Aumentó 7 por ciento la tala ilegal de árboles en un año en Guerrero: Profepa

La falta de alternativas de producción y de empleo en las áreas arboladas, así como de servicios, el aparcelamiento de los bosques y selvas y la oposición de diversos grupos para el manejo de los recursos forestales, el motivo, dice el análisis

Aurelio Peláez

La tala clandestina de árboles en Guerrero se incrementó en 7 por ciento en el último año, de acuerdo con un estudio interno de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con ese estudio, las causas de esta tala son la falta de alternativas de producción y de empleo en las áreas arboladas, así como de servicios como energía eléctrica, salud, educación, el aparcelamiento de los bosques y selvas y la oposición de diversos grupos para el manejo de los recursos forestales.

Asimismo, la falta de subsidios al desarrollo forestal (de aprovechamiento de asociados), de conflictos sociales y agrarios, y de grupos organizados para el aprovechamiento clandestino de recursos naturales, al igual que la falta de participación del gobierno estatal y municipal en el combate a la tala clandestina.

Según este reporte, en aprovechamientos no autorizados los volúmenes de pino detectados son de aproximadamente mil 500 metros cúbicos anuales, y pueden ser hasta de cinco mil.

Se estima en 6 mil metros cúbicos los volúmenes de aprovechamiento de otras especies como parota, cedro rojo, aile, habillo, magnolia, palo morado, caobilla, ceiba, entre otras especies Para los productos forestales maderables, específicamente el maguey, se considera un volumen de 2 mil toneladas de extracción ilegal, además de que hay aprovechamiento clandestino de otras no maderables, como barbasco, cascalote, flor de tilia y manita.

La Montaña y la zona Centro, los más deforestados

El reporte indica que las zonas más deforestadas en el estado son la región de La Montaña y la Zona Centro. En las costas Grande y Chica son los ecosistemas de selva baja y mediana, así como en los humedales y manglares, que son por consiguiente las áreas donde se encuentran los procesos erosivos mas avanzados, presentando todo tipo de esta.

En el diagnóstico de la región de la Tierra Caliente se señala que “esta región tiene poca importancia forestal, debido a que predomina la vegetación de clima cálido. Es la principal productora de insumos forestales no maderables como el barbasco, cascalote y el timbre.

“Hay transporte ilícito de parota, morillo (procedentes del estado de Michoacán), madera de pino a media sierra y enebro (procedente del estado de México), postes para cerca de diferentes especies de corrientes tropicales, palma real, etc. Dicho transporte tiene salida hacia la Costa Grande del estado, en virtud de que la red caminera tiene orientación hacia ésta”.Se agrega que “en esta zona se encuentra la industria del mezcal y la elaboración de artesanías de palma (y que) aquí se localiza la comunidad de Coronilla, que es el núcleo agrario con los recursos forestales más ricos del estado…Hay un alto grado de incidencia de cacería furtiva y comercialización ilegal de iguana, venado y huilota”.El estudio informa de las rutas del transporte y aprovechamiento ilegal de la madera, las cuales son: Zihuaquio-Ciudad Altamirano; estado de México-Palos Altos-Arcelia; Zitácuaro-Rivapalacio-Ciudad Altamirano, y Coronilla-San Miguel Totolapan-Ciudad Altamirano. Los municipios con más problemas son Coyuca de Catalán, Pungarabato, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Arcelia y Apaxtla de Castrejón.

En cuanto al diagnóstico de la región de Costa Grande, se informa: “Colinda con el estado de Michoacán y el Océano Pacífico. Cuenta con el mayor potencial de producción maderable por la cuantía y calidad de los recursos forestales. Hay cierta organización y experiencia ejidal para la producción forestal. Pero se detecta un alto grado de aprovechamientos ilícitos y transporte ilegal de productos forestales, como madera a media sierra -tablas, tablones, polines, viguetas- de pino, cedro rojo, caoba y corrientes tropicales (bocote, parota y roble); productos no maderables como la palma real (para la fabricación de sombreros); cacería, posesión y venta de fauna silvestre; donde los principales centros de acopio de estos productos son Tecpan, Petatlán, Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas, Michoacán”.

Se explica demás que es una región donde hay “conflictos sociales y políticos”. Aquí, las rutas críticas para el transporte y el aprovechamiento ilegal de maderas son Zihuatanejo-Vallecitos de Zaragoza-Zihuaquio; Petatlán-Soledad de la Palma-Carrizal; Atoyac-El Paraíso-El Molote; Los Llanos-Nueva Cuadrilla-La Unión; Tepetixtla-Coyuca de Benítez y Tecpan-El Balcón.

Se refiere que los municipios con más problemas son José Azueta, Petatlán, Atoyac y Coyuca de Benítez, y que “adicionalmente es la región que cuenta con más autorizaciones de aprovechamiento forestal en el estado, los volúmenes transportados de los predios a los centros de acopio se ven secundados por el tráfico hormiga que aprovechan los taladores clandestinos al existir caminos de acceso”.

El plan contra la tala clandestina

El Programa micro-regional de Combate a la Tala Clandestina en la Zona Crítica Forestal Prioritaria de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, de la Profepa, destaca que “es de interés prioritario para los tres órdenes de gobierno mantener vigente el estado de derecho, como principio regulador de intereses privados y garantía del desarrollo con justicia social. La tala clandestina se considera uno de los problemas más complejos en Guerrero y en el país, por lo que se considera pertinente llevar a la práctica un plan estratégico especial”.

Definiendo que una de las principales causas para la tala clandestina es la falta de alternativas de producción y de empleo, se propone la promoción de proyectos productivos con la participación de los tres órdenes de gobierno y ofrecer a los dueños y poseedores de los bosques, como las comunidades, una alternativa productiva. Que los tres ámbitos de gobierno propicien la construcción de caminos, escuelas y hospitales en las regiones arbolada, así como la difusión entre los productores del PROCEDE, y de las autoridades agrarias la normatividad agraria y manejo de recursos naturales. Asimismo, la detección de desmontes ilegales y su aplicación de medidas técnicas correctivas, tendientes a la restauración de esas áreas; frenar la práctica del aparcelamiento y que la autoridad agraria no expida los certificados en los terrenos forestales aparcelados, además de restaurar las áreas impactadas por la tala.

Se destacan como necesarios un incremento a los subsidios del sector forestal y estos sean acordes al potencial y vocación del suelo, que la actividad forestal se valore y se vea como alternativa productiva y generadora de empleo sustentable, además de resolver los conflictos social y agrarios, políticas para evitar la tala clandestina y el transporte no autorizado.