Levan al Congreso federal el caso de la magistrada en conflicto con ejidatarios

 El diputado federal del PT, Joel Padilla presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente. La medida para que los problemas agrarios de Acapulco se ubiquen en el debate nacional, dice el ex diputado federal petista, Félix Castellanos

 Karina Contreras

 El diputado federal del Partido del Trabajo (PT) por el estado de Colima, Joel Padilla Peña, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo donde se pide al Tribunal Superior Agrario (TSA) que investigue las quejas presentadas por ejidatarios de Acapulco contra la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, de quien los inconformes exigen su destitución “por favorecer con sus resoluciones a los empresarios y perjudicar a los ejidos”, por lo que piden que se apliquen las sanciones previstas en la ley.

Lo anterior lo informó el ex diputado federal petista, Félix Castellanos Hernández, quien dijo que la solicitud fue presentada el miércoles pasado por el legislador Padilla Peña, el cual explicó que la solicitud se originó “porque los tribunales son autónomos y no se les puede aplicar ninguna medida jurídica ni de presión”.

Señaló que exponer los problemas agrarios de Acapulco, “es importante porque se ponen en el debate nacional” y los magistrados del TSA se dan cuenta que el asunto preocupa ya a la Cámara de Diputados; además, se valora la iniciativa de modificación para que los TSA pasen al poder Judicial de la federación, como lo han venido exigiendo los guerrerenses.

Sobre el movimiento que mantienen los ejidatarios en Acapulco –que desde hace 14 días se han manifestado afuera del TUA– para exigir la destitución de la magistrada, Castellanos Hernández dijo que sostendrán una reunión en las próximas horas de este sábado “para acordar lo que sigue”, aunque las asambleas de cada ejido son autónomas.

Agregó que, en su opinión, para lograr la salida de López Díaz se requiere más que un plantón en Acapulco, por lo que se tienen que buscar cauces jurídicos.

En su exposición ante la comisión permanente, el legislador Joel Padilla Peña, señaló que en el país hay 10 mil asuntos agrarios pendientes que resolver, y los que han concluido han sido contra los ejidos y comunidades.

Ejemplificó que la magistrada López Díaz “tiene un franco afán de lesionar los intereses de los campesinos”, y que se ha empeñado en “torcer la imparcialidad de la justicia agraria”. También señaló el legislador que la magistrada tiene una dudosa “relación con los grupos de poder económico y político del estado,   así como tortuguismo en sus actividades”.

Por último, señaló que en lugar de resolver los problemas, la magistrada “lo único que hizo fue integrar averiguaciones previas” contra los dirigentes campesinos.