Eduardo Pérez Haro

Cambio o continuidad

Para los estudiantes del movimiento.

El movimiento estudiantil popular extiende sus protestas y capacidades mientras el Estado, en su expresión de gobierno, se empecina y se aceita; cuál es la perspectiva, probable, cuál la posible, cuál la deseable.
Por dar algunas respuestas, podemos advertir que en el abanico de posibilidades cabe imaginar el ascenso del movimiento a grado tal que puede obligar a cambios en la composición política de la clase dirigente y en la admisión de cambios en las políticas de seguridad, respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la educación pública y gratuita.
Empero, también puede tener lugar un cierre de filas de los aliados que arribaron como grupo gobernante con el presidente Enrique Peña Nieto, en cuyo caso podrían ser presa del miedo a perder el poder, y antes de que ello suceda proceder a reprimir el movimiento.
Una tercera circunstancia es que en el curso del movimiento se pierda la brújula y se entre en una ruta de desgaste, en donde el paso de los días y las condiciones del entorno generen desgaste, y la gradual disgregación y dilución del movimiento.
El momento actual no parece haber tocado fondo, pero ya está en un punto crítico y hay elementos para suponer cualquier desenlace en las tres vertientes señaladas. En la clase gobernante, seguramente se procesan las tres posibilidades, los personeros de los poderes fácticos acercan sus consejos y recomendaciones al Presidente, colocándolo en una encrucijada; podemos suponer que optará en función de cómo evolucione y cómo se posicione el movimiento, y cómo el propio Presidente pueda asegurar su mejor condición de permanencia.
No le será fácil, pues no sólo están sus intereses personales, que los debe de haber –o, mejor dicho, evidentemente los tiene–, sino también entran en consideración obligada los compromisos (políticos y económicos) adquiridos en su carrera de acceso a la Presidencia, y los que ha hecho en el marco de las “reformas estructurales” que le han significado los dos años que está por cumplir al mando del poder ejecutivo. ¿Introduce cambios o se aferra al plan original?, ¿reprime, negocia o deja que el tiempo termine por vencer al movimiento?
En su perplejidad, ha querido jugar con las tres posibilidades. Primero apostó a dejar los hechos en el ámbito municipal-estatal (insistirá en la estratagema que, aunque ha sido rebasada por los hechos, legal y discursivamente le representa un recurso que mantendrá hasta donde le sea posible), y a ello ligó la idea de que el tiempo fuera diluyendo el problema (“investigaremos a fondo, a más fondo y otra vez a más fondo”), pero la estrategia del secretario de Gobernación y la torpeza de las acciones y declaraciones del procurador que encuentra fosas y cadáveres por todos lados le han complicado y acrecentado el problema.
Los seis asesinados y los 43 estudiantes normalistas desaparecidos se han rodeado de una reiterada evidencia de la complicidad del gobierno (municipal, estatal y federal) con el crimen organizado; el problema se internacionalizó con el reclamo de justicia en los principales medios de comunicación y liderazgos del mundo, incluyendo al Papa y al presidente de Estados Unidos, y la exigencia de respeto a los derechos humanos y la crítica a la impunidad que caracteriza al gobierno de México.
En este contexto, los principales medios de comunicación en el ámbito interno y sus más conspicuos representantes se han visto obligados a participar del horror y del reclamo; el gobierno, en la persona del mismo presidente Peña Nieto, ha tenido que sentarse con los padres de familia y aún sin convencerles ha tenido que aceptar la prevalencia de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y también ha tenido que salir públicamente a asumir el compromiso de fortalecer a todas las normales rurales del país, a la par de abrir las negociaciones televisadas con la representación estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, en paro de actividades desde septiembre.
No obstante, su esquema de negociación ha sido insuficiente, y la torpeza de su equipo de seguridad, combinada con los problemas de corrupción del propio Presidente y ahora su esposa, han provocado que, al paso de los días el movimiento se acreciente y su resonancia nacional y mundial repercuta con mayor fuerza, aun sin contar la reacción que los universitarios puedan tener ante la flagrante violación de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México cuando policías judiciales fueron sorprendidos en el interior del campus y en su desesperación dispararon sus armas de fuego hiriendo a un estudiante, a lo que siguió la entrada de 500 uniformados.
Ya durante el curso de la semana pasada, cuando el Presidente se ausentó para asistir a los foros internacionales de la APEC y el G-20, los periodistas de todos los medios, incluyendo a los que trabajan en las televisoras del duopolio nacional, se colocaron en la consideración y abierta demanda de cambios en el gabinete, señalando al de seguridad en primer lugar, y particularmente al secretario de Gobernación, pero ahora, en las redes sociales se ha destacado la exigencia de renuncia del rector de la UNAM, José Narro Robles, y la del jefe de Gobierno del Distrito Federal por su abierta colaboración con la entrada de la policía a la Ciudad Universitaria (hoy, cuando usted esté leyendo esta nota, seguramente estarán en asamblea general todas las escuelas y facultades de la UNAM).
El sector empresarial y los rebasados partidos políticos –y por lo mismo ausentes–, junto con el presidente Peña Nieto, esgrimieron la posibilidad de un pacto de seguridad con el que se amenazaba sellar un acuerdo político-jurídico para facultar, en un momento dado, la represión del movimiento. Para ello, previamente se encargó a los principales medios de comunicación exacerbar la presentación de imágenes de los grupos o segmentos radicalizados del movimiento, a la vez que disminuir las imágenes de las grandes movilizaciones pacíficas, propiciando un clima que les justificase el accionar los gatillos de las desprestigiadas fuerzas del orden (policías y fuerzas armadas).
Puede verse que el gobierno no ha sabido enfrentar el problema detonado por la desaparición forzada de los 43 estudiantes y que hoy se eleva a nivel nacional-global con el cuestionamiento, por un lado de la corrupción y la impunidad del Estado-gobierno coludido con el crimen organizado, y por otro lado el cuestionamiento de un proyecto educativo que inventó la evaluación de maestros para deshacerse de los profesores disidentes (más de 400 mil), que atentó contra la permanencia de las escuelas normales rurales (como Ayotzinapa), que se perfilaba impositivo en el gobierno y la orientación educativa del Instituto Politécnico Nacional, y que introduce a la policía a una UNAM que, haciendo uso de su autonomía, desde 1968 rechazó el acceso del Presidente hacia el interior de sus recintos, sin obviar el ajuste de cuentas contra la crítica de la Universidad Iberoamericana que cuestionó a Peña Nieto al burlar las urnas por la vía de la manipulación de medios escritos (encuestas) y de la televisión para acceder a la Presidencia de la República (movimiento # yo soy 132, de 2012).
Las largas al problema, la negociación limitada y la creación de condiciones para reprimir al movimiento se combinan sin ningún orden ante el desconcierto, la inexperiencia y el nerviosismo del gobierno que debe serenarse al igual que el movimiento estudiantil popular, lo que no significa inmovilizarse o retroceder, en ambos bandos de la confrontación debe imponerse el ánimo y la disposición de avance mediante el cálculo político que erradique las tentaciones violentas y se aproxime al establecimiento de condiciones para una salida pactada. La correlación de fuerzas así lo exige, ninguno es suficientemente fuerte para obviar al adversario, y en su fuerza o debilidad relativa ambos deben reconocerse como interlocutores, y pactar cambios en favor de la inclusión social y el desarrollo democrático. La revolución violenta y la represión abierta están impedidas técnica y políticamente, so pena de propiciar la derrota de su respectivo proyecto.
El movimiento estudiantil popular puede extender el movimiento (ahora se suma la violación a la autonomía de la UNAM), empezando por la erradicación de las formas violentas de la lucha que, al llevarse a cabo facilitan la vía represiva del gobierno, elevar los argumentos de su crítica, ampliar los mecanismos de difusión nacional e internacional, y puntualizar los contenidos de un esquema que corrija la acción del Estado en materia de seguridad pública y respeto a la disidencia y los derechos humanos, a la vez que puede concretar el fortalecimiento de la educación pública y gratuita, ampliando las normales rurales (una normal más por cada desaparecido), favoreciendo la democratización del politécnico y blindando la autonomía universitaria.
El movimiento estudiantil popular está sumamente expuesto a que le siembren no sólo la quema de la puerta del Palacio nacional o de un camión del metrobús unos encapuchados que han sido retratados y descubiertos como provocadores inducidos por el gobierno, y por ello los auténticos radicales (anarquistas o no, pero que en todo movimiento social amplio surgen y se dan porque estos no son cuentos de hadas) deben evitar las formas que facilitan su mezcla con provocadores inducidos.
En ello deben acordarse las formas de lucha con las mayorías del movimiento que son proclives a la manifestación pacífica para favorecer lo que son verdaderamente, en tanto que movimiento estudiantil democrático y popular, con una crítica y una reivindicación puntual por la justicia, la seguridad pública (no para el crimen organizado y la corruptocracia) y la preminencia del respeto a los derechos humanos, a la vez que el fortalecimiento de una educación pública sin rechazo a los aspirantes, ni alineamiento con un proyecto económico que excluye a los jóvenes del acceso al trabajo de calidad y bien remunerado.
Mientras que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto debe aceptar que el proyecto de reformas ha sido cuestionado al no incluir a las bases sociales del país, particularmente a los jóvenes, que no convenció ni tampoco era verdad la oferta de un país controlado que ofreció al mundo de los inversionistas, y que por tanto la protesta por la presentación de los 43 desaparecidos por la policía ya es una exigencia de cambios de política y de las personas responsables, que se debe pactar pero no entre los miembros de la cúpula sino entre la cúpula gobernante –pública y privada– con los actores de movimiento que son definidos, organizados y representativos (padres de los desaparecidos, normalistas, maestros disidentes, representantes de la Asamblea General Interuniversitaria, representación estudiantil del IPN y, en nombre de la sociedad, personajes distinguidos y reconocidos por el movimiento. Cambio incluyente y democrático o aniquilación del movimiento, esa es la disyuntiva de las partes.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
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