Arturo Santamaría Gómez

Los posibles impactos políticos de Ayotzinapa

Ayotzinapa está soltando fluidos que corren por muchos lados y que empapan, y a veces anegan, planos de todo el mapa nacional. Sus efectos han hecho que diferentes temas y noticias cobren una mayor o más clara dimensión.
Por ejemplo, la Casa Blanca y la muy probable adquisición irregular de esa propiedad por parte de la pareja de Los Pinos quizá no hubiese provocado tanta indignación y rechazo si no fuese porque la noticia se da en el contexto de una intensa crítica y movilización contra un régimen descompuesto hasta la médula. E igualmente, si las reformas peñanietistas ya estuviesen brindando resultados positivos, la atención internacional que le han prestado medios muy influyentes de Estados Unidos y Europa a las numerosas dudas y preguntas que provoca la casa de 7 millones de dólares muy probablemente sería mucho menor. Sin embargo, una crisis de legitimidad, y cada vez más de gobernabilidad, en su cauce arrastra todo.
No sabemos hasta dónde pueda llegar la crisis que desató Iguala y hasta dónde está removiendo los cimientos del sistema político, pero, por lo pronto, al dejar por descubierto el sólido amasiato entre el crimen organizado y gran parte de la clase política, las dirigencias partidarias y los gobernantes de todos los niveles deberán de ser muy cautos, al menos en el futuro cercano, en la selección de sus candidatos a puestos de elección popular y en el nombramiento de sus funcionarios públicos.
En numerosos estados de la república, sobre todo durante las campañas electorales, suelen aflorar denuncias o revelaciones de candidatos que se sospecha tienen o han tenido vínculos con organizaciones delictivas; pero, por lo general, se acallan o se ignoran.
En el nuevo contexto o, por lo menos en la actual coyuntura, la cual se puede prolongar varios meses más, será mucho muy difícil e incluso irresponsable, que los partidos se arrojen al abismo postulando hombres y mujeres que se sospecha o abiertamente se sepa que son aliados, amigos o servidores de un cártel o de un capo.
Así pues, en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Sinaloa, por lo menos, donde se han señalado o descubierto vínculos con el hampa, podría profundizarse el descrédito de los partidos y el gobierno, en caso de ignorar la crítica nacional e internacional que denuncia la relación orgánica de la clase política con el crimen organizado.
Por lo pronto en el próximo proceso electoral federal de 2015, los candidatos deberán tener muy bien protegidas sus relaciones con la mafia o difícilmente serán postulados.
En Sinaloa los partidos han ignorado las denuncias y/o advertencias sobre antecedentes o relaciones de candidatos que han sido propuestos, no así el electorado, tal y como sucedió en las pasadas elecciones de donde sale triunfante Malova, cuando el ahora gobernador puso contra la pared a Jesús Vizcarra al preguntarle acerca de su compadrazgo con Ismael El Mayo Zambada. Sin embargo, sí han pasado de largo las revelaciones periodísticas de diputados y presidentes municipales cercanamente relacionadas con narcos de altos vuelos.
Muchos comentaristas y observadores locales, dicen, sotto voce, que al igual que en Iguala, en Sinaloa hay políticos al servicio del crimen organizado pero aquí los conflictos sociales han sido controlados, lo cual ha impedido estallidos como el de Guerrero.
Al margen de lo anterior, lo cierto es que en el caso de la carrera por la gubernatura de Sinaloa, para los partidos políticos va a ser muy difícil, sino es que imposible, proponer a candidatos sospechosos de cualquier vínculo con el narco.
Y aquí el indemnizado principal sería Jesús Vizcarra quien, a pesar de su gran presencia en el estado y su cercanía con el hombre de Atlacomulco, le recordarían la pregunta que le hizo Malova: ¿Es usted compadre o no de El Mayo Zambada?
Cuando todo parecía que Peña Nieto no tendría ningún temor en inclinarse por Vizcarrra para abanderar al PRI en 2016, bajo las circunstancias políticas que abrió el tsunami igualtense, tal opción es prácticamente imposible. Y no es que se tema a que el voto sea mayoritariamente contrario, porque los partidos opositores cohabitan con la miseria política y la ausencia de candidatos fuertes, sino que se temería la inevitable crítica nacional e internacional.
El habitante de la casa Blanca II no soportaría la presión del New York Times, Times, The Economist y El País cuando estaría clamando por millonarias inversiones extranjeras.
Así las cosas, los suspirantes tricolores ya se relamen los labios ante la posibilidad de ser ellos sobre los que se pose el dedazo presidencial. Sin embargo, podrían quedar fuera los más sonados, ya sea por ser muy veteranos o no tener suficiente capital político para cabalgar un estado tan complicado y con la enorme presencia del Cártel de Sinaloa, y ahí podría aparecer un caballo negro.
Ahora bien, como nadie puede pronosticar con certeza cuál va a ser el rumbo político de México después de Ayotzinapa, elucubraciones como esta no servirán para nada.