Niega Antonio Nogueda ser responsable de la desaparición del dirigente del PRT

 En ese entonces a mí sólo me acusaron por abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad distinta a la judicial, asegura el subprocurador de Justicia

 Teresa de la Cruz y Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio Nogueda Carvajal, negó ayer ser el responsable de la desaparición del dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), José Ramón García, ocurrida en Morelos, en 1988, “a mí sólo me acusaron por abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad distinta a la judicial”.

Entrevistado en sus oficinas, Nogueda Carvajal citó que el 27 de enero de 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación –07/92– al gobierno del estado de Cuernavaca, Morelos, “como se emiten muchas más”.

La recomendación solicitaba –según Nogueda Carvajal– “se librara orden de aprehensión en contra mía, pero fue por los delitos de abuso de autoridad y por falsedad en informes dados a una autoridad distinta a la judicial”.

Indicó que el gobierno de Morelos aceptó la recomendación 07/92 de la CNDH “y abrió una investigación, y yo fui objeto de esa investigación, pero no tuve nada que ver con la desaparición –del dirigente del PRT de Morelos, José Ramón García– ni con ningún homicidio”.

El miércoles, organismos civiles de derechos humanos         exigieron castigo para Nogueda Carvajal, a quien señalaron como uno de los responsables –cuando fue director de la Policía Judicial en Morelos– de la desaparición del dirigente del PRT de ese estado, José Ramón García, y aseguraron que hay una orden de aprehensión sin ejecutar y dos recomendaciones pendientes.

Mencionó que debido a la recomendación de la CNDH pidió al Juzgado Segundo de lo Penal una orden de aprehensión, “yo me defiendo jurídicamente y recurrí a un amparo –el 10 de julio–; luego acudí a tribunales federales y ellos determinaron que no había ninguna responsabilidad penal que se pudiera atribuir a mi persona, así de fácil”.

“Mienten cuando dicen que hay una orden de aprehensión, yo no tengo ninguna orden de aprehensión por la desaparición –de Ramón García–, si fuera así ya me hubieran detenido, dicen que hay algunas personas procesadas, yo no sé ni me interesa su proceso, cada quien es responsable de sus acciones”, dijo.

Enfatizó que “yo me sujeté a la ley, a mi me acusaron por el delito contra la administración de justicia porque dicen que, en mi carácter de funcionario público, había omitido entregar algunos informes y que había desviado también las investigaciones” en torno al caso de Ramón García.

Dijo que las declaraciones del presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, “no tienen fundamento y tampoco prescribió ningún delito, pues yo me sujeté a la ley y la ley determinó que no tenía responsabilidad”.

En un documento que hizo llegar a la redacción de El Sur, Nogueda Carvajal reconoce que el 14 de julio de 1992, el Juzgado Segundo del Ramo Penal decretó “una nueva orden de aprehensión, ahora por los delitos de asociación delictuosa y el delito cometido en la administración de justicia en agravio de José García y la sociedad”.

Por la nueva orden de aprehensión –que la CNDH solicitó en una segunda recomendación–, Nogueda Carvajal señala que pidió otro amparo, lo concedieron y le otorgan además protección de la justicia federal.

Y para el 21 de noviembre de 1996 –según el documento, la CNDH– mediante un oficio comunicó al gobierno de Morelos que la recomendación 07/92 “fue totalmente cumplida, por lo que se puede observar que no hubo ningún tipo de impunidad en el proceso, pues la autoridad federal resolvió que no existía responsabilidad” por parte de Nogueda Carvajal.

Diputados piden investigar al subprocurador

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, René Lobato Ramírez, solicitó que se investigue al subprocurador de Justicia Antonio Nogueda Carvajal, porque en Guerrero ya no debe existir impunidad y la persona que tenga cuentas pendientes “debe ser investigado”.

Consultado en las instalaciones del Poder Legislativo, Lobato Ramírez señaló que este caso ya tiene muchos años, sin embargo dijo que es preciso se investigue al subprocurador de Justicia.

Para el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN, David Tapia Bravo, la denuncia de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos pone en tela de duda la calidad moral de Nogueda Carvajal.

Indicó que el funcionario estatal debe aclarar esta situación a la brevedad posible, y en caso de que los denunciantes comprueben sus acusaciones entonces el gobernador René Juárez deberá asumir las consecuencias.