Jaime Castrejón Diez

 Política y justicia

Los acontecimientos que llevaron a la acción judicial de la PGR contra el Jefe de Gobierno, son interpretados de dos maneras diferentes. Por un lado, quienes piensan que todo esto solamente es una maniobra política para frentar las posibilidades de una candidatura para Andrés Manuel López Obrador. Otros piensan que nadie puede estar arriba de la justicia y que las movilizaciones y la popularidad no son la respuesta adecuada para un proceso que es esencialmente jurídico.

Los dos razonamientos son difíciles de conciliar porque cada uno de ellos ve una sola parte del problema. La Suprema Corte de Justicia publicó un desplegado que puntualmente expresaba sus razones por las cuales, el juicio penal por desacato a un amparo estaba sustentado. Lo que sigue es naturalmente un debate de tipo político, las razones que haya habido para iniciar el juicio la ven de distinta forma las dos partes. Lo importante es analizar cada una de éstas y ver cuales son las posiciones extremas a que ha llegado la lucha política en estos momentos.

El Jefe de Gobierno sugiere que en lugar de seguir el proceso jurídico se haga una especie de plebiscito, que la gente vote sobre su posición y si debe ser retirado del cargo o no, haciendo caso omiso del proceso jurídico. Es decir, esto sería el confrontar popularidad contra legalidad, dicho en otras palabras, quien tenga presencia pública y apoyo popular no debe estar sujeto a la ley. Visto de esta manera sería establecer el populismo por sobre la ley que al decirse el Jefe de Gobierno como un gobernante juarista estaría abandonado su posición o malinterpretado el juarismo. Sin embargo, el populismo está establecido estamos viendo en Venezuela con la presidencia de Hugo Chávez que en última instancia es una semidictadura populista haciendo caso omiso de las condiciones de un Estado de Derecho.

El PRD quiere llevar el caso a sus últimas consecuencias, la carta que Leonel Godoy entregará a los Jefes de Estado o representantes que se reúnen en la Cumbre de Guadalajara es más de lo mismo, llevar al ámbito internacional el “chisme” para presionar al gobierno federal. Aún internacionalizado el problema, el dilema planteado es el mismo: o justicia o popularidad. Por más que lo adornen el problema es el mismo desde el principio.

Por otro lado se ve también un deseo de establecer el Estado de Derecho, pero queda la sospecha de que esta actitud es la de “hágase la voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre”. Difícilmente se pueden conciliar las dos posiciones, pero habría que ver las consecuencias de llevar a sus últimos extremos estas dos posiciones.

Llevado al extremo, el populismo nos llevaría a un asambleísmo interminable que finalmente dominaría un líder carismático, popular, que tuviera que establecer unas condiciones dictatoriales para romper el caos provocado por el mismo sentimiento populista; esto normalmente en la historia nos enseña que ha llegado primero a un férreo control y después a una dictadura claramente establecida.

El otro extremo, es el de manejar todo conforme a derecho y esta sería la forma más civilizada de actuar, siempre y cuando quienes ejercen el aparato de justicia pudieran también evitar la contaminación política. Esto llevaría a un estado de derecho que propiciara la convivencia con reglas claras que en última instancia apuntaría hacia un desarrollo social y político equilibrado.

Como no vivimos en un país perfecto, existe en el sentimiento popular de distintas clases sociales, la duda de que el Estado de Derecho se va a implantar haciendo caso omiso de las posiciones políticas y se estableciera, de aquí en adelante, una forma de vida protegida por las leyes y sus instituciones. Esto deja la duda, porque uno ve la gran corrupción en el sistema de justicia desde los policías, los ministerios públicos hasta muchos jueces que han hecho de la corrupción una forma de vida, nos hace pensar que un Estado de Derecho tendría que empezar por una profunda limpieza de los sistemas judiciales para erradicar la corrupción. Este también sería un caso ideal.

Lo que nos pasa, es que en estos momentos no existe el mundo ideal de un sistema de justicia sin corrupción, existe una amenaza de populismo desbordado y el pueblo de México está a la expectativa de una solución en que no prevalezcan los intereses políticos y que fuera el inicio de una corrección a fondo del sistema judicial mexicano.