Sí hubo pleito en Tlapehuala y lo causó el alcalde, según el ex fiscal religioso

 El ex fiscal religioso de Nuevo Guerrero, municipio de Tlapehuala, Gabriel Alonso Marquez, confirmó ayer que en esa localidad sí hubo un connato de violencia, y responsabilizó al alcalde Gudelio González Luviano de generar la “desestabilización” en su intento por “imponer a un fiscal a modo”, para que éste le adjudique las obras sociales que se han construido con limosnas de la iglesia.

Alonso Marquez, consultado en sus oficinas, indicó que el domingo se designó –mediante votación– al nuevo fiscal religioso de la Iglesia del Santo Espíritu. De los dos candidatos que se registraron resultó ganador Moisés Campos Salvador.

Dijo que quien provocó la desestabilidad fue Lázaro Santa María Chávez “con el pretexto de que quería ser el fiscal, pero debió pedir el cargo como es costumbre y no lo hizo, incluso exigía repetir la votación, pero moralmente era imposible”.

Por la inconformidad de Lázaro Santa María hubo un fuerte intercambio de palabras, “incluso había gente armada y por esas personas se llamó a la policía, pero no intervinieron ni desarmaron a quienes fueron señalados”.

Para el lunes –según Alonso Marquez– cuando se dirigió a la iglesia para hacer el inventario los habitantes inconformes, encabezados por Lázaro Santa María, le impidieron el paso. “Fue ahí donde se dio el connato de violencia, hubo golpes y por ello detuvieron a dos personas. En la noche se dio un nuevo connato y la policía judicial detuvo a nueve personas, mismas que fueron liberadas de modo extraño”.

Del problema, responsabilizó al alcalde de Tlapehuala, Gudelio González Luviano, porque “busca poner un fiscal a modo –Lázaro Santa María– para que le avale las obras que se han hecho en la comunidad con las limosnas de la iglesia, pero él quiere que digan que los 800 metros de pavimento y los 200 metros de drenaje que se construyeron los hizo el municipio”.

Negó que al suprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Antonio Nogueda, le haya avisado que había un grupo de encapuchados, “yo le dije que había gente armada”

Desmintió también al subsecretario de Gobierno para Asuntos Religiosos, Javier Bataz Benítez, de que la fiscalía –la que recibe cada mes cerca de 10 mil pesos por limosnas– sirva para poder llegar después a cargos públicos, “eso no es cierto”.

Alonso Marquez indicó que “sí hubo connato de violencia”, pero que las autoridades no quisieron intervenir y contrariamente el agente del Ministerio Público de Arcelía integró una averiguación “amañada, creo que lo sorprendieron pues las cosas no fueron así, ellos son los que me agredieron a mí”.