abandono del medio ambiente “se ejemplifica con el hecho de que a más de un año de los huracanes Ingrid y Manuel no se ve ninguna acción de restauración ni de manejo sustentable de las cuencas y ríos que fueron afectados”, señala uno de los pobladores rivereños de la Costa Grande.
Propuestas locales para mitigar el deterioro ambiental
Considerando la adversidad gubernamental hacia el medio ambiente, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), realizó el pasado 15 de noviembre en la ciudad de Tecpan de Galeana, el taller: Políticas públicas y papel de las organizaciones campesinas en el manejo sustentable de los recursos naturales. A este taller asistieron ejidos y organizaciones sociales que operan proyectos de manejo de los recursos naturales.
Durante las mesas de trabajo, los participantes reflexionaron acerca de ¿cuáles son las principales prácticas humanas que vienen provocando el deterioro de los recursos naturales? ¿Qué acciones los pobladores vienen realizando para evitar la erosión de los recursos naturales y los riesgos ambientales? ¿Qué acciones pueden impulsar las organizaciones de manera conjunta para producir alimentos en armonía con la naturaleza?
De las discusiones y reflexiones surgieron propuestas y acciones que pueden impulsarse desde las comunidades y microregiones:
1. Realizar diagnósticos y planes de manejo de los recursos naturales con enfoque de cuenca, considerando la participación de los pobladores y de sus organizaciones.
2. La restauración y preservación de los distintos ecosistemas naturales: manglares, selvas y bosques.
3. Obras de conservación de suelos y agua: muros, represas, ollas de agua, terrazas, etcétera.
4. Reforestación con plantas nativas de la región, sembradas a inicios del temporal de lluvias, a curvas de nivel y en terrazas o zanjas-bordo.
5. Promoción de ecotecnias para disminuir el deterioro ambiental: estufas ecológicas, sanitarios secos, filtros para tratamiento de aguas grises, colectores y cisternas de almacenamiento del agua de lluvia, etcétera.
6. Fortalecimiento de la agricultura ecológica como opción para disminuir o eliminar el uso de agroquímicos, diversificar la producción y lograr la autosuficiencia alimentaria.
7. Educación ambiental para que la gente reconozca las prácticas humanas que provocan la contaminación y el deterioro medioambiental.
8. Reorientación de las actuales políticas públicas para que incluyan las prácticas amigables con el medio ambiente, la simplificación de las reglas de operación y la participación de los pobladores.
Estas propuestas serán validadas y traducidas a un plan de acción en el foro regional Por la Soberanía, contra la pobreza y por la biodiversidad, que el Credescog celebrará el próximo 22 de noviembre en la localidad de El Embarcadero, en el municipio de Coyuca de Benítez. Si los integrantes del Credescog convierten estas propuestas en pequeñas acciones, seguro que contribuirán a la humanización de nuestra existencia en este medio ambiente que todavía nos queda.
* Bajo el ala del sombrero es un espacio de análisis y propuestas para la transformación del campo desde la visión y acción cotidiana de los campesinos




