Xavier Carreto A.

Sin voluntad para servir a Guerrero

Las designaciones de la Fiscal Especializada para Delitos Electorales y de los cinco magistrados numerarios y dos supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que ha hecho el Congreso local, vienen a confirmar que no existe la menor voluntad política ni del gobernador ni de la mayoría de los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, para que los procesos electorales locales sean más equitativos, transparentes y que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

Ciertamente que el nombrar un Fiscal Especial para Delitos Electorales, como fue uno de los acuerdos de la llamada reforma electoral, es un avance, pero resulta que no lo es tanto, cuando el gobernador Juárez Cisneros, en uso de sus prerrogativas constitucionales, envía una terna integrada por quienes han tenido un desempeño profesional estrechamente ligado al aparato de gobierno. Lo cual nos deja la impresión a muchos ciudadanos de que no habrá garantías de que las quejas de los partidos políticos o de particulares sobre posibles irregularidades que pudieran darse en sucesivos comicios electorales sean tratadas con estricto apego a derecho y sancionar a los potenciales delincuentes electorales.

Hubiera sido mejor hacer una convocatoria abierta a los profesionales de la rama del derecho, para que participaran en este evento; asimismo, que los colegios de profesionistas propusieran miembros de esas organizaciones ajenos al gobierno y sin vínculos con los partidos políticos para asegurarse que su quehacer sea imparcial y sin tintes partidistas. A la falta de voluntad del gobernador Juárez por tener Fiscal Electoral sin sospecha de futura actuación parcial como lo expresó el diputado David Tapia en tribuna, también hubo desinterés del gobernador por cumplir con la ley al enviar con retraso sus propuestas al Congreso, además de que no se han asignado los recursos necesarios para el funcionamiento de esta oficina de nueva creación que forma parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado como lo establece la ley.

En este caso no queda más que esperar que la fiscal nombrada, Violeta Carolina Parra Reynada, actúe con seriedad y que cumpla su palabra de que su lealtad será a la ley y no al gobernador de quien ha sido empleada.

En cuanto a la designación de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado, como está establecido legalmente, éstos son designados por el Poder Legislativo, a propuesta de los coordinadores de las fracciones parlamentarias en el Congreso, que como se sabe son tres PRI, PRD y PAN, pues son los únicos partidos que tienen más de tres legisladores. Una vez más los diputados David Jiménez Rumbo y Max Tejeda Martínez, coordinadores de las bancadas del PRD y PAN, se exhibieron como lo que son desde que inició la Quincuagésima Séptima legislatura, el 15 de noviembre de 2002: incondicionales del coordinador priísta.

Jiménez Rumbo firmó un día antes, sin el conocimiento de ocho de sus 16 compañeros de partido, el dictamen por el cual se avalaba la propuesta priísta de ratificar a la magistrada Olimpia Azucena Godínez, al tiempo que se designaba como nuevos magistrados a Alma Delia Eugenio Alcaraz, Raúl Calvo Barrera y Julio César Hernández Martínez, todos ellos con trayectorias profesionales estrechamente vinculadas al gobierno del estado y al Partido Revolucionario Institucional.

Los coordinadores del PRD y del PAN, así como los diputados que les apoyaron en la designación de los nuevos magistrados, no terminan de entender que son representantes populares y no del gobernador del estado. Esta designación de magistrados era una buena oportunidad de ciudadanizar el TEE, haciendo una convocatoria amplia a los abogados guerrerenses sin relación con el gobierno y los partidos. En lugar de optar por esta propuesta, la mayoría de nuestros legisladores priizaron el tribunal electoral, recibiendo a cambio prebendas personales, como ya se demostró en los casos de los diputados Heriberto Noriega Cantú y Max Tejeda, traicionando así a los electores que les depositaron su confianza.

Al coordinador panista se le olvida que las resoluciones parciales de los magistrados afectaron a su partido como sucedió con la asignación de las diputaciones plurinominales del proceso electoral del 6 de octubre de 2002, cuando el Consejo Estatal Electoral le concedió a Acción Nacional dos posiciones y el Tribunal Estatal Electoral se lo redujo a una, tuvieron que inconformarse los panistas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que éste, en última instancia, le entregara al PAN en Guerrero cuatro diputaciones plurinominales que le                                         permitieron tener su fracción parlamentaria en la actual legislatura y que le ha servido a Tejeda Martínez para sus fines personales, que no para mejorar la presencia de su partido ante el electorado guerrerense.