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Humberto Musacchio

Nuevo ombudsman; muchos pendientes

Luis Raúl González Pérez llega a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con plena legitimidad. No sólo porque fuera elegido casi por unanimidad, sino, sobre todo, por la dignidad y profesionalismo con que se ha conducido en los diversos cargos que ha desempeñado, siempre con honradez y eficacia.
Miembro distinguido del equipo de Jorge Carpizo, González Pérez llega por cuarta vez a la CNDH, pues ya se ocupó ahí de tareas administrativas y en dos ocasiones se desempeñó como primer visitador, gestión que interrumpió cuando fue nombrado fiscal especial del caso Colosio, el que agotó en todas sus líneas sin hallar alguna prueba que lo apartara de la tesis del asesino solitario.
Se dirá que actuó sobre pedido, pero alguna vez me dijo que él, como muchos mexicanos, consideraba ilógico que un solo hombre hubiera sido capaz de burlar todas las medidas de seguridad para de esa manera acercarse a Luis Donaldo Colosio y descargarle el mortal pistoletazo. Precisamente por eso, agregó, se había empeñado en seguir cada una de las pistas y poner a prueba todas las hipótesis sin hallar algo que cambiara la versión inicial. Pero el flamante ombudsman fue también el primer visitador de la CNDH al que le tocó investigar el caso Aguas Blancas y estableció la responsabilidad de la fuerza pública de Guerrero. También le correspondió investigar la agresión del Góber Precioso a Lydia Cacho, lo que hizo exitosamente.
El rector José Narro lo nombró abogado general de la UNAM y en ese cargo fue atacado por Raúl Plascencia, entonces presidente de la CNDH, quien lo acusó de no ir al fondo en un caso de violación, a lo que González Pérez respondió que su oficina había prestado todo el apoyo jurídico a la víctima para presentar cargos, que un representante de la Universidad acompañó a la joven en todas las diligencias y que el asunto, como correspondía, estaba en manos de la autoridad judicial.
Ahora González Pérez sucede a Plascencia, quien durante su gestión se hizo propietario de una casa que no hubiera podido pagar con su sueldo de la CNDH y que obliga a revisar las cuentas de la anterior administración. Pero hay tareas mayores y más urgentes, entre otras, no soltar el caso de los muchachos de Ayotzinapa, en el que las dudas superan por mucho las certezas.
En la violenta cruzada de Felipe Calderón hubo más de 100 mil muertos y se ignora el nombre de muchos de ellos. Tal vez la CNDH tenga que intervenir para saber siquiera quiénes son los muertos. Como resultado de la misma orgía de sangre, se estima que hay entre 20 mil y 27 desaparecidos en torno a los cuales ni siquiera se investiga, como se demostró con el descubrimiento de varias fosas en el estado de Guerrero.
Si el caso está en su jurisdicción, el nuevo ombudsman tendrá que investigar la entrada de agentes de la PGJDF a la UNAM, porque no es creíble que fueran por la denuncia del robo de un celular, cuando el auditorio Che Guevara lleva muchos años ocupado por prostitutas y vendedores de drogas sin que a la fecha se haya intentado siquiera investigar el caso. No investigan ese despojo del patrimonio universitario, pero sí se meten a la Ciudad Universitaria supuestamente por el robo de un celular, y lo hacen pese a que la sede de cualquier universidad, pública o privada, es para todos los efectos un domicilio particular, y la fuerza pública, si no hay flagrancia, necesita orden de juez para allanar un domicilio.
En fin, que trabajo no le faltará al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojalá que tampoco lo abandone la suerte.

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